En 1946, 40 años antes de que muriera, Daniel Cosío Villegas había adelantado que la derecha no sabía gobernar y que si llegaba al gobierno se derrumbaría. Cuando Carlos Salinas se hizo del poder gracias a un ejecutivo pusilánime y a una izquierda obtusa y de corto alcance, casi de inmediato empezó el desmantelamiento de los vestigios del régimen revolucionario. Al tiempo que se desmantelaba lo poco que restaba de un Estado benefactor autoritario, el ogro filantrópico que definió Octavio Paz, se hacían los amarres, los acuerdos privados, para establecer una hegemonía oligárquica.
A partir de ahí los gobiernos apenas han sido administradores de los intereses de las elites expropiadoras sobre la base de 10 puntos definidos en 1989, el Consenso de Washington: disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma impositiva, liberalización de los tipos de interés, un tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio internacional, liberalización de las inversiones extranjeras directas, privatización, desregulación, derechos de propiedad.
Embozados en avances democráticos formales, se firmó el TLCAN a lo que siguió la reforma al artículo 27 constitucional, la desnacionalización del sistema de pagos nacional al vender la casi totalidad de los bancos mexicanos a la banca extranjera. Todo habría de rematar con un disruptivo reconocimiento del Vaticano como Estado. Desde entonces, las agresiones y manipulaciones contra la laicidad del Estado son constantes.
De los tres gobiernos habidos después de toda esta reasignación de las riquezas nacionales a elites oligarcas, sólo de los de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox puede decirse que fueron administradores de los intereses dominantes. El de Felipe Calderón Hinojosa ha significado la casi desaparición del Estado.
Las pérdidas de control territorial de zonas y ciudades, los más de 30 millares de muertes asociadas o derivadas de la violencia criminal, las escenas dantescas pronto se hicieron parte de la cotidianidad de los tiempos de Calderón. Lo sucedido en las últimas dos semanas, menos de 15 días, es prueba de lo que hace tiempo era previsible, la crisis de la desaparición, o el achicamiento si se prefiere, del Estado. Veamos.
El jueves 9 de diciembre el estado de Michoacán estuvo por más de 12 horas sumergido en el azoro y la zozobra. Morelia y Pátzcuaro fueron sede de operaciones de pistoleros. Intercambio de fuego con fuerzas federales en puntos diversos del área urbana, bloqueo en arterias y carreteras y ataques a puntos sensibles. Los ataques se extendieron por 14 municipios. Alejandro Poiré trató de minimizar, dijo que los capos “sólo” intentaban proteger su huida por el operativo contra La Familia. Brillante. Días antes había trascendido la noticia de que uno de los principales líderes de la organización, La Tuta, cobraba como maestro en la SEP. Ese mismo día un comando fusiló en plena carretera, frente a automovilistas, a seis personas en Chihuahua. En el transcurso de la jornada asesinaron a nueve personas más en ese estado.
El viernes Michoacán estaba en estado de sitio, en 16 municipios el temor era generalizado. El día anterior los federales mataron a El Chayo, pero para hacerlo la violencia se esparció por 11 municipios. Luego hubo una marcha que exigía que la SSP saliera del estado, varias personas llevaban cartulinas con leyendas de apoyo a La Familia.
Para el sábado continuaban los enfrentamientos en Michoacán, al parecer porque se intentaba rescatar el cuerpo de El Chayo, Nazario Moreno González.
Con todo y la violencia en 11 municipios michoacanos, el domingo 12 la Policía Federal sostuvo que era un plan “quirúrgico” para localizar a líderes de La Familia. El cerco puesto desde el miércoles en los poblados El Alcalde, Guanajuatillo y Holanda seguía en operación. Trascendió que la ofensiva fue sólo de la PF y que Ejército y Marina no fueron enterados. Ese mismo domingo se organizaron marchas en Apatzingán y en Morelia; entre los reclamos al Presidente en pancartas, marchaban otras de franco apoyo a La Familia.
Para el jueves 16 La Familia advirtió que o se acuerda un pacto o habrá guerra. La advertencia es para el gobierno federal, pero éste se deslindó acusando a gobierno de Godoy de débil. También aseguraron que el cerco sobre la organización criminal michoacana se cerraba.
Ese mismo jueves fue asesinada justo frente a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua Marisela Escobedo. Hacía una semana que se manifestaba pacíficamente; exigía la actuación de las autoridades para recapturar al asesino de su hija Rubí, al que habían dejado libre. Ella corrió para refugiarse en el palacio de gobierno y a pocos pasos de sus puertas, el hombre que la perseguía le disparó a la cabeza.
El viernes 17 de diciembre escaparon 151 reos por delitos federales del penal estatal de Nuevo Laredo. En el año se han fugado 268 reos en Tamaulipas. El gobierno federal, indignado, vía la Secretaría de Gobernación, le exigió al gobierno estatal la recaptura de “sus” reos. “Es deplorable la ausencia de medidas efectivas de control y resguardo por parte de las autoridades locales, misma que ha generado fugas frecuentes de esos centros penitenciarios, que ponen en riesgo la seguridad de las comunidades.” Ayer, el presidente Calderón expresó su indignación de forma harto significativa y particularmente ofensiva pero que descubre la naturaleza de su perfil psicológico: “Llevan más de 300 que han dejado ir a la calle. Bueno, así ¿cuándo vamos a acabar? Yo los agarro y ellos los sueltan”. Habría que preguntar al gobierno federal, dada la tan puntual diferencia de delitos y fueros, por qué no se hace cargo de sus propios reos.
Con fanático convencimiento, mínima capacidad de evaluación y nula autocrítica ese mismo viernes la Secretaría de Gobernación asentó que no darán tregua ni abandonarán la entidad hasta erradicar al cártel de La Familia Michoacana. Luego del desastre el secretario Francisco Blake anunció la enésima “nueva etapa” en la relación estatal-federal. Ya sea en la total ignorancia o en la omisión grosera, Blake dijo que el combate a la delincuencia implica no dejar que México, Michoacán o algún municipio o comunidad, queden a la deriva, sin leyes e instituciones fuertes y bajo la amenaza de los criminales. Michoacán, Ciudad Juárez, Monterrey, decenas de municipios si no es que cientos, carreteras y zonas enteras de Durango, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa están bajo el control de empresas criminales y con el Estado o retraído o de plano ausente. Ese mismo jueves, La Jornada reportó el estallido de un coche bomba en Nuevo León. En Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, otro enfrentamiento entre agentes de la policía local y pistoleros que abrieron fuego contra comercios. En Nayarit, ocho asesinatos, tanto en las calles como en domicilios. En Baja California un militar estadounidense de 21 años fue asesinado por los ocupantes de una camioneta en un camino de Mexicali.
Grupos del crimen organizado ultimaron a otras 26 personas en Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Morelos y el estado de México, donde una mujer fue decapitada en el municipio de La Paz.
El domingo estalló un ducto de Pemex en San Martín Texmelucan. El gobierno se apresuró a decir que fue la consecuencia de la toma clandestina de ordeña de las cuales hay cientos por todo el país. Dadas las circunstancias sería verosímil, pero el senador Francisco Labastida hizo notar el apresuramiento del gobierno en culpabilizar a otros antes de una investigación. Hay reportes de que en el río Atoyac llegó petróleo crudo, lo que hace del todo improbable la ordeña del ducto. Desde hace años Labastida ha denunciado el abandono del mantenimiento por parte de los gobiernos del PAN y Pemex.
El lunes, luego de siete meses de haber sido secuestrado, Diego Fernández de Cevallos fue liberado. Apareció fuerte, políticamente lúcido. Acicalado como si viniera de cualquier encuentro casual e hizo de su liberación un evento político y mediático. El montaje abre demasiadas suspicacias sobre los tiempos de la “liberación” e incluso sobre el secuestro. Es algo que apenas empezará a procesarse. Pero no hay que olvidar que el gobierno se retiró de las investigaciones a petición de la familia Fernández de Cevallos. El presidente Calderón se compromete a la persecución, lo cual pone a cualquiera que resulte detenido por sospechoso en condiciones de extrema indefensión. Demasiados cabos sueltos.
En poco menos de 15 días hemos sido testigos de una intensa y dramática cadena de acontecimientos atravesados todos por un común denominador. La ausencia del Estado.
64 años después, la profética frase de Cosío Villegas es intensamente vigente. La derecha, el PAN, no sabe gobernar.
Lo aterrador es que en 10 años ese “no saber gobernar” ha hecho un remedo del Estado mexicano un Estado fallido.
*Es Cosa Pública
leopoldogavito@gmail.com
Fuente: La Jornada de Veracruz
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