SERGIO FERRER Y
CITLAL GILES SÁNCHEZ (Corresponsal y reportera)
Ayutla, 25 de febrero. Durante el acto que conmemoró dos años de la desaparición forzada y ejecución de los luchadores sociales Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, diversas organizaciones de derechos humanos y organismos civiles se pronunciaron contra la impunidad que prevalece en el estado y reclamaron los nulos avances de la Procuraduría General de la República (PGR) en las investigaciones para determinar y castigar a los culpables de estos asesinatos.
Por la mañana, decenas de indígenas na savi de la comunidad La Cortina, municipio de Ayutla, se concentraron en un salón para dar inicio al acto denominado Por la Justicia y contra la criminalización de los defensores de derechos humanos, convocado por la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), organizaciones a las que pertenecían Raúl y Manuel, además del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Margarita Martín de las Nieves, viuda de Manuel, y Guadalupe Castro Morales, de Raúl, asistieron a la conmemoración.
La historia de violencia y militarización en Ayutla tiene un punto trágico en los años noventa cuando en 1998 se registró la matanza de El Charco, donde soldados del Ejército asesinaron a 11 indígenas mixtecos.
Las vejaciones del estado han continuado a través de los años; 30 casos documentados de esterilizaciones forzadas, la violación y tortura en 2002 por militares a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, procesos penales infundados contra indígenas de la OPIM, el asesinato de Lorenzo Fernández, hermano de Inés y miembro de la OPIM; el año pasado, Álvaro Ramírez de esta misma organización sufrió un atentado armado, y otros integrantes recibieron nuevas amenazas cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) condenó a México por el caso de Inés y Valentina.
Raúl, cuya lengua materna era el tun savi, y Manuel, un rezandero hijo de la lluvia, constituyeron ante los constantes agravios cometidos contra indígenas, la OPIM y la OFPM, que buscan sofocar también la fuerte militarización prevaleciente en la región.
Ante esto, el 13 de febrero de 2009, cerca de la 1 de la tarde, durante un acto de inauguración en una escuela secundaria al que fueron invitados por la esposa de Raúl, y que contó con presencia de varios regidores, posterior a retirarse apresuradamente policías del municipio que resguardaban el desarrollo del evento, un grupo de hombres con armas largas sacaron a Raúl y Manuel, subiéndolos a un automóvil.
Reprocharon la lentitud con la que actuaron dependencias estatales encargadas de la investigación de estos sucesos. Siete días después fueron encontrados los cuerpos de los defensores de derechos humanos sin vida y con visibles huellas de tortura.
También Tlachinollan cerró sus oficinas en Ayutla después de lo ocurrido; por su parte, la Coidh otorgó medidas provisionales para 107 defensores de derechos humanos que trabajan en La Montaña.
Al acto de hoy en la mañana acudieron representantes de diversas organizaciones como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), el comité de la Radio Ñomndaa, la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos, el Colectivo contra la tortura y la impunidad, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la escuela normal rural de Ayotzinapa y los cinco pueblos de Tecoanapa.
Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, recordó que las organizaciones presentes acudían a honrar la memoria y compromiso de Raúl y Manuel: “defensoras y defensoras lloramos su muerte con gran coraje, indignación y organización no olvidaremos su memoria”.
En un pronunciamiento conjunto firmado por organizaciones de diversas partes del país y Guerrero, se denuncia la criminalización de la lucha social.
Se demandó a las autoridades estatales y federales cese el hostigamiento a defensores de derechos humanos, así como procurar una investigación efectiva para esclarecer los asesinatos de Raúl, Manuel y Lorenzo. “No más abusos y violaciones por parte de las fuerzas castrenses no a la Parota”, reclamó Barrera Hernández durante la lectura del pronunciamiento.
Las organizaciones asistentes concertarán en los próximos días una reunión para plantear los problemas que aquejan a los pueblos, así como su postura respecto a la próxima resolución del tribunal respecto a la presa La Parota y al gobierno entrante.
Las organizaciones también exigieron al presidente Felipe Calderón que se dé un trato igual a las investigaciones del doble asesinato de los dirigentes mixtecos, como el que se dio con el agente de Estados Unidos, asesinado en días pasados y del cual ya se dio con uno de los responsables.
En el homenaje las organizaciones e indígenas portaban mantas y pancartas exigiendo justicia, y en las que se leía “alza tu voz para pedir justicia y castigo”; “¡Como héroes murieron…como héroes los recordaremos. ¡Alto a la impunidad!”.
De igual forma, se criticó que en México los atentados contra defensores y defensoras de derechos humanos son tolerados por el Estado, y que la impunidad ha perpetuado las condiciones de riesgo para las y los activistas guerrerenses.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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