MÓNICA CAMACHO
Los diputados de PAN, PRD, Panal y algunos PRI desatendieron las demandas realizadas por un grupo de periodistas de posponer la aprobación de la reforma a los delitos de prensa que propone el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, por lo que se espera que la aprueben este día con correcciones mínimas que según especialistas no garantizan el ejercicio de la libertad de expresión en el estado.
Los comunicadores buscaban tiempo para someter la iniciativa a una consulta pública con el fin de impulsar una contrarreforma, definir de manera más clara los alcances del delito de daño moral por el que serían perseguidos los medios de comunicación y establecer topes a las sanciones económicas.
La negativa de los legisladores a posponer la aprobación del proyecto provocó la indignación de periodistas y reporteros durante un encuentro que sostuvieron con ellos ayer para conocer su opinión sobre la propuesta, la cual promueve la desaparición de los delitos de difamación y calumnia para que sean perseguidos por la vía civil, en vez de la penal, bajo la figura de daño moral.
En el cónclave, sólo los diputados Enrique Doger Guerrero, del PRI; José Juan Espinosa Torres, de Convergencia, y Zeferino Martínez Rodríguez, del PT, respaldaron la petición de los informadores.
En la tarde los integrantes de las bancadas del PRI y del PAN se reunieron por separado a puerta cerrada para definir la postura que asumirán en la sesión del pleno de este día en la que se someterá la propuesta a consideración de los legisladores. Trascendió que ambas fracciones acordaron respaldar la iniciativa.
Al cierre de la edición, los legisladores de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional se mantenían herméticos sobre las modificaciones que se impulsarían al proyecto.
Sin embargo, versiones extraoficiales indicaron que el concepto de daño moral no sufriría correcciones de fondo y que se incorporaría al dictamen un artículo transitorio que obligaría al Congreso a elaborar en un término de 90 días una ley complementaria a la reforma para regular la vida privada, el honor y la imagen.
Oídos sordos
La reunión entre los diputados y los informadores se llevó a cabo en el salón Miguel Hidalgo del palacio legislativo a propuesta de Enrique Doger, quien convocó el diálogo a través de la red social Twitter.
Pocos minutos antes de la 1 de la tarde comenzaron a arribar los periodistas de manera espontánea, quienes sostuvieron una reunión previa en la que intercambiaron puntos de vista.
Al encuentro se sumaron los líderes de las cinco fracciones legislativas: PRI, Convergencia, PVEM, PT y PAN, esta última conformada por representantes populares del albiazul, sol azteca y Nueva Alianza.
Algunos integrantes de los medios de comunicación que asistieron al encuentro criticaron la ausencia del presidente de la Gran Comisión, el panalista Guillermo Aréchiga Santamaría. En ese grupo se encontró el director de Intolerancia Diario, Enrique Núñez, quien reprobó que el legislador se rehusara a salir de su oficina para participar en el cónclave, cuando ha abordado el tema de forma asidua en las redes sociales.
En la discusión, la mayoría de periodistas y reporteros coincidieron en que la iniciativa de Moreno Valle que reforma los códigos Civil y de Defensa Social del estado no define claramente el concepto de daño moral, lo que podría ser utilizado por las autoridades para demandar por la vía civil a los medios, aunque la información refutada sea verídica y se encuentre justificada.
En ese sentido, el director Editorial de Diario Cambio, Arturo Rueda, expresó que es necesario definir con claridad los alcances del daño moral, así como establecer sanciones mínimas y máximas en la reforma, para que el monto de la indemnización no quede a criterio del juzgador.
Mencionó que la sanción económica mínima por daño moral que se maneja actualmente en el estado es de 62 mil pesos, cuando en el Distrito Federal asciende a 22 mil pesos y en el resto de las entidades federativas no se establecen límites.
En tanto, el jefe de información de La Jornada de Oriente, Fermín Alejandro García, propuso emprender una consulta pública para impulsar, con especialistas, una iniciativa de reforma alterna que podría ser discutida en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso.
Asimismo, alertó que no existen garantías de que los jueces civiles actúen de manera justa en la definición de las indemnizaciones que se impondrían a los medios de comunicación.
El punto más ríspido del encuentro aconteció en el momento en que el coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional Mario Riestra Piña, reconoció que, pese a la demanda de los medios, la propuesta sería sometida a votación del Congreso este día.
La declaración incitó la inconformidad de los periodistas, quienes protestaron desde sus asientos, la falta de voluntad política de los legisladores. En respuesta, Riestra arguyó que el proyecto no podría regresarse a estudio porque el trámite legislativo exige su presentación al pleno.
En ese ambiente de malestar, confrontación e indefinición, Enrique Doger dio por concluido el encuentro con la demanda a los poderes Ejecutivo y Legislativo de que, a partir de ahora, todas las iniciativas que afecten a la población se sometan a consulta pública antes de aprobarse.
Fuente: La Jornada de Oriente
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