FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA
De sobra es conocido que el empresario Ricardo Henaine Mezher no cumplió con las condiciones que se le establecieron –hace dos sexenios– para que recibiera 18 hectáreas de la reserva territorial bajo la figura de donación onerosa y por lo cual es factible y legal quitarle el predio donde se asienta Valle Fantástico; pero el asunto no termina ahí, el gobierno del estado cuenta con un as bajo la manga mediante el cual podría en el mediano plazo proceder administrativamente y penalmente contra cinco altos servidores públicos de la pasada administración que al parecer de manera indebida en 2006 liberaron a Henaine de “las cargas” que debía cumplir.
Esa prueba se asienta en un documento suscrito el 16 de noviembre de 2006 por el notario público 55, Humberto José Barbosa López, y que quedó asentado en la partida 222, foja 57, libro 1, tomo 217 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San Pedro Cholula, en el cual se establece que “la liberación de cargas por cumplimiento respecto a la UDU SA–18”, es decir, los requerimientos que debía cumplir Henaine para recibir las 18 hectáreas en cuestión, como era reforestar la mayor parte del predio y que se estima tendría que haber sido una inversión de varios millones de dólares.
Esa reforestación implicaba la construcción del llamado Parque Metropolitano, el cual nunca se inició pese a que hace un par de años Henaine llamó a la prensa y frente a Valle Fantástico supuestamente sembró el primer arbolito de un programa de reforestación que al final nunca avanzó.
Para que se pudiera liberar a Henaine de esas “cargas” primero se tenía que turnar la solicitud a la Secretaría de Desarrollo Social federal para que esta dependencia iniciara un largo y tortuoso procedimiento de modificación del decreto de creación de la reserva territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl, lo cual nunca ocurrió.
En el gobierno del estado se decidió zanjar el asunto con un simple instrumento notarial, lo cual sería una acción ilegal, ya que ni el Poder Ejecutivo ni un notario tenían facultad de proceder unilateralmente –para modificar la reserva y liberar de las “cargas” a Henaine Mezher– sin la intervención del gobierno federal.
El instrumento notarial mediante el cual se liberó a Henaine de las cargas fue suscrito, entre otros funcionarios del sexenio pasado, por Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien era el titular de la Sedecap y tendría que haber cuidado la legalidad de ese acto, así como Gerardo María Pérez Salazar, el entonces secretario de Finanzas, además de funcionarios de Gobernación y Obras Públicas.
Una fuente confiable, cercana al primer círculo del actual Poder Ejecutivo, estableció que con dicho documento el gobierno del estado podría proceder administrativamente y penalmente contra quienes permitieron la liberación de las cargas a Henaine, y que el principal implicado podría ser el ex gobernador Mario Marín Torres, además de los otros cuatro funcionarios que plasmaron su firma en la notaría número 55.
Mucho se ha especulado que existe un acuerdo entre el gobierno anterior y el actual para que no se proceda contra las principales cabezas de la administración de Mario Marín Torres por las revisiones que se están haciendo al manejo de las dependencias del Poder Ejecutivo, y que al final sólo habrá procesos legales contra algunos “chivos expiatorios”, y uno de ellos es Ricardo Henaine Mezher y algunos ex funcionarios menores.
Pero en caso de que ese acuerdo no se cumpla o sea una mentira también se ha empezado a especular que el asunto de la liberación de “las cargas” que Henaine debía cumplir por la donación onerosa del predio de Valle Fantástico podría ser la vía para proceder contra altos funcionarios de la administración marinista y contra el ex gobernador.
Aunque también se sabe que los marinistas se han estado preparando para responder y defender la legalidad de sus actos, que incluye la contratación de un prestigioso despacho de abogados de Nueva York y que ha ganado en México varios litigios a favor de altas figuras del poder político.
Fuente: La Jornada de Oriente
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