Por: Zósimo Camacho
El plan de intervención militar de Estados Unidos en México. Durante la más reciente visita de Hillary Clinton a este país, la delegación estadunidense impuso al gobierno de Calderón más elementos de sus agencias de inteligencia y del Pentágono en territorio nacional; además, una “fuerza de tarea” de efectivos estadunidenses que “ayudará” en las zonas más conflictivas, revelan generales y coroneles en activo del ejército mexicano.
Uno de los militares, quien ocupa un alto cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional, asegura que México vive ya una “ocupación” llevada a cabo por los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Lo que sigue es la intervención militar disfrazada de operativos binacionales
Coches bomba en ciudades mexicanas y declaraciones e “informes” en los que se afirma que el narcotráfico atenta contra la seguridad de todo el continente precedieron la más reciente visita de Hillary Clinton a México.
Vino a imponerle al gobierno de Felipe Calderón más agentes de inteligencia y una “fuerza de tarea” compuesta por efectivos estadunidenses, a decir de un grupo de generales y coroneles en activo del Ejército Mexicano, quienes solicitan “por el momento” que sus nombres no sean revelados por temor a represalias al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Luego de la visita, las declaraciones de funcionarios estadunidenses acerca de la “peligrosidad” del narcotráfico se multiplicaron y se advirtió que tropas de Estados Unidos podrían cruzar la frontera. El punto más álgido de las demandas ocurrió después del ataque a dos elementos de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en San Luis Potosí. Uno murió.
Un general de división en activo, que actualmente ocupa un alto cargo en la Sedena, señala que muchos de los actos violentos en territorio nacional son inducidos para que la sociedad mexicana acepte la intervención. La propia Sección Segunda del Ejército, encargada de inteligencia militar, habría encontrado indicios de que la CIA realiza actividades de desestabilización en el país.
Las presiones de la delegación que visitó México el 24 de enero pasado -y que estuvo encabezada por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton- fueron tan intensas que obligaron a Felipe Calderón a abrir un espacio en su agenda. Los funcionarios estadunidenses sólo se reunirían con la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa; pero el mismo día de la visita se anunció que Clinton y su comitiva también serían recibidas en Los Pinos.
“México no puede”, el pretexto
Clinton fue precedida por una serie de declaraciones de funcionarios estadunidenses en las que cuestionaban la solvencia de las instituciones mexicanas para enfrentar la “amenaza” del narcotráfico. El 12 de enero, el presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante Michael G Mullen, había externado su “enorme preocupación” por la capacidad de violencia de los cárteles mexicanos de la droga. En conferencia con la prensa extranjera acreditada en Washington, había dicho que “la severidad del problema” del narcotráfico se mide, “de manera trágica y triste”, por las miles de vidas que se han perdido (en México) en años recientes”, y que suman más de 35 mil.
El principal asesor del presidente de Estados Unidos en materia de seguridad nacional entonces destacó que el gobierno de Barack Obama está interesado en seguir ayudando a la administración de Felipe Calderón. “Queremos hacer todo lo que podamos, reconociendo, tristemente, que esto va a tomar tiempo”.
Incluso, Mullen habló de lo que hasta ahora ha sido la participación de Estados Unidos en la “guerra” contra el narcotráfico: “Por el lado militar, nosotros hemos estado involucrados principalmente en entrenar y dar apoyo. Hay aspectos de esta guerra contra las drogas que son muy similares al tipo de cosas que hemos visto en guerras en las que hemos estado involucrados”.
Una semana después, el 21 de enero, el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró, sin ambages, que los cárteles del narcotráfico de México son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En conferencia de prensa, señaló: “No creo que el tema sea si la estabilidad de nuestra sociedad está en riesgo, pero ciertamente es una amenaza a la seguridad nacional”.
Además, describió a las bandas del narcotráfico como fuerzas que pueden desafiar a los Estados: “Estas organizaciones criminales internacionales poseen bienes, armas y personas que pueden ser un reto para cualquier fuerza de seguridad”.
A tres días de la llegada de Clinton a México, el Departamento de Estado mandó un mensaje claro: en la “guerra” que se libra en territorio mexicano, podrán participar otras naciones: “El nivel de violencia que han traído a México y otros sitios (los cárteles de la droga) es un reto que no es exclusivo para México y Estados Unidos. Ciertamente, debe ser parte de un diálogo de seguridad nacional”.
La pinza se cerró un día después: un coche bomba estalló en Tula, Hidalgo. En el lugar, murió el comandante del Grupo Tula de la Coordinación de Investigación de Hidalgo, Víctor Manuel Peña Pérez; quedaron destrozados completamente el carro que contenía el explosivo y un Jetta blanco en el que viajaban los policías. El clima previo a la llegada de Hillary Clinton parecía corroborar las declaraciones de los funcionarios estadunidenses.
La visita
Durante su visita, Clinton aseveró públicamente que México no tiene otra alternativa que seguir con la estrategia de Calderón. Lanzó elogios al “liderazgo” del presidente mexicano y dijo que las Fuerzas Armadas de este país han avanzado en el respeto a los derechos humanos.
Pero no dijo a lo que realmente vino, explican los militares y coroneles que buscaron a Contralínea desde mediados del año pasado para externar el malestar que existe entre un sector del Ejército Mexicano por lo que consideran una sumisión total del gobierno de Felipe Calderón a los intereses de Estados Unidos.
“Clinton vino a imponer más agentes de sus agencias que ya están funcionando en México”, es decir, la ICE, la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y el Pentágono. “Pero también vino a imponer una ‘fuerza de tarea’ compuesta por efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que van a realizar operativos en territorio mexicano”.
A decir del grupo de militares, la “fuerza de tarea” estadunidense trabajaría de manera “conjunta” con las Fuerzas Armadas mexicanas y se desplazarían, como primer objetivo, por las ciudades fronterizas. Luego del “éxito” que obtendrían, se utilizarían en las “zonas más conflictivas” de México.
Estela de declaraciones... y violencia
Dejó Clinton el país, pero el discurso de que México sucumbirá al narcotráfico si no es “ayudado” por Estados Unidos se intensificó. El 27 de enero, el Congreso estadunidense publicó un informe en el que señala que su vecino del Sur se encuentra inmerso en una “crisis de seguridad sin precedentes”, que es posible que sea vencido por lo que llamó “terrorismo doméstico” y que el crimen organizado le disputa a las autoridades el monopolio del uso de la fuerza y de la ley. El informe, elaborado por el Congressional Research Service, también criticó la corrupción generalizada en las instituciones mexicanas.
Pero el 8 de febrero un funcionario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijo abiertamente que tropas de ese país podrían cruzar la frontera con México. Joseph Westphal, subsecretario del Ejército estadunidense, advirtió sobre la posibilidad de que soldados estadunidenses fueran a combatir la “insurgencia” de los cárteles de la droga “sobre nuestra frontera o de tener que enviarlos a cruzar esa frontera”.
Horas más tarde, el funcionario trató de corregir sus declaraciones. Pero el mensaje se había dado. El servidor público estadunidense había dicho también que el narcotráfico podría instalarse en el poder en México si Estados Unidos no hacía algo para impedirlo.
Las presiones sobre México continuaron. Un día después, Janet Napolitano vinculó a Los Zetas con la organización terrorista Al Qaeda. La secretaria del Interior del gobierno de Barack Obama declaró, en una audiencia del Congreso estadunidense, que el grupo que encabeza Osama bin Laden podría usar las redes de los narcotraficantes mexicanos para atacar Estados Unidos. Luego dijo que no hablaría más del tema en una audiencia abierta y que podría hacerlo sólo en sesiones a puerta cerrada.
El 10 de febrero, fue el turno del jefe de la Inteligencia de Estados Unidos, James Clapper. Señaló que la violencia que se produce en México atenta de tal manera contra la seguridad de Estados Unidos que “recientemente hemos elevado todo este tema a la categoría uno, la cual es la más alta”.
Clapper dio al traste con los argumentos de quienes veían imposible una intervención militar en México porque Estados Unidos tenía “otras prioridades”.
Clapper definitivamente descartó que las fuerzas mexicanas puedan controlar el problema del narcotráfico. “Las capacidades militares y policiales [de México] en conjunto permanecen inadecuadas para romper las organizaciones traficantes y contener la violencia criminal”, dijo.
Las presiones públicas y privadas que el gobierno de Estados Unidos ejerce sobre el gobierno de Calderón se han agudizado con el ataque del 15 de febrero a dos “agentes especiales” de la ICE en San Luis Potosí. El policía Jaime Zapata murió. Su compañero Víctor Ávila fue gravemente herido.
La posición oficial de Estados Unidos ante el hecho no se hizo esperar. Janet Napolitano advirtió: “Que no quede duda, cualquier acto de violencia contra el personal de la ICE o de cualquier miembro del Departamento de Seguridad Interna es un ataque contra todos aquéllos que sirven a nuestra nación y ponen en riesgo su vida por nuestra seguridad. La totalidad de los recursos de nuestro departamento está a disposición de nuestros socios mexicanos en esta investigación. Nos mantenemos comprometidos a dar el más amplio apoyo a los esfuerzos de México por combatir la violencia dentro de sus fronteras”.
Un día después, agentes de la FBI ya estaban en San Luis Potosí investigando los hechos. De acuerdo con una nota de María Guadalupe González, publicada en el diario La Jornada el 17 de febrero pasado, a la entidad llegaron funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República, “así como un grupo de tarea comandado por la FBI”.
Incluso, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió que su gobierno atraparía a los culpables. El día 16 se comunicó con la familia del agente asesinado para expresarle sus condolencias; pero también les garantizó que su gobierno llevará ante la justicia a los responsables, de acuerdo con Nick Shapiro, vocero de la Casa Blanca.
Los militares reafirman lo declarado a Contralínea el año pasado, publicado en la edición 209 del 21 de noviembre de 2010: existe un plan injerencista llevado a cabo por Estados Unidos y al que se ha sometido el gobierno de Felipe Calderón. Gran parte de la violencia es provocada para que las instituciones castrenses y la sociedad mexicana acepten no sólo que agentes estadunidenses trabajen en México, sino que, incluso, efectivos militares ingresen a “combatir” a los cárteles de la droga.
El grupo de militares y coroneles, entre los que se encuentran algunos adscritos a la Sección Segunda del Ejército (inteligencia), señala que punto por punto se ha cumplido ese plan ante la pasividad de las autoridades mexicanas. Señala que la violencia inducida puede incrementarse para que el país esté en la situación de aceptar la “ayuda” venga de donde venga.
En http://contralinea.info
No hay comentarios:
Publicar un comentario