• Las instituciones del rubro sólo atienden a 33 por ciento de la población ocupada, advirtió Berenice Ramírez López, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
En México, 26 millones de trabajadores no tienen acceso a seguridad social. El problema es la caída en la cobertura de las instituciones dedicadas a este rubro, que actualmente atienden sólo al 33 por ciento de la población ocupada. “Lo que está en crisis es la seguridad social contributiva”, advirtió la especialista del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, Berenice Ramírez López.
Las causas principales, explicó, son la falta de plazas y el número creciente de empleos sin prestaciones como atención médica, pensiones en distintas áreas, apoyos monetarios por riesgos ocupacionales, vivienda y guardería. “Si ahora tenemos un déficit y una caída en la cobertura, en 40 años los mayores de 65 años, que representarán 22 por ciento de la población total, no tendrán acceso a estos recursos”.
La especialista refirió que, actualmente, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) maneja más de 40 millones de cuentas, mientras que los trabajadores formales del IMSS no superan los 13.5 millones. “Si este contexto se mantiene, para 2022, año en que iniciarán las primeras pensiones por capitalización individual, sólo el 40 por ciento de los que actualmente aportan tendrán derecho a una”.
Reformas al sistema de pensiones para el retiro
La pensión para el retiro, recordó, depende del nivel salarial. Si actualmente 70 por ciento de los ocupados ganan hasta cinco salarios mínimos, es imposible que puedan obtener los recursos para mantener un nivel de vida indispensable para la vejez. Además, si se desea lograr la suma garantizada por el Estado —equivalente a un sueldo mínimo— es necesario hacer aportaciones durante cerca de 25 años.
El cambio de un sistema de pensiones de solidaridad intergeneracional y beneficio definido a uno de capitalización individual y administración privada, el de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores), “no funciona en una realidad como la mexicana”, aseguró.
En el régimen anterior a las reformas, el trabajador sabía que si estaba afiliado al IMSS, con laborar 500 semanas tenía la posibilidad, al cumplir 60 ó 65 años, de obtener una pensión, con el 100 por ciento del salario de cotización.
Actualmente, es muy difícil tener la certeza de conocer el monto ahorrado para el retiro; es necesario informarse acerca de la rentabilidad de la Afore y pagar comisiones, por ejemplo, para recibir una renta vitalicia. “Esta situación está muy alejada de la concepción clásica de seguridad social, donde salud y pensiones son ejes fundamentales para mantener condiciones adecuadas de vida”, afirmó.
Las Afores manejan un billón 300 mil millones de pesos, equivalentes al 10 por ciento del PIB. El 60 por ciento se canaliza a bonos gubernamentales y, el resto, al desarrollo de infraestructura y acciones. “Es un financiamiento barato para una serie de compañías, alejado del interés básico y del fortalecimiento de la seguridad social”.
La experiencia chilena
En América Latina, Chile fue precursor en adoptar el sistema privado de ahorro para el retiro al establecer, en 1981, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en reemplazo del sistema estatal de seguridad social.
El primero de julio de 2008, Michelle Bachelet, entonces presidente de esa nación, anunció la reforma del sistema de pensiones con componentes solidarios y financiados con aportes del Estado, con beneficios para las mujeres por cada hijo nacido vivo o adoptado, después del fracaso del modelo de capitalización para garantizar una pensión digna para enfrentar la vejez.
En México, se cree que el único camino es la capitalización individual, de corte privado. Es necesario situar la seguridad social pública como parte de un modelo de desarrollo y de una política de Estado, concluyó.
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Fuente: DGCS UNAM
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