Sujetos y derechos

JORGE ROCHA

El mes de marzo concluye con dos acontecimientos que muestran la doble dinámica que se hace cada vez más cotidiana en el contexto local, de un lado podemos ver el autoritarismo y la represión; y frente a esto, a la lucha social por el respeto y la vigencia de los derechos humanos. El primer acontecimiento se refiere al plantón que están realizando habitantes y activistas sociales con el propósito de frenar la construcción de la presa El Zapotillo, que inundará las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. El segundo hecho son la serie de acciones que han emprendido un grupo de periodistas de la ciudad ante el hostigamiento que algunos de ellos han recibido presuntamente de parte de un servidor público. Más allá de volver a relatar lo que está sucediendo en cada uno de estos asuntos y reconstruir los relatos de cada hecho, me parece muy importante dimensionar el significado de estas acciones, desde la perspectiva de los actores sociales que las llevan a cabo.

Los habitantes de Temacapulín (población perteneciente al municipio de Cañadas de Obregón) al percatarse de que a pesar de ganar recursos legales que impiden la construcción de esta obra, no han podido detener el avance de la presa El Zapotillo porque las autoridades no han acatado los fallos judiciales, decidieron realizar acciones más radicales. De acuerdo a lo planteado en diversos boletines de prensa, los afectados optaron por llevar a cabo ellos mismos lo que las resoluciones judiciales ya expresaron: parar la obra. Ante la notable ineficacia de la justicia mexicana, los habitantes de Temacapulín dijeron su “Ya Basta” y emprendieron un plantón, que a decir de ellos, se prolongará hasta detener esta obra de infraestructura. Para ello han utilizado redes de apoyo social y han pedido la solidaridad de organizaciones sociales nacionales y extranjeras, e invitan a todas y todos los interesados a acompañarlos en su lucha y nos exhortan a que desde cerca o desde lejos, manifestemos la solidaridad con su causa.

Desde el análisis de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo la defensa del territorio implicó una acción más fuerte y contundente; y con ello mandan un mensaje a la sociedad y al gobierno de que resistirán y se opondrán a la desaparición de su pueblo mediante vías pacíficas y firmes. Esta acción nos deja otra profunda reflexión, y es que en el contexto actual, las vías jurídicas no garantizan la vigencia de los derechos, es decir, que tenemos autoridades que a pesar de tener resoluciones judiciales en contra, se empeñan en seguir con sus proyectos. Dicho de otra forma, los que deberían hacer respetar la ley, son los que la conculcan y en este país hay intereses que están por encima del sistema de justicia y ante ellos parece que la única salida es la movilización social con manifestaciones más radicales. Una vez más volvemos a comprobar que los derechos que no tienen una base social que los exija y reclame, no tienen posibilidad de realización y que la mera positivización de éstos no es garantía de su existencia, es decir, no hay derechos sino hay sujetos sociales que los historicen y los lleven a cabo; y su existencia en el derecho positivo es más un resultado de estas acciones que una concesión de buena voluntad de los poderes fácticos.

Por otro lado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respondió ante estas acciones con el planteamiento de que interpondrán recursos legales en contra de los que reclaman y se manifiestan, por considerar que violetan el Estado de derecho. La paradoja no deja de ser sorprendente y sólo hace evidente que el sistema de justicia mexicano está sumido en una profunda y preocupante crisis. Más allá del resultado de esta movilización, lo que podemos obtener como una certeza es que los sujetos sociales en Jalisco están dispuestos a hacer vigentes sus derechos, más allá de la ineficacia de la justicia formal y que con ello construyen en la acción concreta intentos de soberanía, autonomía y autodeterminación; y dan a la exigencia de los derechos un contenido más emancipatorio.

El segundo acontecimiento también deja algunas enseñanzas. Frente al hostigamiento del que fueron víctimas algunos comunicadores de la ciudad, se generó en el gremio de los periodistas una reacción que implicó que se reunieran, que se organizaran, que discutieran juntos el problema, que tomaran acciones coordinadas, que construyeran alianzas con otros actores sociales, es decir, que empezaran a constituirse como un actor social colectivo que defiende sus derechos. En el marco de un país donde el ejercicio periodístico resulta altamente riesgoso (somos la nación con mayor violencia contra los periodistas en América Latina), que tiene un marco jurídico que deja en la indefensión a los comunicadores (inexistencia de derechos como el secreto profesional y la cláusula de conciencia), o donde algunos medios impiden a sus empleados implicarse personalmente en iniciativas públicas, el hecho de que el gremio periodístico se empiece a organizar es una excelente noticia.

Este grupo de comunicadores logró el apoyo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todos, de Artículo XIX, de columnistas y editorialistas, entre otras organizaciones y redes de gran renombre.

Otra vez es un sujeto colectivo que con su acción da soporte a derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información. Una vez más es la acción colectiva la que realiza empíricamente los derechos, y no el estar estipulados en los marcos normativos. Son los sujetos que con su actuación se conforman y fortalecen frente a las dinámicas de control y represión. Habrá que seguir de cerca cómo se desenvuelven estos procesos, pero sin duda alguna, frente a un escenario de autoritarismo y represión siempre serán buenas noticias que los colectivos se movilicen, que generen redes de apoyo y que hagan realidad los derechos.

jerqmex@hotmail.com

Fuente: La Jornada de Jalisco