YADIRA LLAVEN
Luego de luchar casi un año, las comunidades rurales de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla y Huejotzingo, agremiados al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, lograron vencer jurídicamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Desde este lunes, trabajadores de la paraestatal se encuentran retirando cables, malacates y poleas de las más de 100 torres de luz de alta tensión que sembraron junto a la carretera federal México–Puebla, para dotar de energía a los megaproyectos que pretenden instalar junto al Aeropuerto Internacional de Puebla Hermanos Serdán.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Alejandro Torres Chocolatl informó que los postes se comenzaron a colocar en la zona desde el mes de abril de 2010, sin el permiso de las autoridades auxiliares, ni con el consentimiento de los pobladores.
Por lo tanto, precisó que la determinación de la cancelación de la obra se dio porque la empresa CYEPSA –permisionaria de CFE– no pudo comprobar la existencia de un proyecto ejecutivo en la región ni los estudios de impacto económico, social y ambiental, mucho menos presentó permisos de la Semarnat y Profepa.
No obstante, los labriegos de la zona temen que la paraestatal no cumpla su palabra y en las próximas semanas se presente una nueva empresa a cargo del proyecto de iluminación, que supone ofrecerá el servicio eléctrico a una empresa textilera y a una inmobiliaria que se instalará por el rumbo de Huejotzingo.
Los campesinos adheridos al Frente de Pueblos exigieron al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, cancele definitivamente los megaproyectos que tienen planeados para la región, de los que sólo se verán beneficiados los empresarios.
Esto con el fin de resguardar las tierras de cultivo la región se resguarden, que proveen de alimentos a gran parte del territorio poblano.
Informaron que los postes pretendían transportar 115 mil voltios desde la comunidad de Cuachayotla hasta la colonia Ángeles del municipio Juan C. Bonilla, con la franca intención de llegar hasta el aeropuerto, como lo delatan las cepas que ya habían excavado trabajadores de CYEPSA.
Torres Chocolatl calificó como una “primera victoria” la retirada del cableado, la herramienta y el material de la zona.
Sin embargo, señaló que no se quedarán de brazos cruzados, pues seguirán informando a la gente y a las autoridades que es importante que la obra quede cancelada definitivamente por las consecuencias que trae a la salud –por las radiaciones que emiten las torres de alta tensión– y a la convivencia de los pueblos.
Relató que la lucha contra la CFE comenzó en el mes de noviembre del año pasado, cuando CYEPSA intentó colocar dos postes de alta tensión, a menos de tres metros de la primaria “Francisco Villa”, en la comunidad de Santa María Zacatepec.
Pero el reclamo de la gente se hizo mayor cuando una torre fue instalada en la privada Bugambilias, en San Diego Cuachayotla, en un predio que está escriturado como propiedad de María Judith Huitzil, Juan Almonte Ixhuatl y Eloy Mahuiztl Tepo.
Desde entonces, los labriegos organizados han realizado más de 10 manifestaciones, han toma dos veces la alcaldía de San Pedro Cholula, y se han enfrentado contra policías estatales, en la pelea de la autonomía de sus tierras.
A la lucha se sumaron unas 500 familias afectadas en la región, que estaban siendo despojados de una parte de sus terrenos, por parte de la paraestatal.
A nombre del Frente de Pueblos, señaló, no queremos que siga la plantación de más postes de alta tensión, ni el proyecto del corredor textil e industrial en esta zona, porque la CFE está realizando esta obra sin autorización, sin los permisos correspondientes para ocupar predios particulares o sitios cercanos a las escuelas.
El dirigente ciudadano anunció que en días próximos harán una movilización hacía la sede del gobierno estatal, a fin de anunciarle al gobernador el desacuerdo de la comunidad para avalar esta obra, que es calificada como altamente peligrosa para la seguridad de los habitantes de estos municipios.
“No vamos a ceder. Iremos a las instancias correspondientes hasta que den marcha atrás al proyecto”, sentenció.
Según la norma, el proyecto de la instalación de torres tiene un año para ejecutarse. Si en ese periodo no se concluye, la Secretaría de Comunicaciones otorga seis meses más para que culmine.
Y si después del año y medio no hay avances, el proyecto queda anulado definitivamente. Esa fecha será en agosto de los corrientes.
Fuente: La Jornada de Oriente
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