En concreto | Laura Itzel Castillo
El día de ayer comparecieron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión diversos funcionarios del gobierno de facto: los secretarios del Trabajo, Economía, Medio Ambiente, Energía y los directores de la Comisión Federal de Electricidad y el IMSS. El tema: el accidente minero del Pocito 3 en el municipio de Sabinas, Coahuila.
Ante los cuestionamientos que formulé, Javier Lozano reconoció que no ha clausurado ningún pocito de la región carbonífera a pesar de estar legalmente facultado para ello y que hasta la fecha no ha respondido los cuestionamientos de la Organización Internacional del Trabajo. Por su parte, Bruno Ferrari, actual titular de la Secretaría de Economía, reconoció que, a cambio de empleos —mal pagados, acoto—, se ha entregado cerca de 15% del territorio nacional en concesiones mineras, fundamentalmente a empresas extranjeras.
Además denuncié que en materia de minas y pocitos de carbón hay toda una red de complicidades de funcionarios del PRI miembros de la familia Montemayor, vinculados desde hace años al negocio del carbón.
Para comenzar, el alcalde de Sabinas, Jesús María Montemayor Garza, es sobrino de Rogelio Montemayor Seguy, ex gobernador de Coahuila y quien fuera director de Pemex, acusado de corrupción por el escándalo del Pemexgate por desviar recursos para favorecer al entonces candidato perdedor a la Presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa, actual presidente de la Comisión de Energía del Senado. Dos hermanos de Rogelio Montemayor, Jesús María, padre del alcalde de Sabinas, y Enrique Edmundo, hicieron negocios con Alfonso González Garza. El hijo de este último, Melchor González Vélez, es el dueño de BIMSA, empresa a la que fue concesionado el pocito en el que ocurrió la tragedia del pasado 3 de mayo.
Por si todo esto fuera poco, los clanes Montemayor y González están vinculados por lazos familiares:
González Vélez es esposo de Hilda Griselda Montemayor Marines, quien también es propietaria de BIMSA. Finalmente, ella es nieta de Conrado Marines Ortiz, quien fue también alcalde de Sabinas.
Si revisamos esta red de complicidades podemos entender por qué es tan difícil acabar con la impunidad en el país. Mientras que el propietario de la mina Pasta de Conchos —del grupo empresarial Minera México—, Germán Larrea, aparece en la lista de Forbes con un incremento en su fortuna de 2009 a 2010 de 10 mil millones de dólares a 16 mil millones, las autoridades lo exoneran de cualquier responsabilidad de la tragedia donde fallecieron decenas de trabajadores. Después de varios años, los cuerpos de los mineros no han sido rescatados.
En un ardid publicitario, el PRI señala que para ese instituto político el secretario del Trabajo no es un iterlocutor válido. No obstante, en una carta de 2007 el entonces gobernador del estado de Coahuila, ahora presidente del PRI, agradece y reconoce a Lozano Alarcón su interés para atender a los familiares de los mineros, entre otras cosas. ¡Vaya interés!
Pero eso no es todo. Uno de los exsubordinados de Lozano, señalado de eximir de responsabilidad a la empresa de Germán Larrea en el caso de Pasta de Conchos, acaba de ser nombrado titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación, gracias al PRI. Se trata de Alejandro Romero Gudiño. Este es el rostro verdadero del nuevo PRI.
Después de cinco horas y media de comparecencia los representantes del PRIAN, defensores de esta mafia carbonífera, dejaron claro que poco les importan los deudos de los mineros fallecidos y de todos aquellos que padecen el actual neoporfiriato. Es necesario denunciar este nido de corrupción en las concesiones mineras, exigir la clausura de los establecimientos mineros de alto riesgo y castigar a los funcionarios del PRIAN, cómplices de estos crímenes.
Fuente: El Gráfico
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