La estrategia presidencial en Michoacán

JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS

El estado de Michoacán es escenario y preocupación central del Presidente de la República. No es porque sea originario de la entidad federativa o porque creamos a lo que dijo alguna vez: “A los michoacanos les va ir bien”, cosa que no ha sucedido. En su mandato de gobierno federal no se sabe que haya incrementado la inversión, el empleo, el ingreso y haya reducido los niveles de inseguridad en el estado, en el ámbito de su competencia. Es por una sencilla razón, porque tiene todo el interés centrado en que el cargo de gobernador del estado, sea para su hermana, muy válido por supuesto. Una mujer con trayectoria política y con una militancia en el Partido Acción Nacional.

No obstante, ha creado o ha impulsado acciones que hacen suponer a los dirigentes de los partidos políticos, a las organizaciones empresariales, a los actores gubernamentales locales y a los ciudadanos que se ha implementado un estrategia político-electoral propiciando condiciones de inestabilidad política e inseguridad para lograr a toda costa el arribo de su hermana a la gubernatura, ante la renovación de los poderes locales que habrá de darse este año para el relevo del gobernador, diputados locales y presidentes municipales, lo que en nada beneficia a los michoacanos.

A la sociedad michoacana le toca vivir los embates presidenciales de lo que parece ser la estrategia político-electoral para que la hermana del Presidente de México, logre la gubernatura.

Después de que se advierte no sólo inseguridad en el estado, sino en todo el país, se estigmatizó que es grave lo que ocurre y por lo tanto habría que designar un gobernador del estado de unidad, es decir, un único candidato por los partidos políticos. Con lo que el titular del Ejecutivo federal buscó consenso entre los líderes de partidos políticos nacionales y organizaciones empresariales, desde luego su hermana sería la candidata de unidad. Aspecto que después declinaron o desmintieron los dirigentes nacionales de los partidos políticos y organizaciones empresariales. A causa de ello se tuvo eventos lamentables en los municipios de la región de Tierra Caliente, con presencia del Ejercito para sofocar la presencia de organizaciones delictivas. Esto hizo suponer a los dirigentes de los partidos políticos locales que fue creado para impulsar la ingobernabilidad del estado y justificar tal acción del eEjecutivo federal.

Esto, desde luego, a nadie conviene. Es importante que se propicie la competitividad partidista, se puedan ejercer los derechos políticos de los michoacanos y se tenga la oportunidad de elegir entre distintas opciones. Lo que alude a las características del estado democrático y de derecho. Lo contrario, el establecer candidata o candidato único, con justificación político-electoral presidencial sustentada en la inseguridad o bien propiciada, anula derechos políticos, propicia, para el estado de Michoacán, inestabilidad, falta de legitimidad, inseguridad, desconfianza y conduce al estado autoritario como en los años en que vivimos con un partido hegemónico con autoritarismo a ultranza.

Lo anterior constituye una estrategia-político electoral presidencial que ya se ha vivido. La que bien podría quedar inscrita desde que fue elmichoacanazo, del cual han sido liberados todos los servidores públicos estatales y presidentes municipales de Michoacán, quienes fueron detenidos y procesados penalmente por supuestos vínculos con una red de protección a la delincuencia organizada, con el operativo de la Procuraduría General de la República, realizado el día 26 de mayo de 2009. Era previsible que la liberación ocurriera, debido a que se actúo en la inconstitucionalidad e ilegalidad, lo que generó falta de credibilidad, ilegalidad y deficiencia en la actuación de las instituciones del gobierno federal, así como la idea de que las acciones de éste, estuvieron orientadas a obtener ventajas político-electorales en el año 2009 y no en cumplir responsablemente con el Estado de derecho para superar las condiciones de inseguridad nacional. Sin dejar de vulnerar con tales acciones a la Constitución Federal, diversos ordenamientos internacionales y la legislación secundaria, al violentar derechos humanos de jueces locales, presidentes municipales y servidores públicos del poder Ejecutivo michoacano.

En la estrategia-político electoral en Michoacán del Presidente de la República también se puede incluir los recientes resultados de control y confianza, que han realizado hasta el momento los gobiernos estatales, enfatizando públicamente el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo incumplido por los estados en la evaluación del “Alto Mando”, considerados los Procuradores Generales, Subprocuradores, Secretarios de Seguridad Pública y subsecretarios, secretarios de Gobierno, entre otros, que fueron o son practicados por los Centros Evaluación de la Federación, lo que ha provocado el descredito de algunos gobiernos estatales ante la sociedad mexicana, sobre todo en tiempos de inseguridad pública que se vive en México y de las próximas elecciones que se llevarán efecto en algunos estados, como el de Michoacán, lo que pareciera la justificación pública de que la falta de certificación al personal de la seguridad pública es causa de la inseguridad y es responsabilidad de los estados, con lo que se excluye a la Federación de lo realizado hasta fecha en esta materia.

Es importante restablecer el Estado democrático y de derecho desde la presidencia de la República, abandonar estrategias de justicia o de inseguridad con fines políticos-electorales. Esto no ayuda a restaurar a la nación, a la democracia, al desarrollo y prosperidad de México. No conviene a nadie poner en riesgo la estabilidad del sistema político de Michoacán y la confianza en las instituciones, requerimos un futuro cierto y confiable.

Fuente: La Jornada de Michoacán