LEOPOLDO GAVITO NANSON - MIÉRCOLES, JUNIO 01, 2011
En lo que va del gobierno del presidente Felipe Calderón el Estado mexicano ha acumulado un buen número de observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de relatores de la Organización de las Naciones Unidas. En todas, el Estado ha sido condenado o reprobado. La crisis humanitaria de los migrantes a su paso por México fue señalada por Naciones Unidas desde el informe de octubre de 2002. En él ya se hacían señalamientos de la expansión de las redes de trata y tráfico de migrantes y sobre los abusos cometidos por éstas contra los migrantes. Se invitaba entonces a tomar acciones concretas contra ello. Se decía además que la lucha contra la trata y el tráfico de personas debe realizarse desde el respeto de los derechos humanos de sus víctimas.
Los horrores descubiertos en San Fernando, Tamaulipas, significan que los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón fueron palmariamente omisos. En nueve años el drama de los migrantes alcanzó niveles de crisis humanitaria y ante eso, las elites políticas y religiosas católicas han sido indiferentes hasta que el asunto les estalló en la cara con el compromiso de individuos del clero de base, que es el caso del padre Solalinde.
El tema de los derechos humanos violentados ha sido constante. Igualmente, aunque en menor medida, el del sistema de justicia que por lo demás está íntimamente asociado. El lunes pasado la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, reconoció hoy la independencia e imparcialidad de la justicia federal en México. Es discutible, si nos atenemos a los resultados de casos como el de las mujeres violentadas de Atenco y al de la periodista Lydia Cacho.
Aunque si bien la relatora Gabriela Knaul reconoció que el sistema de justicia federal en México es independiente, puntualizó también que los principales retos de México en materia judicial son la violencia, la inseguridad y la impunidad. Que, en opinión de esta columna, equivale punto menos que a decir que el problema del sistema de justicia en México es el sistema de justicia mexicano: “la independencia judicial se ve afectada por la falta de transparencia, un factor que genera impunidad; por la ineficacia y por la corrupción; así como por la interferencia e influencia impropia de los sectores público y privado”. Tan sencillo como que, a decir de la relatora, la independencia judicial se ve afectada por la falta de transparencia, factor que genera impunidad por la ineficacia y por la corrupción; así “como por la interferencia e influencia impropia de los sectores público y privado”.
Con prudencia diplomática líneas más adelante la relatora hizo observaciones sustantivas. Una, que la iniciativa del Ejecutivo federal para reformar el fuero militar “parece no satisfactoria”; otra, “que la independencia, autonomía e imparcialidad de los órganos judiciales se ven cuestionadas por la participación del Estado en el nombramiento de los magistrados estatales”. Y otra, que debe suprimirse de la legislación la figura del arraigo.
Por su lado, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navi Pillay, subrayó que la situación de los migrantes en México ha sido objeto de secuestros y asesinatos, cometidos por redes criminales.
Mientras eso sucede, el gobierno federal la emprende con iniciativas novedosas de comunicación de tal suerte que se ha convertido en un gobierno twittero y bloggero.
Como ariete lanzan telenovelas de pretensiones semiheroicas y blogs exegéticos sobre la política de seguridad de la administración. En la página de la Presidencia de la República, el blog de Alejandro Poiré, personaje que con severo déficit de pudor dice haber sido influenciado por Max Weber y Vargas Llosa porque “ambos ilustran que no siempre es fácil combinar la academia con la política”.
En su blog Poiré alude a 10 Mitos de la lucha por la seguridad. Sólo trata uno, por lo que habrá de suponerse la entrega futura de otros nueve.
Aderezado con una animación de pretensiones didácticas que recuerda el diseño de un videojuego donde un soldado escapa de una prisión y que para ello tiene que exterminar a sus captores.
Dice Poiré: “Las acciones, programas y procesos incluidos en la Estrategia Nacional de Seguridad han involucrado desde un principio, horas de planificación y análisis permanente de las distintas alternativas, así como de los riesgos de la inacción ante la delincuencia organizada. La respuesta del gobierno en auxilio de las autoridades locales debía aplicar la fuerza pública y también era necesario atender otros aspectos del problema para que los resultados sean integrales”.
La afirmación es del todo inverosímil, porque el llamado “principio de las acciones, programas y procesos” fue una declaración del todo irreflexiva de Felipe Calderón en diciembre de 2006. Las distintas alternativas y los riesgos de la inacción tampoco es creíble que los hayan calculado. Uno, porque en las acciones emprendidas del gobierno no hay una miscelánea de decisiones. Por el contrario, una sola que es consistente a lo largo de todo este tiempo: el enfrentamiento celular, y circunstancial. Y dos, porque las acciones donde se percibe uso de información y planeación táctica son contadas.
Dice pomposamente el señor Poiré en su primera entrega que la Estrategia Nacional de Seguridad consta de cinco componentes: 1) Operativos conjuntos en apoyo a las autoridades locales y a los ciudadanos y que tiene el propósito de debilitar y contener a las organizaciones criminales; 2) Escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las Fuerzas del Estado; 3) Reforma al marco legal e institucional; 4) Política activa de prevención del delito; y 5) Fortalecer la cooperación internacional.
Lo que equivaldría a decir, por ejemplo, que la “estrategia” contra las fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mundial tendría componentes como: 1) operativos conjuntos entre las fuerzas aliadas en apoyo de la libertad del pueblo en las naciones ocupadas para debilitar al Eje; escalar las capacidades tecnológicas y operativas de los aliados; 3) reformar el cuerpo de leyes de los países aliados para poder hacer la guerra; 4) política activa para prevenir las acciones nazis; y 5) fortalecer la cooperación entre los aliados.
Balbuceos. Cualquier “estrategia” con esos enunciados como componentes de lectura e interpretación de la realidad está condenada al fracaso. En primer lugar porque eso no es un pensamiento estratégico y luego porque no pasa de ser un listado de propósitos y situaciones deseables. Nada más. Si Roosevelt y Eisenhower hubieran salido con una batea de babas similar entre 1941 y 1945 los hubieran largado a ambos en sus distintas esferas.
En un exceso de confianza con el respetable, Poiré dice que sólo el primer punto implica uso de fuerza. Ah.
Desde el principio del uso de la fuerza organizada una estrategia es un plan de acción completo para cualquier escenario que pueda presentarse. La estrategia tiene un propósito final, desde luego, vencer al enemigo. Pero del punto A al punto B suelen existir una serie de propósitos intermedios. Unos estratégicos, otros tácticos. En términos muy elementales la estrategia se encarga de la planeación de las operaciones bélicas. En esos mismos términos elementales, nada de lo hecho en la política del gobierno federal tiene elementos suficientes para afirmar que hay claridad o por lo menos una idea de pensamiento estratégico. Si fuera un juego de ajedrez, el gobierno despliega sus piezas por el tablero, cosa que puede hacer porque sabe las reglas de sus movimientos, pero la piezas desplegadas no se apoyan entre sí, ni tienen un orden que permita afirmar que tiene conocimiento del tablero y de la posición de su enemigo. Un jugador de ajedrez primero ocupa el tablero, luego pliega su estrategia para vencer a su enemigo. Fue lo que hicieron los Aliados durante la Segunda Guerra. Defendieron Inglaterra como base desde donde desplegarse a ocupar el tablero. Primero el Norte de África, Tobruk, para de ahí ir a Grecia, luego Sicilia y ocupar el sur de Italia, cortar los suministros de hidrocarburos de los países árabes, subir por Italia, mientras que, una vez que el invierno venciera al sexto Ejército de Von Paulus, entonces sí dar el contragolpe. El primer signo de pensamiento estratégico dado por el gobierno de Stalin fue en la batalla del Kursk donde lograron detener a los tanques del ejército alemán. El artífice fue el Mariscal Zhukov, crítico de Stalin y a quien debían parar el avance Alemán en Leningrado (San Petersburgo).
Poiré fundamenta su pálida e inexacta idea de estrategia con afirmaciones como que “el uso de la fuerza pública y (ésta) se concentra justo en las regiones más complicadas”; que las instituciones de seguridad se han transformado, como nunca antes dice porque ahora los servidores públicos “debemos aprobar exámenes de control de confianza y no sólo eso, además se han enviado al Congreso iniciativas de enorme profundidad para dar viabilidad de largo plazo a la estrategia”.
Queda clarísimo que el señor Poiré es vocero. Mal vocero, por cierto. Nada de lo que sostiene como argumento desmitificador para probar que no hay estrategia sino mero uso de la fuerza se acerca remotamente a lograr su propósito. No pasa de ser la suma de algunos balbuceos y nociones de información que traslucen el inquietante déficit de capacidad de abstracción en el equipo del Presidente. De pensamiento estratégico, ni hablar. Faltan por ver otros nueve puntos desmitificadores.
Fuente: La Jornada de Veracruz
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