Morelia, Michoacán a 22 de junio de 2011
A los organismos defensores de los derechos humanos no gubernamentales
A los medios de comunicación nacional y del extranjero
A las organizaciones democráticas e independientes
Al pueblo en general
¿Cuántos desaparecidos más para hacer justicia?
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en coordinación con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, denuncian la respuesta de la Comisión Especial para el seguimiento de Michoacanos Desaparecidos, de la LXXI Legislatura en el estado de Michoacán de Ocampo, ante la propuesta, que como FNLS estamos impulsando para que se tipifique, legisle y apruebe una ley que enjuicie y castigue a los autores intelectuales y materiales del delito de desaparición forzada por motivos políticos y sociales como crimen de lesa humanidad, delito que no prescribe, y que en la actualidad se sigue cometiendo por el Estado Mexicano.
No tiene fundamento alguno los argumentos de la Lic. Silvera, asesora de la diputada María Guadalupe Calderón, al decir “la iniciativa de ley es improcedente, según fuentes extraoficiales, no es posible impulsar una ley que penalice la desaparición forzada porque es aprobar los actos de la delincuencia organizada”. Ante estos hechos manifestamos:
1. La respuesta que nos da la Lic. Silvera refleja que hay desconocimiento o los diputados están más interesados en los comicios electorales, porque las desapariciones forzadas según la Comisión Interamericana de los Derechos humanos es la privación ilegal de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometidas por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa de reconocer dicha privación de la libertad de informar sobre el paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de garantías procesales pendientes. Delito tipificado por el Derecho Internacional como crimen de lesa humanidad, y México ha signado la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992.
2. Al decir la Lic. Silvera que, “la iniciativa de ley es improcedente, según fuentes extraoficiales no es posible impulsar una ley que penalice la desaparición forzada porque es aprobar los actos de la delincuencia organizada”, validan la criminalización de la pobreza y protesta popular y validan la imposición de un Estado policíaco militar, porque los casos de desaparición forzada que se han expuesto son por motivos políticos y sociales, y tienen pleno conocimiento de ello, por tanto, con su respuesta nos da a entender que los diputados son responsables por comisión u omisión de la cantidad de personas desaparecidas en el Estado de Michoacán.
3. La Comisión Especial para el seguimiento de Michoacanos Desaparecidos está conformada por la Dip. María Guadalupe Calderón Medina, del grupo parlamentario del PRI, el Dip. Antonio García Conejo, del grupo parlamentario del PRD, el Dip. José Antonio Salas Valencia, y el Dip. Roberto Arriaga Colín, del grupo parlamentario del PT. Comisión, que desde su conformación no ha mostrado interés para impulsar una ley que tipifique el delito de las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad. La respuesta que dieron el día 07 de junio del presente año a la Comisión Jurídica del FNLS y al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos indica que no hay interés en atender estos crímenes, que han estado presentes en nuestro país, desde mediados del siglo pasado como política de Estado.
4. A nivel nacional son 10 mil casos de desaparición forzada por motivos políticos y sociales, y de esos casos, 503 son registrados en Michoacán, según datos proporcionados por la CNDH. Crímenes de Estado que están en completa impunidad, indiferencia, y se niega información a los familiares por parte de las autoridades estatales y federales, y tratan de desviar los hechos ocurridos para eludir la responsabilidad del Estado mexicano, ya sea por comisión u omisión. Entre los casos que podemos mencionar los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, las hermanas Daniela y Virginia Ortiz y el Sr. Lauro Juárez, ocurridas en Oaxaca; el defensor de los derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, José Antonio García Apac, Juan Hernández Bautista, los periodistas Ramón Ángeles Zalpa, Mauricio Estrada Zamora, María Esther Aguilar Casimbe, el profesor José Trinidad Alonso Martínez de la comunidad de la Zarzamora municipio de los Reyes, y otras que han ocurrido en la comunidad indígena de Cherán, Colinas del Sur de Morelia, Veracruz, Pajacuarán…
5. Para el pueblo claro está que quien realiza las desapariciones forzadas es el propio Estado Mexicano. Desde hace tiempo hemos manifestado que las desapariciones forzadas son una política de Estado, que se aplica contra toda la población, no importa si se tiene una militancia política o no, si se pertenece a una organización popular o no; el objetivo es imponer el miedo y el terror en la población para validar la imposición de un Estado policíaco-militar en el país. Los responsables directos de ejecutar y llevar a cabo esta política de Estado son los cuerpos policiacos y militares con conocimiento y consentimiento del gobierno federal y del jefe del ejecutivo del Estado, en este caso del ilegitimo Felipe Calderón Hinojosa. Es la Policía Federal la que hoy está ejecutando todas las desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales en coordinación con grupos paramilitares, quienes descaradamente se están encargando de realizar los llamados oficialmente “levantones”, asesinatos y masacres en contra del pueblo en general.
6. Insistimos una vez más que la legislación en materia de desaparición forzada es una necesidad histórica, que no se puede postergar; al no existir un marco jurídico que sancione y castigue a los autores intelectuales y materiales de éste crimen se promueve la impunidad y se da margen para que se siga cometiendo este crimen de lesa humanidad. De ahí la importancia de exigir que los legisladores cumplan con su responsabilidad social y legislen en materia de desaparición forzada ya sea por motivos políticos o sociales; ley que no puede ni debe quedar sujeta a los tiempos político-electorales, porque las víctimas y los familiares de éstos no pueden, ni deben esperar más a que la justicie llegue.
7. Por último exigimos la solución inmediata a las demandas de los profesores democráticos de la sección XVIII de la CNTE-SNTE. Como organización nuestro principio es defender la educación pública, laica, científica y popular, por tanto, damos nuestro apoyo y solidaridad al magisterio democrático; asimismo exigimos alto al hostigamiento de los grupos paramilitares en contra de los comuneros de Cherán. ¡Fuera bandas paramilitares!
¡Por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos por el Estado mexicano!
¡Libertad inmediata de todos los presos políticos y de conciencia en el país!
¡Fuera bandas paramilitares del país!
¡Alto a la militarización y paramilitarización en el país!
¡Por la unidad, obrero, Campesino, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
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