Retos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos

JORGE ROCHA

Finalmente se promulgó la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Hasta el momento sólo el Congreso local del estado de Guanajuato no la había aprobado, 22 entidades (suficientes para que se hiciera efectiva) la habían aceptado y estados como Jalisco no la habían sometido a votación (porque no les parece relevante o porque no querían quedar mal con los grupos neoconservadores que presionaban para no aceptarla, pero tampoco con las organizaciones civiles que promueven y defienden los derechos humanos). En cualquier circunstancia es reprobable la actitud de los legisladores locales en el tema.

Sin duda alguna la aprobación de la reforma representa un avance sustantivo y es un paso firme en el proceso de armonización del marco normativo nacional a los estándares internacionales de los derechos humanos. Algunos de los logros más relevantes de la reforma es que le otorga a los derechos humanos plena carta de ciudadanía en la legislación mexicana, se recupera el derecho internacional de los derechos humanos con el nivel de ley constitucional y se le otorgan más facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta reforma supone cambios muy importantes y profundos para el ejercicio de gobierno en todos los niveles (federal, estatal y municipal), impone retos muy grandes para las organizaciones de la sociedad civil preocupadas con este tema, implica una nueva forma de pensar para el gremio de los abogados, los litigantes, los jueces y los ministerios públicos e incluso impone a las universidades que sus programas de licenciatura, maestría y doctorados de derecho, retomen estas modificaciones en sus planes de estudio; y también el sistema educativo tendrá que encarar las responsabilidades que se derivan por estos cambios en el marco normativo.e_SNbS

Es decir, la reforma constitucional en materia de derechos humanos implica un cambio paulatino que vaya construyendo una verdadera cultura de los derechos humanos en México y a la par exige la implementación de políticas públicas de largo alcance y el rediseño institucional de ciertas instancias de gobierno que se ven impactadas por estos cambios legales. De no ser así, el avance que ahora alabamos será sólo una promesa y persistirán las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que desde hace muchos años existen en el país. No se puede negar este acierto, pero si estas reformas no se traducen en políticas de estado de poco habrá válido este esfuerzo.

Ahora bien, el panorama en el que se promulga esta reforma constitucional no es el más halagador en materia de derechos humanos. Esta semana la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT), presentó un informe titulado México, a dos años del Examen Periódico Universal, balance del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde desde una perspectiva de la sociedad civil organizada, se hace una primera evaluación de cómo el gobierno mexicano ha resuelto las recomendaciones que le hizo la ONU en el tema de los derechos humanos en el año 2009. El documento presenta, luego de dos años de la elaboración de estas recomendaciones, un primer corte de caja para ver los avances en esta agenda.

Entre las organizaciones que aportaron a la elaboración de este texto están Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En el resumen ejecutivo del documento, la Red TDT plantea que “…En general, hay avances significativos en el ámbito legislativo, pero observamos que esto aún no se traduce en políticas públicas que incidan directamente en revertir el contexto de impunidad y de discriminación en contra de grupos vulnerables (como mujeres, pueblos indígenas y migrantes) y en generar un ambiente de seguridad que permita la plena participación de la ciudadanía en procesos democráticos y el pleno disfrute de sus derechos económicos, sociales culturales y ambientales. Tampoco hay espacios adecuados que involucren de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de estas políticas. A pesar de las múltiples recomendaciones de instancias internacionales de protección a los derechos humanos o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano sigue siendo reticente a reformar el Código de Justicia Militar, a eliminar la figura del arraigo o a atender las demandas de justicia, verdad y reparación para los casos de la llamada Guerra Sucia. Tampoco ha tomado las medidas oportunas para generar un ambiente propicio para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión y proteger a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas”.

En el documento se hace un recuento de las visitas que han hecho relatores especiales y grupos de trabajo a México con la finalidad de ver el estado en el que se encuentra algún derecho, se citan las sentencias de la Corte Interamericana en contra del gobierno de México por casos de violación a los derechos humanos y luego se hace una ponderación en el avance de las recomendaciones que hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a nuestro país en el año 2009. La reforma es una buena noticia, pero el contexto en el que nace implicará un esfuerzo sin precedentes para realmente hacer valer todo lo que se plantea en estas modificaciones legales. Por eso es preciso seguir de cerca las políticas públicas que se implementarán con el fin de aterrizar todo lo que ahora dice el texto constitucional y las acciones que emprenderán otros actores sociales como las organizaciones de la sociedad civil y los académicos con el fin de que esta ley se haga realidad.

Fuente: La Jornada de Jalisco