Empeñado en su exégesis por entregas,el doctor Poiré va ya en el tercer argumento de su esfuerzo desmitificador. El segundo anterior lo dedicó a corregir la errónea idea –compartida por abrumadora mayoría de mexicanos– de que “las fuerzas armadas usurpan las labores de la policía y violan sistemáticamente derechos humanos”.
Con un estilo perfectible dice que ni Ejército ni Marina sustituyen a las corporaciones policiacas, que junto con la Policía Federal (PF) “apoyan de manera temporal y subsidiaria a las autoridades civiles, y no actúan en solitario. En la medida en que las policías locales avancen en el proceso de profesionalización y certificación serán menos necesarias las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado” y que no se ha militarizado la lucha.
Bien, ninguna de tales afirmaciones demuestra un comino. Son, si acaso, meras frases de buenos propósitos pero demuestran nada.
Veamos, la militarización para combatir al narcotráfico, que no al crimen organizado, inició en el sexenio anterior, en junio de 2005, luego de una escalada de violencia en el noreste del país. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, principalmente. Llegaron al estado 600 efectivos militares.
Para julio de 2006 las acciones militares se habían extendido a Baja California, Guerrero, Michoacán y Sinaloa, además de Tamaulipas. En todos esos estados se recrudecieron la violencia y las ejecuciones, que comenzaron a incluir a elementos de las corporaciones federales involucradas en el programa.
Durante el sexenio de Vicente Fox el promedio mensual de militares abocados a combatir al narco era de casi 19 mil 300.
Al inicio del sexenio Felipe Calderón dispuso que se emplearan 30 mil soldados en la lucha al crimen. Tres años después los efectivos militares habían aumentado a 45 mil. En los primeros meses de este año los militares dedicados a la guerra al narco eran 51 mil en el campo de batalla, si es que así se le puede llamar. Por cada uno de esos soldados dedicados al combate hay que sumar entre tres y cinco elementos adicionales dedicados a labores logísticas, administrativas y médicas.
Hasta el año anterior las fuerzas armadas mexicanas contaban con 262 mil 741 efectivos. De los que 56 mil 728 pertenecen a la Armada; el resto al Ejército y Fuerza Aérea.
Dicho de otro modo, en el cuarto año de la administración Calderón el uso de fuerzas militares en combate aumentó en 68 por ciento. Pero si se toma en cuenta el personal logístico administrativo necesario para sostenerlos en batalla, el número aumenta por lo menos a 150 mil. Esto es, las tres quintas partes de los efectivos militares nacionales.
Consecuentemente la afirmación del doctor Poiré de que “no se ha militarizado la lucha de México por la seguridad” es totalmente falaz. O mitómana, por seguir con la línea sugerida por el propio Poiré.
Afirma en su blog que las “fuerzas armadas no violan sistemáticamente los derechos humanos de la sociedad. Los registros son claros al ilustrar que las violaciones que se han registrado son incidentales, se han sancionado, y no son el resultado de una cuestión estructural”. Habría que preguntar aquí cómo debemos interpretar el encubrimiento de la violación de la anciana Ernestina Ascencio en Zongolica hace cuatro años, ¿como un algo incidental o estructural?
En marzo pasado Human Right Watch (HRW) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe sobre México. El quinto informe sobre México. El documento acusa directamente al Estado de encubrir militares que se presume violaron derechos humanos. Dice textual el informe: “es decepcionante que México haya desaprovechado esta oportunidad para reconocer y afrontar la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares”. Un par de párrafos adelante, el informe afirma a que en la lucha contra el narcotráfico “se ha registrado un drástico incremento de las denuncias de abusos militares”.
Algunos datos: entre enero de 2007 y diciembre de 2009 la CNDH recibió 3 mil 388 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Sólo tres de esos militares involucrados han sido condenados por violaciones a derechos humanos –el gobierno había afirmado que seis– pero una de las condenas era porque el soldado estaba involucrado en un accidente automovilístico y otra se revirtió en un tribunal militar de apelación. Por lo tanto hay una sola condena por violación a derechos humanos. En este caso singular, el militar fue condenado a nueve meses de prisión. ¿Su delito? Disparar a un civil en un retén militar.
HRW señala en su informe que el origen de la impunidad deriva del propio secretario de la Defensa, Guillermo Galván, que “ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, los jueces militares no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo, el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares” en el país.
Y eso es estructural, no incidental como afirma Poiré. Por lo demás, el hombre ignora, probablemente de forma deliberada, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia vinculante en noviembre de 2009 que ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar para que “en situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia pueda operar la jurisdicción militar”.
Sea que lo haga por ignorancia o por deliberación, Poiré miente. Dice que en cuatro años entre Sedena y Semar se llevaron a cabo “poco más de un millón 600 mil servicios por año” y frente a ello sólo 5 mil 369 quejas ante la CNDH (.08 por ciento) de esos servicios. El dato dice absolutamente nada si no se define lo que debemos entender por “servicios”. ¿Servicios de combate? ¿De patrulla? ¿De intendencia? ¿De limpieza de letrinas? ¿De retenes carreteros? ¿O de mensajería? ¿La combinación de todos? Como no lo define, consecuentemente la cifra porcentual significa nada y su “desmitificación” del punto tampoco.
Dice Poiré que las fuerzas armadas han recibido las recomendaciones de la CNDH con un serio compromiso con los derechos humanos y la reparación del daño. Se han aceptado 96.7 por ciento de las recomendaciones y se trabaja intensamente en la capacitación en materia de derechos humanos para todo el personal militar. Es falso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido varias quejas sobre abusos militares en estos cuatro años, al grado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido analizar el caso de la desaparición de los jóvenes Nitza, Rocío y José Alvarado, detenidos en diciembre de 2009 por el Ejército mexicano en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. Es el primero que llega a la Corte Interamericana en un lapso tan breve. Ese hecho junto con el informe de HRW desmienten por el eje la afirmación de señor Poiré.
Adán Abel Esparza Parra es campesino mexicano. Sus hijos, esposa y hermana fueron acribillados en un retén militar en Sinaloa en 2007. Le fueron dados por el Estado mexicano un promedio de 147 mil pesos (12 mil dólares) como compensación por cada uno de sus familiares asesinados. Es la cantidad promedio que otorga el gobierno de Calderón por las bajas colaterales. En contraste, la Sedena ha pagado a las familias de los militares caídos en combate, en promedio, 784 mil pesos (67 mil dólares).
En cuatro años de pesadilla el gobierno de Felipe Calderón no ha informado ni al Congreso lo que le cuesta su guerra en dinero público. Lo hizo el delfín Ernesto Cordero en Washington. Más de 200 mil millones de pesos al año.
Termina su argumento sumergido en el penoso lugar común de que las fuerzas armadas son un motivo de orgullo para todos los mexicanos y dice que las cifras no mienten. En efecto, como las proporciona ECP lo hace por él y las cifras dicen exactamente lo contrario a la exegética defensa del señor Poiré.
Es Cosa Pública
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Fuente: La Jornada de Veracruz
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