A la española FCC, la mayor accionista, poco le importa la ilegalidad del proyecto, lamentan
JORGE COVARRUBIAS
El ex presidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Rhon, detenido el sábado por el Ejército mexicano por presunto acopio de armas, es uno de los constructores de la presa El Zapotillo a través de su inmobiliaria La Peninsular, señala en un comunicado de prensa el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).
“La familia Hank Rhon es dueña de la empresa La Peninsular, parte del consorcio Hermes Construcción a quienes el gobierno les ha otorgado por años las licitaciones para construir represas como El Cajón y ahora construyen la represa El Zapotillo, junto con la trasnacional española Fomento de Construcciones y Contrata (FCC)”, detalla la organización.
Sin entrar de fondo en la personalidad del empresario tijuanense, el Mapder recuerda que en 1996, Jorge Hank fue detenido en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, acusado de contrabando de artículos de piel, y que la designación de su empresa para la construcción de la cortina del embalse está plagada de errores y la Secretaría de la Función Pública estuvo a punto de suspender el proceso de licitación.
En el comunicado se menciona que la dueña de FCC es la millonaria española Esther Koplowitz Romero de Juseu, marquesa de Casa Peñalver, quien es la principal accionista, cuya riqueza, según la revista Forbes del año 2009, ocupó el puesto 430 del mundo.
En España se presume como la empresa más importante del sector, mientras que con su Fundación Esther Koplowitz tiene una imagen social responsable.
“En México se beneficia con la construcción que va a implicar dejar sin hogar ni tierras a los habitantes de tres poblados que pretenden ser reubicados por la fuerza, expropiadas sus viviendas y hacinados en pequeñas viviendas mal construidas. Mientras en Madrid y en Barcelona, España, Esther Koplowitz construye viviendas dignas para personas mayores, acá no le importa la muerte de ancianas mayores que durante el 2010 fallecieron en la comunidad de Temacapulín, causadas por la crisis traumática que les ocasiona la tensión de que serán expulsadas de sus viviendas por la construcción de la represa que lleva a cabo la empresaria Esther Koplowitz”.
Los opositores insisten que el proyecto que encabeza la Comisión Nacional del Agua para dotar del vital líquido a la ciudad de León, Guanajuato, la Zona Metropolitana de Guadalajara y 14 municipios de los Altos de Jalisco, se realiza al margen de la ley: sin cambio de uso de suelo, sin respeto a los derechos humanos, ni consulta; con amenazas a la población, con órdenes de aprehensión contra las personas a las que además pretenden desalojar violentamente; “pese a las recomendaciones del Congreso del Estado, de Amnistía Internacional, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de detener la obra, de amparos, de peritajes psicosociales, y del dictamen del INAH”.
Fuente: La Jornada de Jalisco
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