YADIRA LLAVEN
“Por ser un lugar violentado, lleno de narcos, y por su cercanía a las comunidades de la Libertad, Momoxpan y Cuautlancingo”, Puebla fue el único estado de la ruta clandestina del migrante, en su paso hacia los Estados Unidos, donde la caravana “Paso a paso hacia la paz” sufrió un atentado.
Lo anterior fue declarado por el encargado de la Pastoral del Migrante de la arquidiócesis de Puebla, el párroco Gustavo Rodríguez, a raíz de la detención irregular del sacerdote Alejandro Solalinde y dos de sus guardaespaldas, señalado por llevar armas largas en su vehículo particular.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Gustavo Rodríguez informó que tras la liberación del prelado, el secretario de Seguridad Pública local, Amadeo Lara Terrón, acudió personalmente a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se encontraba pernoctando medio millar de migrantes centroamericanos, para pedir disculpas a Solalinde, por ser tratado dijo “como delincuente, por parte de los policías poblanos”.
Ante los hechos violentos, indicó que la Comisión del Episcopado Mexicano hará un pronunciamiento por escrito a las autoridades, para respaldar a los sacerdotes y religiosas que han sido amenazados por ayudar a los migrantes en su travesía por el país.
A su juicio, el padre Gustavo comentó que la detención del director del albergue “Hermanos en el Camino”, de Ixtepec, Oaxaca, fue por un problema administrativo que pudo derivar en un conflicto social, si es que las autoridades oaxaqueñas no intervienen a tiempo.
“Fue un momento amargo; nos asustamos; pudo ser un polvorín porque estábamos reunidos las organizaciones sociales, los medios de comunicación, y Amnistía Internacional. Pero no pasó a más”, detalló el entrevistado.
De la caravana “Paso a paso por la paz”, precisó que es coordinada y organizada por familiares de migrantes desaparecidos, secuestrados y extorsionados de Guatemala, El Salvador y Honduras, a la que se solidarizaron las casas de migrantes de varias entidades.
En la ruta del migrante, acompañando a los indocumentados, venían los sacerdotes: Heyman Vázquez Medina, de la Casa del Migrante de Arriaga, Chiapas; Tomas González, de la Casa del Migrante de Tenosique, Tabasco, y Alejandro Solalinde, de Ixtepec, Oaxaca.
Al templo de Nuestra Señora de la Asunción, dijo, nos pidieron que nos uniéramos al paso de la caravana para recibirlos en Puebla, después de su periplo por Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
Sin embargo, el prelado destacó que en ningún lugar del trayecto de casi mil kilómetros de distancia hubo un problema, sólo aquí, en Puebla, pese a que también contaron con el apoyo de la Comisión Episcopal Pastoral del Migrante.
“Y esto es por la situación que vive Puebla, por ser un lugar lleno de narcos, sobre todo en estas colonias (Aquiles Serdán). Por eso a los policías les llamó la atención que hubieran armas largas en el carro del padre, pese a que sus guardaespaldas mostraron todos sus papeles en regla”, aseveró el jerarca católico.
De la visita del secretario de Seguridad Pública, el padre Gustavo reveló que el funcionario les explicó que la intención no era intimidar al sacerdote, mucho menos a la caravana de emigrantes, pero Lara Terrón destacó que “no era una mala jugada”, sino que la zona de la colonia Aquiles Serdán está marcada como punto rojo para las policías poblanas.
Consideró que la problemática que se dio entre las policías de Puebla y Oaxaca fue una cuestión administrativa entre las dos instituciones, pues los guardaespaldas de Solalinde trabajan en el gobierno oaxaqueño.
A propósito del exhorto que realizará la iglesia católica referente a las amenazas que han recibido sacerdotes y religiosas por apoyar a los migrantes centroamericanos en su paso a los Estados Unidos, mencionó que fue uno de los temas abordados ayer en el Senado de la República.
Lo que se pide, adelantó, es que los gobiernos de los estados oficialicen la entrega de un visado a los migrantes, para que transiten libremente por el país, y con ello se evite el pago de “mordidas” a los agentes migratorios.
“Que la autoridad no se deslinde de su responsabilidad, y que respete a los migrantes en tránsito”, puntualizó.
A pesar de los anuncios de protección a los ciudadanos indocumentados que cruzan México, manifestó finalmente que se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad en México, como lo ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el reporte de más de 10 mil decesos, en el primer semestre de 2010.
Fuente: La Jornada de Oriente
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