10 puntos para la solución alternativa al conflicto de San Juan Copala

El Estado mexicano no ha buscado atender las causas estructurales del conflicto suscitado en torno al Municipio Autónomo de San Juan Copala. No ha entendido la propuesta de autonomía como una respuesta indígena a su incapacidad por atender el rezago, la inseguridad y la injusticia contra los indígenas. Tampoco ha tenido la capacidad ni la intención de contener la violencia paramilitar que se comete contra la nación triqui.

El Estado tampoco ha podido atender la crisis humanitaria causada por el sitio, asalto y desplazamiento forzado contra poblaciones enteras.

Esta ruta no ha traído ninguna solución al conflicto. Insistir en ella lo único que va a traer en el futuro próximo es un conflicto de proporciones aún impredecibles.

Y sin embargo el problema tiene una solución que pasa por atender algunos elementos básicos:

1.- El Estado debe entender y atender las causas estructurales que dieron origen al problema y por tanto debe reconocer que el pueblo triqui, una porción de este, o cualquier pueblo o comunidad indígena, tiene derecho a escoger libremente las formas de organización que determinen en el marco del Estado nacional. Por lo tanto el Estado lejos de combatir o ignorar al Municipio Autónomo de San Juan Copala le debe brindar toda la asistencia para que pueda lograr su propósito en el marco de los mecanismos legales existentes en México y en el ámbito internacional.

2.- Se debe garantizar el acceso de la población a la jurisdicción del Estado en materia de justicia. El Estado no puede abdicar de sus funciones innatas de brindar protección y seguridad a los habitantes, en cualquier parte del territorio nacional. Se debe proceder de inmediato a la detención de los causantes de las muertes de las dos locutoras de la radio "La Voz que Rompe el Silencio", y de los asesinatos y emboscadas del 1ª de noviembre del 2009, 10 de enero, 16 de abril, 27 de abril, 20 de mayo, 23 de agosto, 11 al 19 de septiembre, 16 de octubre, 29 de diciembre del 2010, entre otros. Con la detención de estas personas se estaría deteniendo a los autores materiales de cientos de asesinatos en la región, producidos a lo largo de numerosas emboscadas en las últimas décadas. Los asesinos, secuestradores y violadores deben ser sometidos a juicio y encarcelado, no importando su filiación política,, ni su nivel de interlocución con el actual gobierno, mientras subsista la impunidad nunca se resolverá el problema. Esto implica también detener y encarcelar a los autores materiales e intelectuales de la muerte de Heriberto Pazos, Anastacio Juárez, Maximiliano Bautista Martínez y Julián Martínez Ramírez. No se trata solo de detener a los que dispararon, sino también de los que dieron las órdenes, el dinero y la cobertura.

3.- Retorno inmediato de todos los desplazados de San Juan Copala a sus hogares, reparación de los daños causados por el cerco y la toma paramilitar del poblado. Reparación del daño económico causado por la pérdida de vidas humanas a las viudas y a los huérfanos. Reparación del daño económico causado por heridas, secuestros y violaciones. Atención a las carencias sociales, económicas, culturales y psicológicas causadas por el cerco y la toma paramilitar de San Juan Copala.

4.- Reestructuración administrativa y territorial en San Juan Copala, reconocimiento de la nueva poligonal política de las comunidades que conforman el Municipio Autónomo de San Juan Copala.

5.- Acciones afirmativas para garantizar la seguridad y protección de los habitantes de esas localidades. Se debe reconocer el derecho de las comunidades triquis a establecer su propia policía comunitaria y la obligación del Estado en la garantía de seguridad para todos los habitantes, garantía que no puede estar fundada en la ocupación militar o policiaca de los poblados, sino en la captura, desarme y encarcelamiento de las bandas paramilitares, independientemente de su filiación política. Debido a la tradicional complicidad de la policía estatal y regional con las bandas paramilitares, las fuerzas que asuman el control deberán actuar conjuntamente, bajo un mando federal y deberán contar con la vigilancia de una comisión de verificación constituida por personal operativo de organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas.

6.- Reconocimiento por parte de los actores sociales de que la solución del problema no significa la aniquilación de una u otra organización. Los indígenas triquis tienen derecho a pertenecer a la organización que quieran. El respeto a los espacios y la dignidad de las personas será un elemento básico para mantener la paz que se logre en la región. Detenidos y castigados los elementos que han causado muertes y acciones violentas contra la población triqui, MULT y Ubisort tendrán una importante oportunidad de reconstituirse como organizaciones sociales.

7.- Acabar con el aislamiento de la zona triqui. Un elemento determinante para que la impunidad y el paramilitarismo hayan prevalecido durante tantas décadas en territorio triqui, es el aislamiento intencional al que han sido sometidos. En toda la región triqui perteneciente a las comunidades que conforman el Municipio Autónomo de San Juan Copala no hay un sólo teléfono celular que funcione. Los teléfonos fijos establecidos en algunas otras localidades son imposibles de usar debido a la violencia contra los integrantes del Municipio Autónomo. El Estado mexicano debe de inmediato a) Dotar preventivamente de teléfonos satelitales a las autoridades de las comunidades autónomas triquis en el área de conflicto. b) Restituir y ampliar el servicio de telefonía rural en San Juan Copala, una vez realizado el retorno de los desplazados, y en las demás comunidades del Municipio Autónomo. c) Establecer el servicio de telefonía celular normal en toda la región. d) establecer el servicio de Internet en todas las comunidades del Municipio Autónomo. e) Restituir y garantizar la seguridad para la radio comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio”. f) dar garantías de seguridad al libre tránsito de vehículos, bienes y personas, mediante el mecanismo planteado en el punto seis. g) Restaurar y proteger la carretera que va de Putla a Juxtlahuaca y que cruza toda la región Triqui Baja. Esta carretera debe ser un punto de certeza de seguridad para los habitantes de la región y no el escenario de las emboscadas de las bandas paramilitares.

8.- Suspender cualquier concesión o permiso de explotación o exploración de recursos minerales que se haya dado en el territorio de las comunidades triquis organizadas en Municipio Autónomo. Cancelar los permisos de explotación de los recursos forestales y de todo tipo de recursos naturales por personas o empresas ajenas a las comunidades autónomas.

9.- El Congreso de la Unión, por medio de la Comisión Plural para el Tema de San Juan Copala debe brindar todos los recursos necesarios con el objeto de que el Municipio Autónomo de San Juan Copala pueda contar con la asesoría legal y multidisciplinaria del más alto nivel a fin de que pueda integrar su demanda de autonómica del pueblo triqui. El Congreso del estado de Oaxaca deberá responder a esta demanda con toda prontitud, diligencia y en estricto apego a las leyes.

10.- Debe establecerse un procedimiento de verificación del cumplimiento de las propuestas aquí vertidas, conformado por organismos de derechos humanos a nivel internacional.

La paz sólo es posible como resultado de la justicia y el respeto a la dignidad de las personas. Esto es el elemento que debemos considerar si queremos avanzar en la dirección de la solución del dramático conflicto de San Juan Copala.

El Estado mexicano no puede seguir pretendiendo ignorar que en San Juan Copala tenemos la expresión más nítida de un genocidio contra un pueblo indígena y la cantidad proporcionalmente mayor de asesinatos frente a un movimiento social.

Por acuerdo de la Reunión de Autoridades de las Comunidades del Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Consejo Comunitario Autónomo.

Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Zona triqui baja.

Primero de Septiembre del 2011.