LEOPOLDO GAVITO NANSON - LUNES, SEPTIEMBRE 12, 2011
En fechas recientes, en escasos 20 días, Veracruz se ha convertido en un referente mundial del sinsentido, la improcedencia y el despropósito. A escala nacional sucede lo mismo. Poco más de dos semanas en las que el gobierno del estado se ha socavado a sí mismo a ritmos crecientes y en proporciones geométricas. ¿Cómo es eso posible?
Lo es porque el 26 de agosto pasado fueron detenidas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado dos personas, dos ciudadanos. Un profesor y una comentarista radiofónica.
Un día antes de su detención ambos publicaron en las redes sociales Facebook y Twitter textos en los que se alertaba sobre un ataque criminal a escuelas en la zona de Veracruz y Boca del Río. Circulaban varios mensajes de diversos emisores que al reproducir el tema generaron una situación de preocupación colectiva –calificada como psicosis por algunos–, toda vez que varios padres se trasladaron a las escuelas para llevarse a sus hijos.
Hay razones más que sobradas que explican a cabalidad la reacción de los padres. Primero, es que desde hace cinco años el país vive una pesadilla de violencia aleatoria e impensada y a la que el gobierno federal insiste en atribuir exclusivamente a la lógica criminal, sin considerar marginalmente siquiera que en buena medida esa violencia es consecuencia de las decisiones tomadas por el propio gobierno federal; segundo, cinco años en donde la aleatoriedad de la violencia ha fragilizado prácticamente todos los referentes de certidumbre y seguridad. Lugares que solían ser intocables y sinónimos de seguridad como hospitales, escuelas y templos religiosos son hoy escenario de actividades y violencia criminal; tercero, el rumor prospera y se expande sobre la base de la ignorancia y la desinformación, tanto el país como el estado han vivido por lo menos cinco años en la desinformación deliberada, en su ocultamiento y distorsión. Baste para ilustrar el punto, el ejemplo reciente del informe presidencial del 1º de septiembre o, en otro nivel, la información sobre la precariedad financiera del estado y sus causas desagregadas.
La sociedad busca siempre la forma de enterarse de la realidad. Es una dinámica universal que se repite consistentemente. Incluso en los peores regímenes totalitarios. Desde la pesadilla camboyana con el Khmer Rouge, la ex Unión Soviética, la Alemania Nazi, el Irak de Hussein, el Afganistán dominado por el talibán o Chile y Argentina durante las dictaduras militares. Vamos, hasta en el gueto de Varsovia se publicaban volantes informativos clandestinos. Ejemplos al respecto sobran.
La violencia sumada a la desinformación abona con largueza el terreno para la información informal. Sucede lo mismo que en la economía, si la economía formal es depresiva, constreñida y no crea condiciones de bienestar, se generan las condiciones y los incentivos para la economía informal. Si gobernantes y medios de comunicación no informan con suficiencia y veracidad, se incentivan los medios informales de información. Si existen el desarrollo tecnológico el fenómeno escala. No es algo que se pueda controlar. Lo único que asegura su minimización es la información oportuna, cierta y verificable.
Por ejemplo, si el gobierno percibe un rumor creciente de agresiones a planteles escolares, y el temor colectivo cunde, lo prudente y racional es que el mismo gobierno emita boletines informativos urgentes y en cantidad suficiente que informen a la sociedad por todos los medios disponibles desde las redes sociales hasta la radio y el resto de los formatos informativos.
Violencia y desinformación crean un ambiente de hostilidad psicoemocional para la totalidad de la población en México. El fenómeno en las escuelas en Veracruz es la expresión de eso. No se genera psicosis por un rumor, se genera psicosis por las condiciones de desinformación en donde un rumor exacerba las inseguridades y se reacciona frente a ello.
La ruta de la reproducción de los mensajes puede ser trazada con precisión. Se ha hecho ya en varios medios nacionales. Entre ellos la revista Sin embargo, donde Lydia Cacho dedica un artículo muy crítico a la malhadada decisión del gobierno.
El mismo día del fenómeno tuitero el procurador del estado informó de una improbable policía cibernética que investigaba a tuiteros por difundir rumores falsos. Mencionaba por sus nombres de cuenta a 16. Se redujo a dos. Los dos que están en la cárcel. La prensa nacional e internacional también han dado cuenta ya de las irregularidades. El abogado de María de Jesús Bravo Pagola difundió un comunicado en el que acusaba a la Procuraduría General de Justicia de obstaculizar su defensa al no permitir la comparecencia de dos peritos en informática forense.
Bravo Pagola fue detenida junto con su coacusado el viernes 26 de agosto, el 31 de agosto la jueza Beatriz Hernández Rivera les dictó formal prisión acusados de terrorismo. La sola idea de endilgarles y hacer pasar tal acusación es absurda. Sin embargo el procedimiento legal sigue su curso. Y ese hecho ha traído un inmenso costo al gobierno del estado. Esta afirmación no es una mera opinión valorativa, puede verificarse. Veamos unos ejemplos. La señora Bravo Pagola y su coacusado fueron detenidos en agosto 26. Una búsqueda de su nombre en Internet realizada el 5 de septiembre arrojó 5 mil resultados. La misma búsqueda realizada un día después arrojó 22 mil 400 resultados; para el 11 de septiembre a eso de las 13 horas fueron 59 mil 900. Su coacusado, el profesor Gilberto Martínez Vera, que no tenía la misma exposición pública, arrojó 14 mil 800 resultados. La abrumadora mayoría de tales referencias son condenas al actuar gubernamental.
Algo similar sucede con asociaciones a medios de comunicación internacionales.
Bravo Pagola Associated Press arroja la friolera de 11 mil 400 resultados; con Reuters 4 mil 10; France Press 3 mil 770; con Prensa Latina, 2 mil 150.
El Washington Post encabezó una nota al respecto como “Mexicanos divididos por los cargos de terrorismo en contra de usuarios de Twitter, posibles sentencias de 30 años”. La primera frase de la nota decía: Una ex maestra convertida en comentarista de radio y un tutor de matemáticas que vive con su madre están en una prisión en el sur de México, enfrentan 30 años de prisión posibles por terrorismo y sabotaje en lo que pueden ser los cargos más graves jamás dictados contra cualquier persona que utilice una cuenta en la red social Twitter”. El diario estadounidense da cuenta de los niveles ilimitados del despropósito, cita a Gerardo Buganza que comparó lo sucedido en Veracruz con el pánico causado por aquella paradigmática transmisión de 1938 del radio teatro la Guerra de los Mundos, dirigida por Orson Welles y que provocó por lo menos un intento de suicidio. No ayuda el secretario de Gobierno a su jefe con tales analogías que revelan la profundidad de su ignorancia.
Organizaciones internacionales como Artículo 19, que defiende la libertad de expresión e información se refiere al caso en estos términos: “Equiparar la desinformación con actos de terrorismo o sabotaje es desproporcionado y contrario al marco jurídico vigente de derechos humanos”. Ubica la nota junto a otra que da cuenta del asesinato de dos periodistas vinculadas a la revista Contralínea la semana pasada. Reporteros sin Fronteras: “Por haber difundido mensajes vía Twitter y Facebook sobre posibles ataques del crimen organizado, dos usuarios de estas redes sociales se encuentran detenidos desde el 25 de agosto de 2011 en Jalapa, en el estado de Veracruz”. Acusados formalmente de “terrorismo” y “sabotaje”.
Los Angeles Times: “¿El crimen que se les imputa? Tuitear información incorrecta sobre potenciales ataques terroristas en Veracruz”.
El caso lo han reproducido en términos similares Mashable, dedicada a difundir noticias de medios sociales, The Slate, The Next Web, CNN, Global Voices. CNN da cuenta de 33 mil 660 resultados de búsqueda vinculados al caso.
ECP desconoce cuál fue el proceso de toma de decisiones en este desatinado asunto. Cualquiera que haya sido, es preciso que el gobernador ponga orden y desista de la acusación de terrorismo. De cualquier acusación, de hecho. Es claro que el costo no se lo cargarán a sus colaboradores sino a él, personalmente.
La bola de nieve fue echada a rodar el 26 de agosto, ha crecido en dimensiones inaceptables por irracionales y erróneas; el mensaje que entrega es contrario a la razón de Estado y de gobierno. La declaración preparatoria de coacusados da cuenta de varias irregularidades cometidas en su contra, entre ellas tortura psicológica, mortificaciones e incomunicación durante alrededor de 60 horas. Esto es un asunto que está en los medios mundiales y de forma creciente. De ningún modo es una forma de promover al estado. Contradice por el eje lo que el gobernador ha dicho sobre lo que quiere promover y atraer para el estado. Es momento de desmontar el absurdo. No hay ganancia en él para nadie. No la hay para el orden ni para el principio de autoridad, no la hay para el gobernador ni para sus colaboradores. Para nadie. Todos pierden.
*Es Cosa Pública
lepoldogavito@gmail.com
Fuente: La Jornada de Veracruz
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