El Estado policiaco mexicano

ALEIDA HERNÁNDEZ CERVANTES

Un Estado policiaco se caracteriza por dos elementos fundamentales: el ejercicio desmedido del control y vigilancia policiales hacia los ciudadanos, y un desprecio progresivo de parte de las autoridades por el respeto a los derechos humanos.

En la literatura, la obra que mejor representa lo que es un Estado policiaco es 1984 de George Orwell. En ella el autor recrea un país y una sociedad que vive sujeta en todo momento a los controles y vigilancia permanentes del Estado, no importando que los métodos e instrumentos que éste emplee sean de lo más oscuro y siniestro, como cámaras de vigilancia en los hogares, o que cualquier persona pueda denunciar anónimamente a sus vecinos sin mayores pruebas de ser un personaje “peligroso” para el Estado, por mencionar sólo algunos ejemplos. Por supuesto, el miedo y el terror viven instalados en la vida cotidiana de ese país, que no fue sólo producto de la imaginación extraordinaria de Orwell.

En México, el sexenio de Calderón se ha caracterizado, entre otras cosas, por un sinnúmero de políticas de Estado tendientes a instaurar un Estado policiaco: las fuerzas armadas en las calles violando derechos humanos; la criminalización de la juventud; leyes y propuestas de reformas, cada vez más duras en materia penal y de seguridad pública, con el argumento del combate al crimen organizado en desmedro de las garantías de los ciudadanos. En ese sentido, la novedad de la semana es la propuesta de nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que envió Calderón a la Cámara de Diputados. Dos aspectos (aunque hay muchos) son los que más preocupan respecto del contenido de la propuesta:

1. Autoriza detenciones en “casos de urgencia”, mediante un sistema de “investigación sin autorización judicial”. Esta es una modalidad de detención que no exige cumplir con los requisitos consistentes en que el Ministerio Público obtenga una orden de detención por parte de las autoridades judiciales cuando no se trata de casos de flagrancia del delito. Se podrá llevar a cabo esto, según la propuesta, tratándose de delitos considerados como graves (lesiones o piratería, por ejemplo) o también cuando exista “riesgo fundado” de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia. La pregunta obligada en este caso sería ¿en qué consistirá el “riesgo fundado” para detener a alguien sin las debidas formalidades y garantías del proceso penal? Además, a diferencia de lo que estipula el código vigente, cuando se incurra en la violación a lo establecido para la detención de “casos urgentes”, se hará penalmente responsable al Ministerio Público o funcionario que decrete indebidamente la detención y el sujeto sería puesto en inmediata libertad. Lo anterior, al menos constituye una previsión de que se castigará al MP o a cualquier funcionario que viole derechos. Sin embargo, la propuesta de Calderón suprime esta parte, dejando en mayor indefensión a quienes puedan ser objeto de violaciones a derechos con una detención en “caso urgente” y dando mayor libertad a las autoridades penales para violentar derechos, pues no habrá castigo explícito para ello.

2. Técnicas de investigación sin autorización judicial. La iniciativa de Calderón plantea una serie de técnicas de investigación de la policía que no requerirán de autorización judicial para llevarse a cabo. Es decir, se trata de que la policía tenga menos controles de su actuación por parte de las autoridades judiciales lo cual constituye un aspecto muy alarmante de la propuesta legislativa, pues se le da mayor libertad a las policías para hacer y deshacer sin el riesgo de ser castigados. Entre las actuaciones de la policía que no requerirían de autorización judicial están las siguientes: la inspección del lugar de los hechos, la inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo, la revisión de personas y la revisión corporal, la inspección de vehículos; el levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada, las operaciones encubiertas, la entrevista a testigos, entre otras.

Sin duda, con este tipo de propuestas de ley, Calderón nos coloca en un terreno de indefensión ciudadana, pues cualquier persona podría caer en manos de una policía arbitraria y cada vez con menos controles judiciales. ¿Será ahora la policía un nuevo poder absoluto y autónomo frente a los otros poderes que ya están establecidos por la Constitución Política mexicana? El Estado policiaco mexicano ya está aquí y, por supuesto, un profundo miedo se está instalando en nuestra sociedad. Algo tendremos que hacer para detener todo esto.

Fuente: La Jornada de Jalisco