México, D. F., a 22 de septiembre de 2011
Para la Fundación para la Libertad de Expresión es preocupante el clima autoritario que constantemente se percibe en varios países de América Latina, en los cuales los intentos por acallar la crítica culmina en violencia contra quienes difunden el sentir de la sociedad; por otro lado, la impunidad se incrementa y esto permite que quienes se ven afectados por el trabajo periodístico, atenten, sin riesgo para ellos, contra los periodistas.
Así, por ejemplo, el pasado 8 de septiembre Medardo Flores y un grupo de comunicadores populares voluntarios de Radio Uno de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, fueron tiroteados, resultando asesinado el también integrante de varias organizaciones asistenciales y de los derechos humanos.
Medardo Flores participaba con regularidad en programas de opinión y entrevistas y era encargado de finanzas en el norte del país del Frente Nacional de Resistencia Popular, movimiento que lidera Manuel Zelaya.
Con la muerte de Flores la suma de comunicadores asesinados en Honduras en 2011 llegó a 4 y de acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya asciende a 14 la cifra de muertes de periodistas, cuyas causas no se han aclarado y que podrían tener relación con el ejercicio de la profesión desde el golpe de Estado de junio de 2009 contra el ex presidente Manuel Zelaya.
El miércoles 14 de septiembre ocurrió el asesinato del periodista peruano José Oquendo Reyes, el segundo caso de este tipo en una semana, y el tercero en lo que va del año en Perú.
El pasado 8 de septiembre fue baleado por desconocidos el periodista Pedro Alonso Flores Silva, director del programa informativo Visión Agraria de canal 6 de la ciudad norteña de Casma, y en mayo también murió en similares circunstancias Julio Castillo en la ciudad de Virú, en el norte del país.
Oquendo Reyes, era conductor del programa "Sin Fronteras" que se trasmitía por cadena BTV Canal 45, y fue muerto a tiros por desconocidos en la ciudad de Chincha, a unos 200 kilómetros al sureste de Lima.
Existen evidencias de que Oquendo Reyes había denunciado presuntas prácticas de corrupción en la gestión del alcalde de Chincha, Lucio Juárez Ochoa.
Además de los hechos antes descritos, para la Fundalex es preocupante que la impunidad sea una señal que da carta abierta para quienes desean atentar contra periodistas, como es el caso de que el pasado 13 de septiembre caducaron las acciones judiciales por el asesinato en 1991 de Arsenio Hoyos Lozano, director y propietario de la emisora “La Voz de Ariari”, y líder cívico del municipio de Granada, en el departamento del Meta.
Es el octavo caso que caduca este año en Colombia, sin que se hubiera encontrado a los responsables de los asesinatos. La reforma a la ley No. 1426, del 29 de diciembre de 2010, extendió el plazo de prescripción a 30 años, pero no tuvo efecto retroactivo.
Para la Fundalex, proteger y respetar la libertad de expresión es un deber de los estados democráticos porque en tanto éste derecho humano sea erosionado, lo mismo ocurrirá con la sociedad.
Fundación para la Libertad de Expresión, A. C.
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