Amnistía Internacional (AI) se sumó hoy al llamado realizado por diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana y de organizaciones internacionales para que las autoridades de Guerrero pongan fin a la impunidad que ha prevalecido en el caso del asesinato de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2011.
El 12 de diciembre de 2011 agentes estatales asesinaron a los estudiantes de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús durante una manifestación en Chilpancingo, Guerrero.
El pasado 23 de abril de 2013 por la tarde, fueron liberados dos elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, esta liberación ocurre como resultado de una revisión del proceso ordenada por un tribunal federal argumentando que las pruebas para su detención eran insuficientes.
Como consecuencia de estas liberaciones, ningún agente del estado se encuentra ni proceso ni sentenciado por estos asesinatos.
Amnistía Internacional llama a las autoridades de Guerrero a tomar todas las acciones necesarias para evitar que estos asesinatos permanezcan en la impunidad y para asegurar que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia.
Además, la organización insta a hacer públicos los resultados de las investigaciones con relación a este caso para garantizar el acceso a la verdad para las víctimas y para la sociedad.
Información adicional:
El 12 de diciembre de 2011 fuerzas policiales Federales y del Estado de Guerrero acudieron a la Autopista del Sol para contener una manifestación de estudiantes que exigía mayores recursos para su escuela.
Durante este operativo las fuerzas de seguridad realizaron disparos en dirección al grupo de manifestantes, resultando esto en la muerte de dos estudiantes. En ese mismo operativo falleció también un trabajar de una gasolinera mientras trataba de contener un incendio.
Tras el operativo, Gerardo Torres, un estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue detenido y, tras vendarle los ojos, en un lugar aislado, seis agentes estatales lo amenazaron de muerte, le propinaron puñetazos en el estómago, las costillas y brazos para obligarlo a apretar el gatillo de un arma automática y poner sus huellas dactilares en los casquillos de las balas usadas para culparlo falsamente de los disparos efectuados previamente.
Los diversos cuerpos de seguridad involucrados han negado tener responsabilidad. Sin embargo, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la Recomendación Especial 1 VG/2012, concluyó con base en su propio trabajo pericial que los proyectiles de arma de fuego que habían privado de su vida a los estudiantes habían sido disparados por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero.
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