ALEJANDRA GUILLEN
Mariano Abarca, líder indígena.
Foto: Especial
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Días antes de su asesinato, Mariano Abarca denunció que lo habían amenazado con “quebrarle la madre a plomazos” para que dejara de inconformarse con la presencia de la mina La Revancha en Chicomuselo, Chiapas; aunque la Embajada de Canadá estuvo enterada de los hechos decidió encubrir a la empresa Blackfire, propietaria de la mina, e incluso después de que le dispararon a quemarropa al líder indígena el 27 de noviembre de 2009.
De todo lo anterior da cuenta el informe Minería canadiense en México: Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá un caso de corrupción y homicidio, financiado por las organizaciones Mining Watch Canada, United Steelworkers y Common Frontiers, fechado en mayo de 2013.
El documento se basa en solicitudes de acceso a la información al gobierno de Canadá en las que, según la organización, se evidencia que la Embajada prestó apoyo fundamental e “inescrupuloso” a las operaciones de la empresa minera que, además de provocar un conflicto con la comunidad de Chicomuselo, está bajo investigación de la Real Policía Montada de Canadá por presuntamente haber corrompido al presidente municipal para comprar seguridad.
En las más de 900 páginas de correos electrónicos, informes y otros archivos, hay evidencias de que la Embajada tuvo conocimiento de la criminalización y las amenazas a Mariano Abarca y fue omisa; además, después del asesinato, del cierre de la mina y de las denuncias de corrupción por pagos al presidente municipal de Chicomuselo, mantuvo su respaldo a la trasnacional ante funcionarios mexicanos y en los reportes que enviaban a su país.
Todo ello, explica el documento, contraviene las normas de conducta que debería seguir la Embajada canadiense basándose en la declaración sobre la misión del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (DFAIT), en las obligaciones de Canadá frente a los derechos humanos internacionales, el marco voluntario de la Responsabilidad Social Corporativa de Canadá para la industria extractiva en el extranjero y la Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros, vigente desde 1998.
De las mineras existentes en el mundo, 75% tiene su sede en Canadá y muchas de éstas se encuentran asociadas a “conflictos serios”. En México, Canadá es el segundo inversionista en el sector extractivo, después de Estados Unidos, y en 2010 la oficina canadiense para la Responsabilidad Social Corporativa informó que de las 269 empresas extranjeras en el sector minero mexicano, 204 eran canadienses, es decir, las tres cuartas partes.
Tras el análisis de este caso, Mining Watch Canada afirma que “es evidente que los mecanismos legales existentes no aseguran que las empresas mineras canadienses en el extranjero respeten los derechos humanos colectivos e individuales y acaten el estado de derecho”. Esta visión concuerda con la de un sector de académicos, como Pablo González Casanova, Ana Esther Ceceña, Edgar Lander o Raúl Zibechi, y de pueblos en Latinoamérica que consideran que la manera en que operan las trasnacionales mineras representa una especie de neocolonialismo a través del sector extractivo que, además, ha tenido un boom desde la crisis financiera global de 2008.
Los informes y correos a los que tuvo acceso Mining Watch sobre el caso de Chicomuselo conforman una radiografía sobre cómo operan las mineras canadienses en otros países.
“No es justo que extranjeros agredan a nuestra gente”
El documento establece que la Embajada de Canadá fue crucial para la apertura de la mina La Revancha en la Sierra
Madre de Chiapas, a pesar de que existían informes de 2007 en los que se decía que las comunidades no habían dado su pleno consentimiento y la tensión iba en aumento.
En ese año, Douglas Challborn, consejero político de la Embajada, visitó el sitio y anticipó “posibles problemas” relacionados con el método que la empresa utilizó para consultar a los pueblos. Por su parte, Blackfire aseguraba que había negociado pagos y programas para la comunidad, como hacer pozos de agua e impulsar la siembra de jatrofa, una planta utilizada para producir biocombustibles. Pero el funcionario informó que tenía dudas de que realmente hubiera habido un proceso de consulta en los ejidos Nueva Morelia y Grecia, en cuyo territorio se asentó la mina.
Las advertencias del funcionario no importaron, como lo demuestra un correo de septiembre de 2008 en el que Blackfire agradece a la Embajada de Canadá por “presionar” al gobierno de Chiapas para iniciar la explotación de barita en la región (material que se utiliza en los pozos petroleros).
La Revancha, también denominada mina Payback, comenzó a operar a cielo abierto en 2008 y de nuevo hubo intervención diplomática canadiense para favorecerla; en esa ocasión para conseguir con el gobierno mexicano los permisos para el uso de explosivos.
Mientras tanto, en las comunidades crecía la resistencia al proyecto extractivista y el líder Mariano Abarca era cada vez más importante en la lucha contra la minera; en ese punto la Embajada tomó partido a favor de la empresa y promovió la versión de que la resistencia comunitaria era “peligrosa y posiblemente criminal”.
A principios de 2009 hubo manifestaciones para exigir la cancelación de los permisos para la operación de la mina La Revancha y –de acuerdo con documentos internos de la Embajada– los diplomáticos canadienses consideraron estos actos como intentos oportunistas cuyo único objetivo era obtener más dinero de la empresa Blackfire. Incluso el comisionado de Comercio, Paul Connors, concluyó que Blackfire enfrentaba los desafíos de los ejidos y de la comunidad de Chicomuselo para entregar dinero adicional, “más allá de los acuerdos ya firmados por la empresa”.
El 22 de julio de 2009, una delegación de habitantes de Chicomuselo se plantó frente a la Embajada canadiense en la ciudad de México; un video colgado en Youtube registra el momento en que Mariano Abarca explica a funcionarios de relaciones públicas que Blackfire les estaba afectando gravemente: “además del conflicto social, la empresa está usando a unos 40 empleados como grupos de choque para repeler a la comunidad (…) Nos preocupa la contaminación del medio ambiente y las amenazas a los que estamos en el movimiento. Pensamos que no es justo que gente extranjera agreda a nuestra propia gente y ellos llevándose la riqueza a otro país”. A pesar de este encuentro y las advertencias, la representación diplomática siguió actuando a favor de la empresa.
Tres semanas después, policías vestidos de civil detuvieron al activista atendiendo una queja interpuesta en su contra por la oficialía de relaciones públicas de Blackfire. En respuesta, distintas organizaciones y personas enviaron a la Embajada de Canadá mil 400 correos electrónicos en apoyo a Abarca, quien días después fue liberado al no haber elementos para procesarlo.
Fue un nuevo aviso de lo que venía, pero los diplomáticos insistían en que la detención era un arresto legal y justificado por el bloqueo que la comunidad mantuvo durante los meses de junio y julio de 2009 en el camino a la mina de Blackfire.
Más allá de averiguar los detalles de la detención de Abarca con las autoridades mexicanas -detalla el informe- los diplomáticos canadienses respaldaron la denuncia de la empresa contra el activista “por los delitos de asociación ilícita, crimen organizado, ataques a las vías de comunicación, daños contra la empresa, alteración del orden, amenazas contra la integridad corporal, la integridad colectiva y del patrimonio del estado”.
La trasnacional argumentaba ante todas las autoridades mexicanas que sólo quería operar una mina legalmente y que no era cierto que se contaminaba al medio ambiente, como lo denunciaban las comunidades afectadas, porque la barita “es un mineral suave como la caliza” y no necesita de sustancias químicas para su extracción.
En su informe, Mining Watch Canada considera que durante el tiempo que operó la mina La Revancha, se hizo evidente que la Embajada tuvo conocimiento del conflicto suscitado en torno a las operaciones de Blackfire en Chiapas y en vez de analizar el comportamiento de la empresa, más bien asumió y fortaleció la perspectiva “hostil” de ésta, “lo cual sentó las bases para la violencia que tendría lugar más adelante”, es decir, el asesinato de Mariano Abarca.
La resistencia de las comunidades continuó y el 7 de septiembre de 2009 los habitantes del ejido Nueva Morelia informaron que la empresa estaba llevándose barita sin efectuar pago alguno. Entonces intentaron bloquear de nuevo el camino de acceso a la mina, pero los trabajadores del corporativo los amenazaron y hubo confrontaciones.
Ese mismo mes, el comisionado de Comercio de la Embajada, Paul Connors, visitó la zona de explotación e informó que Blackfire había ayudado a modernizar los caminos, que estaban “orgullosos de la modesta huella ambiental” de la mina y que las protestas de la gente eran para obtener más dinero, situación que, aseguró, padecen todas las minas canadienses en México una vez que llegan a producir.
Es decir, en vez de investigar qué estaba sucediendo con los grupos de choque que amenazaban a la comunidad, los funcionarios canadienses se dedicaron a seguir gestionando los intereses de la empresa para frenar la creciente resistencia de los pobladores.
Ese mismo año, el 27 de noviembre, mientras Mariano Abarca estaba afuera de su casa, un hombre le disparó a “quemarropa” por la espalda. El defensor del territorio murió y junto a él quedó herido Orlando Vásquez, quien en su declaración afirmó que la agresión era por oponerse a la mina. El 2 de diciembre fueron detenidos tres individuos vinculados a Blackfire y que al menos otros tres empleados canadienses de Payback habían salido de Chiapas. }
Asimismo, el 8 de diciembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales suspendió la operación de la mina.
Otro elemento central es que en marzo de 2010, nueve organizaciones canadienses pidieron a la policía federal de Canadá que abriera una investigación contra Canadá por violar la Ley de Corrupción de Autoridades Públicas Extranjeras en Canadá, ya que el medio The Globe and Mail evidenció que la trasnacional había hecho 15 depósitos que sumaban la cantidad de alrededor de 204 mil 22 pesos al entonces presidente municipal de Chicomuselo, Julio César Velásquez Calderón para “mantener la paz y evitar que los habitantes de la comunidad tomaran las armas contra la mina”.
A pesar de las evidencias de las irregularidades, la Embajada nunca exhortó a las autoridades mexicanas a que realizaran una investigación completa e incluso negaron haber tenido conocimiento previo de las amenazas que Abarca había recibido previamente a su muerte.
El informe plantea que si los diplomáticos canadienses hubieran tomado seriamente la información sobre el conflicto que estaba generando Blackfire, “es posible que para Abarca, su familia y su comunidad el desenlace podría haber sido diferente”.
Ante este panorama, Mining Watch recomienda en su informe que Canadá establezca leyes que regulen a sus mineras en el extranjero y que se abran los tribunales para las comunidades afectadas; que se giren instrucciones para que los intereses comerciales nunca tengan más importancia que los derechos humanos colectivos; y que la empresa Blackfire renuncie a cualquier derecho de reabrir la mina La Revancha (o Payback) en Chicomuselo, o en cualquier otra parte de Chiapas.
Además, el informe desliza la siguiente hipótesis: “considerando los pocos enjuiciamientos realizados hasta la fecha en el marco de las leyes anticorrupción (de Canadá), los hallazgos de este informe evidencian una problemática profunda que tiene que ver con la impunidad corporativa que reina a nivel de las empresas canadienses. Lo anterior puede constituir una de las razones por las cuales 75% de las empresas mineras existentes en el mundo se haya registrado en Canadá y no en otro país”.
En México, además, La Ley Minera favorece a este sector por encima de cualquier otra actividad y las empresas sólo pagan entre siete y 110 pesos por hectárea concesionada.
Ya lo advertían Mariano Abarca, al igual que otros líderes opositores a la minería que han sido asesinados, como Ismael Solorio Urrutia, en Chihuahua, y Bernardo Vásquez y Bernardo Méndez, en San José del Progreso, Oaxaca, “no es justo que extranjeros agredan a nuestra gente” y que además se enriquezcan con base en el despojo a los pueblos del territorio y de sus bienes naturales.
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