Durante los últimos días, trabajares del albergue para migrantes “La 72” en Tabasco han sido objeto de amenazas de muerte. Sin embargo, y pese a los fuertes indicios de que estas amenazas podrían materializarse, las autoridades continúan sin implementar las medidas de protección que habían sido acordadas con el albergue.
Estas amenazas han tenido como principal objetivo al activista Rubén Figueroa, un destacado defensor de los derechos de las personas migrantes, quien durante los últimos meses había denunciado la participación de personas asociadas a grupos del crimen organización en secuestros y extorsiones a personas migrantes.
El pasado 8 de junio un hombre llegó al albergue para migrantes “La 72” y advirtió a Rubén Figueroa de que dejara de interferir en las actividades del crimen organizado, o se encontraría su cadáver “embalsamado”. Más tarde, este mismo hombre fue detenido, junto con otros tres individuos sospechosos de estar implicados en bandas que atacan a migrantes. Todos fueron puestos en libertad posteriormente por la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, pese a la aparente existencia de pruebas sobre la implicación de al menos uno de ellos en secuestros y extorsión de migrantes.
Estas amenazas son la continuación de un patrón de agresiones y amenazas cada vez más frecuentes. Ante esto, las autoridades han fallado en responder adecuadamente a las solicitudes de protección para trabajadores y migrantes que se encuentran en este albergue.
“Ante la falta la voluntad de las autoridades para cumplir con su obligación de proteger a las personas migrantes, voluntarias y voluntarios han tenido que asumir este papel poniendo su vida y su seguridad en riesgo” afirmó Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México.
“El que las autoridades estén fallando en proteger efectivamente a las y los voluntarios que realizan esta labor es absurdoy vergonzoso. Ya sea por incapacidad o por falta de voluntad es totalmente inaceptable” agregó Zapico.
Como consecuencia de estas últimas amenazas, Rubén Figuera decidió dejar por tiempo indefinido del albergue “La 72”. Fray Tomás González, junto con otros voluntarios continúan su labor pese a estas amenazas.
Asimismo, pese a haberse comprometido a hacerlo, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia de Tabasco no han proporcionado información ni actualizaciones sobre las investigaciones sobre las amenazas e intimidaciones realizadas anteriormente contra el personal del albergue para migrantes “La 72”.
“La salida de Rubén, pone de manifiesto la falta de voluntad de las autoridades en considerar seriamente la protección a defensores y defensoras de derechos humanos. Si bien, las autoridades han manifestado su intención de protegerles, pocos de estos compromisos se traducen en acciones reales” concluyó Zapico.
Estos incidentes ocurren a pocos días de que se cumpla un año de la firma y entrada en vigor de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Amnistía Internacional llama a las autoridades a proveer medidas de protección efectivas e inmediatas para quienes colaboran en el albergue de la “72”, conforme a los acuerdos establecidos previamente.
La organización también exige a las autoridades explicar la retirada unilateral de las medidas de protección de la Policía Federal y la falla en implementar las medidas de protección que habían sido acordadas.
Finalmente, Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades federales y estatales para conduzcan investigaciones efectivas e imparciales, que sus resultados sean hechos públicos y que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia, incluidos los integrantes de las bandas delictivas que, de acuerdo a las denuncias, están tras las amenazas y secuestros de migrantes.
Información adicional
Rubén Figueroa y Fray Tomás González trabajan en el albergue “La 72”, y han sido víctimas de amenazas y actos de intimidación constantes por su trabajo ayudando y defendiendo a los migrantes irregulares que atraviesan México.
El 19 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor del albergue para migrantes “La 72”. Sin embargo, las medidas acordadas con el albergue no se han puesto en práctica plenamente por parte de las autoridades. Esas medidas tenían como objetivo proteger a los migrantes y al personal del albergue, incluido su director, Fray Tomás González. En particular, la protección brindada por la Policía Federal ante el albergue fue retirada unilateralmente y sin explicación, y no se volvió a implantar temporalmente hasta 20 días después. La Policía Federal no dio ninguna explicación al respecto a los defensores. El personal del albergue ha informado de que algunas de las medidas de protección no se han implementado adecuadamente, entre ellas la instalación de alumbrado eficaz en la calle, cámaras de vigilancia, un “botón del pánico” y nuevas cerraduras para proteger el acceso al albergue.
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