martes, 11 de junio de 2013

La reparación de reactores en Laguna Verde, “más costoso que cambiarlos”


Veracruz, Ver.- El físico matemático y ex trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Bernardo Salas Mar, interpuso una denuncia por supuesto fraude por la cantidad de 606 millones de dólares cometido por la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Este supuesto fraude representa las anomalías suscitadas en algunos reactores con años de funcionamiento, a los cuales se le brindó un servicio que no avaló la comisión reguladora nuclear, la cual se encarga de regular el uso civil nacional de los productos derivados de la energía atómica, su fuente, y asegurar la adecuada protección de la salud y seguridad pública.

“Estos reactores ya tienen poca vida útil, no es conveniente que se hiciera esta repotenciación con un poco más de dinero, un 30 por ciento, se pudo haber instalado un reactor nuevo que proporcionara 40 años de vida útil, no 14 años”, indicó el físico.

Los riesgos son derivados del desacoplamiento de los sistemas viejos con los nuevos, provocando fisuras en las bombas principales de los reactores, corriendo el riesgo de una desfragmentación provocada por el choque de flujos de vapor y agua a diferentes temperaturas.

Esta anomalía se presentó desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando se le solicitó al ex trabajador Bernardo Salas abanderara esta denuncia dada su situación ya ajena a la empresa, se procedió a mandar un escrito con el objetivo de dar a conocer la problemática financiera y de alto riesgo.

Debido a la información periodística que el físico dio a conocer respecto al seguimiento de la demanda, el fraude que inicialmente era de 800 millones de dólares descendió a los 606 millones.

Ante la demanda interpuesta por este supuesto fraude, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se pronunció al respecto manifestando que se había turnado al área de quejas perteneciente al Órgano Interno de Control en la CFE.

En este órgano, la investigación fue puesta en manos de Ubaldo Huerta García, funcionario de la Secretaría de la Función Pública, quien da seguimiento a la problemática y dictará una sentencia en el futuro.

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