Por : Javier Puga Martínez
2013-06-13 04:00:00
El representante de la Secretaría de Gobernación federal, Jaime Martínez Veloz, admitió este martes que no tiene capacidad ni facultades para cumplir con la revisión de los más de 100 proyectos mineros e hídricos que existen en la Sierra Norte de Puebla.
Los representantes de 70 comunidades y organizaciones de esta región, que exigen la cancelación de los llamados “proyectos de muerte”, le dieron un plazo de dos semanas para que el gobierno federal tenga una definición clara y precisa a su única petición: la cancelación total de minas e hidroeléctricas en Puebla y el norte de Veracruz.
Lo anterior se desprende de la minuta de trabajo que el propio comisionado para el Diálogo con los Pueblos y Comunidades Indígenas firmó, y que fue difundida ayer por la organización Tetela hacia el Futuro, anfitriona de dicho encuentro.
La reunión entre el representante federal y las organizaciones serranas fue el martes, y de acuerdo con el testimonio de algunos de los asistentes, la indefinición de Martínez Veloz respecto a la cancelación de los proyectos desató debates y discusiones, por lo que le advirtieron que una vez cumplido ese plazo habrá movilizaciones “para defender la tierra y el agua, incluso con machetes”.
Pare este encuentro en la ciudad de Tetela de Ocampo, los organizadores revelaron que Martínez Veloz exigió que no hubiera presencia de los medios de comunicación.
Hace un mes, durante su primera visita a esta comunidad, el comisionado federal ofreció que serían sometidas a revisión las concesiones mineras e hidroeléctricas en Puebla, así como en el resto del país, pues para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hay un interés especial por evitar conflictos sociales derivados de esos proyectos.
De acuerdo con la minuta de trabajo, cuya copia obra en poder de este diario, Martínez Veloz suscribió este martes en Tetela que sólo puede limitarse a acercar a los inconformes con 11 dependencias y organismos, así como con funcionarios federales con capacidad de decisión para que planteen sus demandas.
Durante más de ocho horas se realizaron discusiones que culminaron con la redacción y firma de una minuta de trabajo, integrada por siete puntos.
El número siete se le pidió a Martínez Veloz, que “como muestra de buena voluntad” se pronunciara sobre la cancelación definitiva de los trabajos y obras de exploración de mineras e hidroeléctricas en “zonas críticas” de Puebla y Veracruz.
La respuesta del enviado federal fue: “No se pueden cancelar sin cubrir los principios jurídicos y legales para su efecto”.
En la minuta establece también que Martínez Veloz aceptó que “no tiene capacidad para hacerlo, por lo que propone establecer mesas de diálogo con las dependencias correspondientes”.
Otro desencuentro entre el funcionario y los indígenas y campesinos ocurrió cuando Martínez Veloz planteó la intervención del gobierno del estado de Puebla en estos conflictos, a lo que recibió un rotundo rechazo, ya que los serranos no quieren saber del gobierno de Rafael Moreno Valle por el abandono en que los tiene.
Medidas cautelares
Entre las reuniones que Martínez Veloz pretende organizar está una con la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para establecer “medidas cautelares urgentes” que salvaguarden a todo activista que se opone a esos proyectos industriales en la Sierra Norte de Puebla y en los límites del estado de Veracruz, “atendiendo urgentemente los casos de Olintla, Ixtacamaxtitlán y Epapa, municipio de Jalacingo, Veracruz”.
Los serranos, constituidos en asamblea, le pidieron que solicite a los ayuntamientos de la Sierra Norte de Puebla y de Veracruz los permisos de cambio de uso de suelo para los “proyectos de muerte”, a lo que éste accedió.
Asimismo, el representante para la atención a pueblos indígenas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación propuso que en vez de las consultas que realiza la Semarnat para la aceptación de los proyectos, sean las propias comunidades indígenas las que hagan consultas y por medio de actas se respalde legalmente la defensa de su territorio.
Este mismo representante propuso que en el caso de las autorizaciones de impacto ambiental, que ya fueron entregadas, los indígenas tramiten amparos, a lo que decidieron discutir en otro momento este punto.
De igual forma solicitó un listado de los municipios que se encuentran dentro de los proyectos mineros e hídricos; además, rendirá un informe a esa asamblea para informar qué estado guardan los estudios de impacto ambiental en la región.
Finalmente, Martínez Veloz propuso una mesa de trabajo de mayor alcance “con funcionarios que posean capacidad de decisión y carácter resolutivo” del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Economía, Semarnat, PGR, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional Forestal, Derechos Humanos, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional para la Biodiversidad que se propuso entre el 24 y 28 de junio en la Ciudad de México.
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