Arturo Huerta González
En la reunión celebrada el viernes 19, y sábado 20 del presente en Moscú, por parte de los Ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros del G–20, se reconoció que las políticas de ajuste instrumentadas han tenido éxito en estabilizar los mercados financieros, pero que han fracasado en recuperar el crecimiento económico y el empleo. El documento final aprobado reconoce que la economía global sigue siendo “demasiado débil” y que su recuperación es aún “frágil e irregular” con unos índices de desempleo “excesivamente altos en muchos países”. Se resaltó que en países como España desde 2008 se ha más que triplicado la tasa de desempleo.
Hablaron de éxitos de las medidas adoptadas por los gobiernos respecto al endeudamiento, el ajuste presupuestario y el saneamiento del sector financiero, pero ello no se constata en la realidad. Prosiguen los altos niveles de endeudamiento del sector público y del sector privado, así como las presiones sobre las finanzas públicas, dada la menor recaudación tributaria derivada de la contracción económica. En relación al sector financiero, reconocen que la volatilidad en los mercados financieros se ha incrementado y las condiciones financieras se han hecho “más severas”.
Se insiste por parte el G–20 en que se tiene que reducir el déficit público aunque ahora dicen que a un ritmo adecuado, y reiteran que ello debe ir acompañado de reformas estructurales. Tales reformas acentúan los procesos de privatización y extranjerización de las economías, y reducen las prestaciones laborales a los trabajadores, llevando tales políticas a acentuar la alta concentración de la riqueza y del ingreso.
El G–20 se pronunció por reformas para reducir la fragmentación de los mercados financieros y avanzar hacia una unión bancaria en Europa. Este es el verdadero propósito de dichas reuniones, favorecer al sector bancario–financiero. Se quedan en el discurso los objetivos de que las políticas deben poner en el centro el crecimiento y la creación de empleo, ya que seguirán predominando las mismas políticas económicas que han actuado en contra de la dinámica productiva. El comunicado del G–20, como en los anteriores se pronuncia contra el uso de la devaluación monetaria con fines competitivos. Es decir, seguirán priorizando la reducción de salarios como política competitiva. Se insiste en la estabilidad del tipo de cambio a favor del sector financiero, la cual actúa en detrimento de la competitividad y del sector productivo y del empleo. Las políticas económicas no cambian, a fin de seguir beneficiando a los mismos, a los dueños del dinero.
En la reunión del G–20 se discutió la repercusión que está teniendo la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, de revisar (reducir) su política de estímulos monetarios, lo cual ha causado preocupación en los mercados emergentes, ya que tal anunció ha producido un aumento de la volatilidad de los mercados de capitales y de dinero, reflejado en ventas de acciones y bonos y salidas de capitales. Por su parte, la representante de la Reserva Federal en la reunión, afirmó que no había fechas concretas para la retirada de liquidez y que ésta dependía de la evolución de los datos de la economía americana.
Los asistentes a dicha reunión se pronunciaron por combatir la erosión de la base impositiva y por “el establecimiento de prácticas fiscales que no permitan a las multinacionales rebajar su carga impositiva mediante el traslado artificial de los beneficios a jurisdicciones con baja carga fiscal”. El problema es que del dicho al hecho hay mucho trecho, y declaraciones como éstas van y vienen y poco se hace al respecto, evidenciando el gran poder que las empresas transnacionales tienen, lo que les permite que no se legisle y no se les obligue el pago de impuestos.
Hubo pronunciamientos de que debería darse un “reequilibrio de la demanda global”, en alusión a que China y Alemania, que cuentan con grandes excedentes en su comercio exterior, deberían flexibilizar su política económica para impulsar su crecimiento, y así incrementar sus importaciones, para que otras economías puedan aumentar sus exportaciones y su dinamismo y empleo. Si ello no se ha dado, evidencia que no hay política de cooperación alguna por parte de los países exitosos, hacia aquellos que enfrentan problemas de deuda, de crecimiento y de desempleo. El G–20 se evidencia una vez más incapaz de trazar políticas económicas a favor de los países que tienen estos problemas, que son la gran mayoría, sino sigue defendiendo los intereses del sector financiero, que es el sector hegemónico que obliga a gobiernos y a Congresos a legislar a su favor.
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