A las 9:30 de la noche, la Crac no ponía en libertad a los ocho servidores públicos que retuvo
MARGENA DE LA O ( )
Chilpancingo, 23 de julio. En los primeros minutos de hoy, la PGR liberó a los tres policías comunitarios de Olinalá detenidos por la Armada y el Ejército por portar armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, pero los servidores públicos aprehendidos por la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) en ese municipio de La Montaña seguían retenidos esta noche.
Habían pasado 15 minutos de hoy, y de la PGR salieron los tres policías comunitarios Martín Acevedo Acevedo, Eudocio López Suárez y Carlos Sánchez Zepeda. A las 21:50 horas de ayer, los miembros de la Crac bloquearon la calle frente a la delegación de la fiscalía y el carril de sur a norte del paseo Alejandro Cervantes Delgado para presionar.
Los policías comunitarios también protestaron en Olinalá, Huamuxtitlán, Tlatlauquitepec, Atlixtac y Tixtla.
La medianoche del domingo, soldados de la Armada y del Ejército detuvieron en Olinalá a los tres policías comunitarios adscritos de la casa de justicia de El Paraíso cuando efectuaban un rondín ordinario nocturno, y los trasladaron a la delegación de la PGR en Chilpancingo a ponerlos a disposición del Ministerio Público federal.
En respuesta, la Policía Comunitaria de Olinalá detuvo al director de Seguridad Pública municipal, Lorenzo Medardo Vázquez, y al auxiliar del Ministerio Público del fuero común Francisco Bello Pineda, además de seis policías municipales: Mauro Ponce Almazo, Guillermo Morales Gaspar, Eligio Palma Tomás, Isaí Lucero Lucero, Eugenio Lara Salgado y Jesús Navarrete, a quienes les recogieron siete rifles AR-15 y una pistola 9 milímetros. Todos esta noche seguían detenidos.
El director de Gobernación estatal, Moisés Alcaraz Jiménez, informó que se trasladó a Olinalá en busca de la liberación de los servidores públicos. Se quejó de que la coordinadora de la Crac en ese municipio, Nestora Salgado, “puso como condición que para liberar a las ocho personas que tienen detenidas, que los gobiernos municipal y estatal designaran a un representante para que constataran que estaban en buenas condiciones físicas”.
El promotor de la Crac en Tixtla y de la casa de justicia de El Paraíso, Gonzalo Molina González, aclaró que no pagaron fianza por la liberación de los policías comunitarios, y también que la PGR no les devolvió las dos pistolas 9 milímetros y una 38 súper que les decomisaron la Armada y el Ejército.
Advirtió que la Crac seguirá defendiendo a la gente que vive en territorio comunitario, porque les “estamos brindando la seguridad que los gobiernos no han podido dar a nuestros ciudadanos”
En entrevista telefónica, Nestora Salgado confirmó que había negociaciones para liberar a los servidores públicos y entregarlos a un representante del gobierno estatal.
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