lunes, 12 de agosto de 2013

Organizaciones evaluarán riesgo que corren luchadores sociales


Serán convocadas para decidir cómo exigir a los gobiernos protección, adelanta el representante

Tras el asesinato del dirigente de la Larsez, Raymundo Velázquez Flores, quién sigue, pregunta

MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 11 de agosto. Organizaciones sociales y de derechos humanos anunciaron una evaluación del contexto de la lucha social, sobre todo por los asesinatos recientes de líderes sociales, como Arturo Hernández Cardona, de la Unidad Popular de Iguala, y Raymundo Velázquez Flores, de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez).

Consultados por separado, dirigentes de varias organizaciones coincidieron en la necesidad de analizar los riesgos y situación en que viven.

Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos y Organismos Civiles, informó que se llamará al resto de las organizaciones del estado a reunirse para decidir cómo exigir a los gobiernos medidas de protección para los luchadores sociales.

“Estamos en luz roja; nos preocupa lo que está pasando en la lucha social: primero el asesinato de Hernández Cardona que no ha sido aclarado, luego Raymundo, apenas a dos meses, ¿Ahora quién sigue?, yo me pregunto. Sabemos que desempeñamos un trabajo de alto riesgo, pero la situación no puede continuar así”, reprochó.

La coordinadora del Frente de Defensa Popular en Guerrero (FDP), Clemencia Guevara Tejedor, condenó la muerte de Velázquez Flores y exigió a los gobiernos federal y estatal aclararla.

Consideró que el crimen del dirigente de la Larsez, ocurrido el 5 pasado, se suma al de los líderes de la UP, cuyos cuerpos fueron hallados el 3 de junio en la carretera entre Mezcala e Iguala.

Velázquez Flores, con la Larsez, desde 1962, fue el brazo campesino de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) que dirigió el guerrillero Genaro Vázquez Rojas. El lunes pasado, su cuerpo fue encontrado en un terreno conocido como Carrera Larga, en Coyuca de Benítez.

El dirigente preparaba para el próximo 20 el primer Congreso Regional del Partido Comunista de México, que agruparía a varias células comunistas de campesinos y maestros de comunidades de Costa Grande y La Montaña.

En cuanto se supo de la muerte del dirigente, el partido lanzó un comunicado: “El Partido Comunista de México, a través de su Buró Político, hace responsable al gobierno federal de Enrique Peña Nieto del PRI, al gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero del PRD y al gobierno municipal de Ramiro Ávila Morales del asesinato de nuestros camaradas”.

El Partido Comunista de México denunció que en Guerrero no hay garantías para la acción política de los comunistas, los revolucionarios y los luchadores sociales. “Éste es un ataque directo de los tres niveles de gobierno en contra del Partido Comunista de México. En ese sentido, nuestro Partido Comunista de México y todas sus estructuras actuarán en consecuencia y juramos que no quedará impune el asesinato de nuestros camaradas”.

El vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanárez, aseguró que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una investigación por el caso de Velázquez Flores.

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