Los diputados federales de Movimiento Ciudadano Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja se presentaron ante la Cámara Baja del Congreso de la Unión a fin de que el Poder Legislativo federal exhorte al gobierno estatal que encabeza Rafael Moreno Valle para que cese el acoso contra los jóvenes que el 3 de mayo pasado fueron detenidos, acusados –sin más pruebas que algunos comentarios en redes sociales– de intentar sabotear los festejos del 5 de Mayo que presidió Enrique Peña Nieto.
René Sánchez Galindo, consejero nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acompañado de Néstor López Espinoza y Eduardo Salazar Velázquez, dos de los muchachos que fueron “secuestrados con lujo de violencia”, ofrecieron ayer al mediodía una rueda de prensa para dar a conocer lo anterior.
El punto de acuerdo, que fue turnado a comisiones, propone solicitar “a la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla que esclarezca las violaciones a los derechos humanos que padecieron tres jóvenes durante el 5 de mayo, y que el gobierno estatal pare el acoso jurídico que persiste por el proceso penal”.
Advierte también que “la visita de Enrique Peña Nieto el pasado 5 de mayo al estado de Puebla, fue mal manejada por el gobierno estatal. Cometieron excesos y abusos. Utilizaron el aparato represor que debiera ser erradicado. La Secretaría de Gobierno estatal ha estado ausente en toda esta secuela de violaciones a los derechos humanos, salvo por el momento de ordenar el uso del los instrumentos represivos con los que todavía cuentan”.
Recuerda que el 3 de mayo de este año 2013 Néstor López Espinoza, de 22 años; Eduardo Salazar Velázquez, de 19, e Iván Ismael Guizasola Vázquez, de 20 años, fueron detenidos por difundir invitaciones vía las redes sociales a manifestarse en contra de Enrique Peña Nieto durante el desfile del 5 de mayo.
A los muchachos los esposaron y trasladaron a un lugar que no podían identificar. Durante el trayecto los amenazaban con violarlos y matarlos. Fueron obligados a firmar documentos que no les dejaron leer. Fue hasta el sábado en la noche que supieron que se encontraban detenidos por autoridades estatales que los secuestradores y torturadores eran policías ministeriales.
A partir de una denuncia anónima fueron acusados de organizar una página en Facebook titulada “Revolución 2013 Puebla”, de la cual recibieron invitación para “asistir” a una manifestación pacífica, el acto llamado “#Op5deMayo”, que se realizaría el día que se conmemora la batalla de Puebla. Después de estar incomunicados por más de 24 horas se les trasladó a los separos, ahí supieron que cambiaron la acusación de “conspiración de motín” por otros delitos que no son graves: resistencia de particulares, portación de instrumento prohibido, denominado “boxer” y cohecho.
Todos estos delitos tienen una característica: la única prueba es la declaración de los policías estatales. Alcanzan fianza, pero como consta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos este beneficio fue negado hasta el lunes 6 de mayo por la tarde.
El punto advierte que “algunos medios amarillistas los tildaron de terroristas y de urdir un plan para atentar contra la vida de Peña Nieto, lo cual es falso. Inclusive en un programa de televisión conducido por Pablo Hiriart, Cadena 3, se utilizaron fotografías de los jóvenes que fueron tomadas por los policías estatales después de haberlos desaparecido por varias horas”.
Agrega que “es necesario seguir haciendo público todo lo sucedido, porque vivimos en una sociedad mediática dominada por la mentira y en un Estado represor. Es importante difundir este tipo de actos violentos, ilegales, homofóbicos, represivos, injustos e inhumanos; esto no debe seguir sucediendo, hacer uso de su libertad de expresión y de pensamiento, no debe ser motivo de sanción alguna y mucho menos de represión”.
Tras la tortura, los jóvenes aparecieron vivos y fueron liberados bajo fianza gracias a la movilización social encabezada por familiares, amigos y militantes Morena, “medios de comunicación honestos, gente solidaria y demás organizaciones que levantaron su mano por los jóvenes y la libertad de expresión. Hoy todos ellos apoyan la defensa legal. Exigimos que el proceso jurídico se esclarezca y que otorguen la libertad absoluta, pues nunca han cometido delito alguno”, señala.
El proceso jurídico sigue a pesar de que autoridades locales han reconocido que no han encontrado ningún elemento que les permitiera suponer que se realizaría alguna acción violenta el 5 de mayo. Actualmente, cada semana tienen que presentarme al juzgado a firmar, los policías ministeriales que los detuvieron se han negado dos veces a asistir al juzgado.
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