La educación es un derecho universal, producto de las conquistas de los pueblos en lucha y resistencia, no está sujeta a negociaciones y escamoteos que desde los gobiernos en turno tratan de presentar como canonjías hacia el pueblo. No es tampoco, una simple repetición mecánica de la instrucción de conocimientos para ser un engranaje más de este sistema de explotación y opresión, sino para el conocimiento de su entorno social, no solo para comprenderlo, sino para transformarlo.
En nuestro país, Enrique Peña Nieto (EPN) como un gobernante impuesto en contra de la voluntad popular, está comprometido a obedecer de forma dócil y puntual a quienes lo designaron: la oligarquía nacional-extranjera y el imperialismo Estadounidense principalmente. Su tarea principal es el aceleramiento del paso en la imposición de las reformas, para culminar así los cimientos políticos-jurídicos que consoliden el régimen neoliberal mediante un Estado policiaco-militar; Es una administración más de carácter antipopular y represiva, que suprime de facto nuestros derechos humanos fundamentales, que significa más penurias irreparables para los sectores populares.
Más de treinta años de imposiciones de políticas neoliberales, que para el pueblo ha significado sobrevivir en la miseria, el desempleo, la explotación, la opresión política, el hambre, la migración masiva forzada, las enfermedades causadas por la pobreza, la marginación, la muerte por hambruna; Así como la criminalización de la pobreza, la protesta y lucha popular; y la violación sistemática de los derechos humanos e implementación de los crímenes de lesa humanidad como política de Estado contra quienes luchamos de diferentes formas contra este nefasto régimen.
El neoliberalismo como política económica e ideología impuesta al pueblo mexicano por gobernantes entreguistas y por el mandato de organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que condicionaron la entrada en vigor del TLCAN, los préstamos económicos y la llegada de la inversión extrajera directa, a cambio de que la administración ejecutiva federal y sus gobernantes en turno modificaran de forma sustancial la Constitución General de la República.
Dichas modificaciones serán manifiestas en los artículos constitucionales que obstaculicen la política del capital transnacional que es la del saqueo, la explotación irracional de mano de obra y recursos naturales; el despojo y la privatización de empresas nacionales y de servicios fundamentales como la atención a la salud, educación por mencionar dos de los más importantes en los cuales se incluye el derecho al trabajo y una vida digna; derechos constitucionales que debe garantizar el Estado por ser responsabilidad suya.
La implementación de las reformas neoliberales sobre los países dependientes del imperialismo norteamericano, como es el caso de nuestro país, obedece a las necesidades que el propio imperialismo tiene; necesidades marcadas por la crisis estructural que enfrenta el modo de producción capitalista a nivel mundial y que para su oxigenación y hegemonía recurre a la acumulación originaria del capital mediante la expoliación y explotación de los recursos naturales de la nación y la fuerza de trabajo del proletariado.
La “reforma educativa”, forma parte del paquete de reformas neoliberales dictaminadas por los organismos internacionales como FMI y OCDE, principalmente. Ahora ya como ley impuesta denominada, ley general de educación (LGE) es el sustento jurídico-político constitucional para generalizar la privatización de la educación pública en el país, ley que afecta no sólo a los trabajadores de la educación sino a todo el pueblo trabajador; Éste plan anticonstitucional oligárquico-neoliberal venía avanzando de forma silenciosa e ininterrumpida desde hace varias décadas atrás, sin embargo ahora de manera ilegítima se erige a rango de ley constitucional.
Ley oligárquica-neoliberal que legaliza la supresión de los derechos laborales de los trabajadores de la educación que ya de facto venía ejecutando el Estado mexicano con el conjunto de la clase trabajadora, como es la anulación del contrato colectivo, ahora se asignarán nombramientos individuales por contratos temporales, más horas de trabajo sin aumento de sueldo con la implementación de la escuelas de tiempo completo, eliminando la doble plaza, modificando arbitrariamente la normatividad laboral; suspendiendo la seguridad social y prestaciones, en franco detrimento de los trabajadores de la educación y sus familias.
Derechos constitucionales que son conquistas sociales emanadas de las diferentes etapas de lucha de nuestro indomable pueblo, con un alto costo en pérdidas de vidas humanas, infames condenas en las cárceles de los hijos del pueblo y miles de detenidos desaparecidos por motivos políticos. Violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que ocasiona el sistema capitalista y la burguesía en el poder sin importar su color o la posición que dicen tener en la simetría de política electoral burguesa. Es una deuda que está pendiente en la cual las afrentas crecen día a día ante la agudización de la crisis estructural que vive el capitalismo y la descomposición de sus instituciones.
El imperialismo adecua la educación como lo hace en otros rubros de la vida económica y sociopolítica de los países dependientes, imponiendo modelos laborares que garantice menos gastos para los patrones, obteniendo una mayor producción y ganancia y un salario miserable, ocasionando una competencia desleal e insana entre los trabajadores.
En ese mismo sentido se imponen programas y planes de estudio que suprime y parcializan los conocimientos científicos, humanistas y sociales, con la intención de crear sujetos acríticos y sumisos que sirvan como mano de obra barata, técnicamente preparados para sus centros industriales de explotación, para mozos del sector terciario de la economía y como carne de cañón en los cuerpos represivos policiacos-militares, paramilitares y/o la delincuencia organizada, la cual se origina y se debe al Estado.
El Estado cumple acomedidamente los mandatos del capital transnacional vía organismos financieros internacionales como FMI, BM, BID y OCDE evita por todos lo medios y por todas sus instituciones (sobre todo la responsable de la educación y formación académica) que los alumnos y egresados adquieran el conocimiento básico y objetivo de las ciencias y la cultura, así como la historia del universo, de nuestro planeta, de la humanidad y sus sociedades. Con ello se pretende crear sujetos castrados intelectualmente pero sobre todo insensibles a las injusticias que sufren los pueblos del mundo, victimas del sistema capitalista y sus gobernantes, con la finalidad generalizar la enajenación y alienación al pueblo trabajador.
La LGE busca eliminar toda disidencia dentro del control corporativo del gremio magisterial al asignarles tutores que evaluarán a los docentes ya que estos serán asignados por las empresas privadas, por tanto estos garantizaran la aplicación de los planes de estudio que no buscan la formación integral del sujeto histórico, sino la enajenación y alienación de este y el docente que no cumpla con la normatividad de la punitiva ley simplemente será reubicado o en su defecto despedido, sin ninguna obligación por parte del Estado hacia el trabajador y su familia.
Otro golpe a los trabajadores de la educación es la pretensión fascista de anular el derecho a la organización y representación sindical porque ya no habrá necesidad de escuchar y atender a ningún trabajador porque serán entes desechables ante una oferta de mano de obra hambrienta. Esa es la verdadera esencia de la LGE, categorizada de manera “magistral” como el corazón de la reforma por el especialista en educación: Carlos Loret de Mola.
La oligarquía mexicana mediante sus rostros y voceros el duopolio de los medios masivos de comunicación Televisa-Tv azteca pretende engañar al pueblo mexicano replicando las mentiras del Estado que está ley es para mejorar la calidad educativa, ensalzando la falsa “autogestión” de los planteles pero esto implica que serán los padres de familia quienes absorberán los gastos del consumo de luz, agua, rentas, mantenimiento, construcción de los centros educativos y posteriormente los salarios de los docentes. Pero la rectoría en planes y programas de estudio, y la normatividad laboral sigue siendo del Estado.
Cabe hacer notar que esta llamada Ley General de Educación en su intención institucionalizar la privatización de la educación publica es similar al intento del Estado y oligarcas nacionales y extranjeros por desaparecer el régimen de propiedad comunal y ejidal primero con el tramposo Procede, luego “Certeza Jurídica” y mediante el FANAR y la flamante SEDATU por los cuales quieren continuar con el despojo legalizado.
Ante esta ofensiva privatizadora del capital transnacional y la oligárquica nacional, hacemos un llamado a todo el pueblo de México a sumarse a la lucha del movimiento magisterial-popular para exigir la derogación de la LGE, ya que la institucionalización constitucional de la privatización a la educación pública, nos afecta a todos, es por eso que no debemos quedarnos callados ante este acontecimiento histórico en la lucha de clases en el país, pues la unidad de todos sectores del pueblo permitirá el triunfo en la lucha popular.
El Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) apoyamos al magisterio por la defensa de la educación pública, exigimos: derogación de la ley general de educación por su contenido y objetivos oligárquicos y neoliberales, y medidas fascistas.
¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDIGENA Y POPULAR!
¡EL MAESTRO LUCHANDO TAMBIEN ESTA EDUCANDO!
¡POR UNA EDUCACION CIENTIFICA CRITICA Y POPULAR!
¡NI UNA LUCHA AISLADA MÁS!
FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE
¡ZAPATISMO Y SOCIALISMO!
FRENTE DEMOCRATICO ORIENTAL DE MEXICO EMILIANO ZAPATA
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FDOMEZ-FNLS
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