Acusan al Ejército de Nicaragua de espiar a colaborador de MVS Noticias

MÉXICO, D.F., (apro).- El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director de la revista informativa Esta Semana e hijo de Pedro Joaquín Chamorro, acusó al Ejército de espiar y hostigar a su colega Ismael López, asiduo colaborador del noticiario de Carmen Aristegui en MVS Noticias.

En una carta enviada el jefe de las Fuerzas Armadas de su país, general Julio César Avilés, el prestigiado periodista relata la situación de zozobra que enfrenta desde agosto pasado López y su familia, tras la publicación de un reportaje sobre la presencia de supuestos alzados en armas contra el gobierno de Daniel Ortega en el norte de Nicaragua.

Según el hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, el reportero empezó a ser perseguido e intimidado por dos sujetos vestidos de civil que después se identificaron como supuestos miembros de la Dirección de Información para la Defensa de la entidad castrense.

La información difundida por Ismael López fue minimizada por el gobierno nicaragüense al asegurar que se trata de “delincuentes comunes” que se juntan para asaltar a la gente y robar ganado.

La misma carta que envió Chamorro a la Dirección de Información para la Defensa llegó a manos también del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista René Núñez, a quien le solicitó que se haga una investigación sobre actividades de espionaje, prohibidas por la Constitución nicaragüense.

Chamorro, quien fue reconocido por la Universidad de Columbia en Nueva York en 2010 con el galardón María Moors Cabot, señala en su denuncia que el reportero y sus familiares han sido objeto de acoso permanente para obtener información sobre su vida personal y las actividades profesionales del periodista.

De acuerdo con la denuncia, cuando regresó del norte del país y después de insistentes llamadas telefónicas y contactos de los dos supuestos uniformados con sus familiares, Ismael López se reunió el 11 de octubre con ambos quienes lo interrogaron durante 45 minutos sobre su vida personal, familiar y profesional.

“Creí que íbamos a hablar de temas relacionados con la seguridad nacional, del tema de los rearmados, pero todas las preguntas eran alrededor de mi trabajo y el de mis compañeros”, reveló el reportero a la agencia AP.

Según Chamorro, los supuestos militares pidieron al reportero detalles de la agenda informativa y editorial del programa televisivo Esta Semana y del periódico digital Confidencial, así como del contenido de algunas columnas de opinión y del pensamiento de columnistas que critican al gobierno de Ortega.

También preguntaron sobre las funciones y responsabilidades específicas de quienes trabajan en esos medios y del proceso de toma de decisiones entre Chamorro y los periodistas para definir los contenidos.

“Yo me negué a hablar de todo eso, porque no había base para interrogarme sobre ello”, sostuvo el reportero.

No paró ahí. El pasado 15 de octubre los supuestos oficiales “insistieron en mantener sus actividades de intimidación sobre el periodista, al exhibir de forma conspicua el seguimiento y la vigilancia que realizan desarrollan sobre todos sus movimientos”, señala la denuncia presentada por Chaparro.

Ello a su vez motivó que López presentara su caso ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y que Chamorro hiciera pública la denuncia.

Diputados sandinistas entrevistados por la cadena internacional CNN justificaron el acoso y espionaje políticos del Ejército al periodista. El exvicepresidente Jaime Morales Carazo, que gobernó junto a Daniel Ortega en el período 2007-2011, dijo que el espionaje “es una práctica en todos los estados” aunque limitada por lo establecido en la Constitución.

El también sandinista Evertz Cárcamo, fue más allá en sus declaraciones.

“Es posible. Todos los gobiernos espían a todo el mundo, podés estar espiada vos, podemos estar espiados todos, y el gobierno es espiado por otro gobierno”, dijo.

Es más, el presidente de la comisión de gobernación de la AN, el sandinista Filiberto Rodríguez, rechazó de antemano que le competa realizar alguna indagación al respecto.

Incluso puso en duda la denuncia de la intimidación contra López y su familia desde agosto pasado.

“No me consta si es un montaje, si es un buen teatro, si es un sociodrama, no sé realmente. Le corresponde a las instituciones de investigación esclarecer ese asunto”, dijo Rodríguez.

En contraparte, SIP lo considera gravísimo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), consideró gravísima la denuncia.

En la cadena CB24, Claudio Paolillo, presidente de la SIP, apuntó:

“Es gravísimo, funcionarios de la seguridad del Estado que intimidan y tratan de intimidar al periodista, que le estén hablando de su familia, de dónde saca el dinero. No me extraña, lo diré con toda claridad”, dijo Paolillo.

Recibió CDHDF 300 casos de agresiones contra la libertad de expresión

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha recibido 300 casos de agresiones contra la libertad de expresión, de enero a octubre de este año.

El secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la CDHDF, Gerardo Sauri Suárez, informó que del total 270 corresponden a actos contra periodistas, medios de comunicación y personas que ejercían su derechos a expresarse.

Al participar en el II Encuentro Nacional El compromiso social de los periodistas en un entorno de violencia, recordó los asesinatos de Jaime González, Daniel Martínez y Alberto López Bello, así como las desapariciones de Sergio Landa y Mario Ricardo Chávez, ocurridas en Veracruz y Tamaulipas, respectivamente.

Sauri Suárez destacó que este organismo contabilizó más de 50 agresiones a periodistas mientras realizaban la cobertura de manifestaciones sociales.

"El número de agresiones casi duplica las de 2012, cuando la CDHDF registró y documentó 190 en contra del derecho a la libertad de expresión, principalmente en el Distrito Federal", indicó en un comunicado.

Señaló que en escenarios de conflicto social los periodistas ahora enfrentan en el país el amago de los poderes fácticos.

"El periodismo ético continúa siendo el principal factor de protección de la libertad de expresión, por lo que se deben fortalecer los mecanismos de protección del ejercicio periodístico".

Ello, dijo, "antes de que sean amenazados de muerte, perseguidos o exiliados, a través de la adecuada impartición de justicia en los Ministerios Públicos y Tribunales".

En su oportunidad Judith Calderón, representante de la Casa de los Derechos de Periodistas, dio a conocer que una vez formada la Red Nacional de Periodistas, han acudido ya profesionales de varias entidades.

Detalló que lo hacen a través de 122 enlaces en los estados, que registraron 15 asesinatos en 2012, así como amenazas, golpes, hostigamiento sexual, laboral y persecuciones.

"Lo más importante es que las y los periodistas saben que cuando sucede algo pueden dirigirse hacia algún lugar", enfatizó.

Ejército, marinos y ‘Templarios’, coludidos en Michoacán, afirma líder comunitario

El cabo Pedro Alberto Ramírez, detenido en agosto pasado por la policía comunitaria de Aquila, en Michoacán, colaboraba con sicarios y tenía la enmienda de “altos mandos castrenses” de buscar a 2 delincuentes detenidos previamente para “interrogarlos” sobre una cuota de 5 millones de pesos que habrían cobrado en Apatzingán, aseguró el “comandante Chuy”, líder de los comunitarios.

Esta historia se hizo pública luego de la difusión de un video en el que el militar del 88 Batallón de Infantería, reveló supuestos vínculos entre miembros del Ejército con grupos de la delincuencia organizada en Michoacán.

En Noticias MVS, primera emisión se difundió la entrevista que realizó la periodista Carmen Aristegui al comandante comunitario, quien fue uno de los que cuestionó al cabo sobre la supuesta relación entre el Ejército y Los Caballeros Templarios.

El “comandante Chuy” dijo que, luego de formarse la policía comunitaria en Aquila, detuvieron a dos sicarios, a quienes identifica como Javier Medina y El Chaparrón. Posteriormente, detuvieron a otras 2 personas, una de ellas un militar (Pedro Alberto Ramírez), vestido de civil, quien acompañaba a un sicario al que identifican como “El Torito o La Caguama”.

“En un segundo retén, detenemos a un militar con un reconocido sicario… el cabo iba de civil como para tratar de evadir el retén… decía que tenía una misión encubierta”, indicó.

Sobre estas últimas 2 personas, comentó que “tenían mucha información valiosa” sobre la operación de los Templarios y apuntó que Pedro Alberto Ramírez Rincón y su acompañante “tenían la encomienda de ir a rescatar a Medina y Chaparrón para saber qué había pasado con el dinero”, que habrían cobrado como cuota en Apatzingán.

“Su propósito era interrogarlos (a los primeros detenidos), localizarlos para que después otras personas hicieran su trabajo”, expuso.

El “comandante Chuy” sostiene que el militar cobraba dinero para el propio Ejército y también para los criminales. Incluso, dijo que “los marinos” también cobraban su parte.

“Nos dio grados, nombres, localidades (de militares involucrados)”, comentó.

Ejemplificó con la extorsión a ganaderos de la zona: refirió que “El Pollillo” -de Los Templarios- cobre al presidente de ganaderos y de la extorsión toca una parte a los marinos y otra a los criminales. -

El líder comunitario indicó que entregaron al militar, junto con los otros detenidos, a la Policía Federal, que a su vez entregó a los 4 al Ministerio Público en Coalcoman.

El juez que llevó el caso decretó auto de formal prisión contra los 4; sin embargo, el militar salió libre bajo caución, pues sólo se le acusaba de portación de armas, mientras que los otros 3 confesaron ser parte de un grupo delictivo.

Después, en Aquila, “los marinos y los ministeriales nos desarmaron” y detuvieron a 40 policías comunitarios, precisó el comandante “Chuy”, lo que tomó como una “forma de venganza” por entregar al soldado a las autoridades federales.

Ve la declaración del cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón; en el Ministerio Público, el militar dijo que había sido “obligado” y torturado para declarar esto:

Esto es lo que dijo el comandante “Chuy”.


Parte 2

Petroelectricidad: pacto de traición

John Saxe-Fernández

El domingo pasado fue histórico. Ante una ciudadanía que abarrotó el Zócalo, AMLO rechazó los compromisos vergonzantes que Peña Nieto contrajo con los dueños de corporaciones extranjeras para legalizar la entrega de la renta petrolera y la privatización del sector energético en su conjunto y anunció demandas contra EPN y los legisladores que voten a favor de la reforma energética por el delito de traición a la patria. Ese día se supo que Cuauhtémoc Cárdenas, AMLO, Pablo González Casanova, Raúl Vera, Miguel Concha, Miguel Álvarez y Mario Saucedo plantearon ante los legisladores que ...el presidente Peña Nieto incurre en los delitos señalados por los artículos 108 párrafo segundo constitucional y el 123 fracción primera del Código Penal Federal, porque compromete nuestra soberanía, pone en riesgo nuestro desarrollo como país libre e independiente, y constituye un hecho aún más grave de lo que fue la entrega de Texas durante el siglo XIX.

Esa demanda coincide con el serio trance de crisis de seguridad humana, energía y medio ambiente que viven el país y el orbe ya que la iniciativa energética de EPN se da en momentos en que recrudece el agotamiento de gas, petróleo y minerales convencionales y cuando para el aparato diplomilitar y de espionaje de EU el mundo es un campo de batalla. En efecto, esa iniciativa enviada al Senado el 12 de agosto y un plan transformativo anunciado antes, que parece sacado del desván porfirista o de las entrañas de Exxon, es una capitulación por la continua sujeción del Ejecutivo a la agenda energética y de homeland security (seguridad del suelo patrio) de EU en un arreglo de facto de intervención/ocupación y de guerra irregular (Iniciativa Mérida) que se nutre de armas y dólares de EU.

Luego de 30 años de acumulada descomposición neoliberal, el diseño avalado por Calderón incluye atroces operativos anti-inmigrante y de espionaje masivo del tipo documentado por Edward Snowden, a través de múltiples contratos con firmas como Verint Systems; Security Tracking Devices, Broadlink, algunos de ellos autorizados por Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado de EU, sorprendida y fascinada por la colonialidad panista. Como ilustra Miguel Badillo, en toda la estructura de seguridad del país –civil y militar– se erigieron estructuras capaces de intervenir masivamente todo tipo de comunicaciones electrónicas: desde llamadas telefónicas hasta computadoras, teléfonos inteligentes y sistemas encriptados ¡con el compromiso de compartir con EU la información recabada! En el calderonato se construyó el Sistema de Intervención de Comunicaciones del Cisen, la Plataforma México (en la Policía Federal) y se “instaló el sistema más importante de espionaje masivo jamás instalado en el país: la Plataforma Pegasus –en Sedena–”(Contralínea, 9/9/13 p7).

Este contexto de sometimiento colonial, en el que la guerra al narco o al crimen sirvió para introducir poderosos aparatos de espionaje que operarían los mexicanos, pero a los que también tendrían acceso los estadunidenses (ibid), tuvo una expresión territorial en la visita a México realizada en julio de 2013 por Janet Napolitano, entonces secretaria del Departamento de Seguridad del Suelo Patrio. Sin la presencia de funcionarios centroamericanos, sobre algo tan vital para cualquier soberanía del mundo como lo es el resguardo fronterizo, Napolitano vino a definir “un mecanismo conjunto de intervención en la frontera mexicana, tanto la norte como la sur (sic), para combatir el crimen y aplicar acuerdos en políticas migratorias” (La Jornada, 23/9/13). Eso se dio cuando EPN, siguiendo un guión detectado en las cartas de política por rama del Banco Mundial, planteó la constitucionalización de la entrega petroeléctrica del país, ajustando los artículos 27 y 28, abriendo a los grandes monopolios energéticos liderados por Exxon, Chevron, Shell, etcétera, las actividades desplegadas por Pemex y CFE sobre los inmensos complejos económico-territoriales donde realizan sus vastas y estratégicas operaciones cotidianas para la exploración, producción, generación, distribución y mercadeo de gas, petróleo y electricidad.

Coda: la Iniciativa de Decreto de EPN está hecha a la medida de EU, cuya cúpula petrolera –y política– sabe que aquello de EU como nueva Arabia Saudita es un arrebato cortoplacista por los límites geológicos y financieros del gas y petróleo de lutitas. Ante la abrupta declinación detectada en los registros de producción diaria de los pozos shale y su inviabilidad económica, John Hofmeister, ex-jefe de operaciones de Shell en EU advirtió en 2012 que, a menos que algo cambie en serio, en los próximos cinco años estaremos haciendo cola en las gasolineras, porque no habrá suficiente petróleo a mano. De ahí que EU exija para sus firmas, y EPN cede, el control de las válvulas maestras para la extracción máxima –y el usufructo– de los yacimientos mexicanos.

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Acepta la CNTE liberar calles aledañas a la Plaza de la República

Gabriela Romero

México, DF. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aceptó reorganizar el plantón que mantiene desde el pasado 13 de septiembre en el Monumento a la Revolución.

Después de reunirse por alrededor de una hora con el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés, en las oficinas de éste, Francisco Bravo, dirigente de la Sección 9, del Distrito Federal, explicó que por la tarde se integrará una comisión para analizar qué vialidades y calles se pueden liberar.

Juan José Ortega de la Sección 18 de Michoacán, afirmó que existe toda la voluntad de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por reorganizar el plantón y ocasionar los menores problemas a quienes se han visto afectados con este plantón.

Señaló que será en el transcurso de los próximos días cuando se pueda notar la reorganización del campamento.

Asimismo descartó la posibilidad de que el plantón sea trasladado a otro sitio.

Antes el secretario de Gobierno, Serrano Cortés y el de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, sostuvieron un encuentro con los representantes hoteleros, restauranteros y comercios de la zona del Monumento a la Revolución, a quienes reiteraron la intención del gobierno de apoyarlos con crédito.

Entrega SG documento de indulto a Patishtán

Fernando Camacho

México, DF. El oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Jorge Márquez, arribó a la clínica donde se encuentra el profesor Alberto Patishtán para entregarle, de manera oficial, el indulto otorgado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Unos minutos después de que el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciara la puesta en libertad del indígena tztozil, varios vehículos llegaron al nosocomio, ubicado en el sur de la ciudad.

A las 14:28, Márquez llegó al sitio acompañado del titular de la unidad general de Asuntos Jurídicos de Gobernación, David Arellano, y del director general de Política Pública de Derechos Humanos de la misma entidad, Ricardo Sepúlveda.

En breve encuentro con los medios, Jorge Márquez únicamente señaló que viene a entregar el documento del indulto y entró a la clínica sin hacer más comentarios.

Se espera que en unos minutos Alberto Patishtán salga de la clínica y se dirija inmediatamente a la Casa de la Solidaridad, en la colonia Del Valle, donde ofrecerá una rueda de prensa.

A las 14:41, Márquez salió del sitio y únicamente refirió que ya había cumplimentado la orden de entregar el indulto al luchador social, a quien vio contento y tranquilo.

Continúa la SEV con sanciones a maestros paristas; viola acuerdos

JAIR GARCÍA

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) mantiene acciones de intimidación y sancionatorias contra los maestros paristas, pues tanto directores, inspectores de zona y jefes de sector continúan levantando actas administrativas, denunció el secretario general en Veracruz del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (Sitem), Gabriel Polo Navarro.

“Yo creo que la SEV está en su papel y función de aplicar las medidas administrativas que cree convenientes, pero nosotros como sindicato también estamos en nuestro papel de defender a nuestros agremiados en contra de decisiones ilegales”, expresó.

De manera particular, dijo que en este momento ninguno de sus agremiados se le ha levantado un acta administrativa, o al menos no se les ha informado, como tampoco se les han aplicado descuentos o algún tipo de sanción, sin embargo, reconoció que en otros sindicatos sí ocurrió esta anomalía. Señaló que el Sitem está abierto a respaldar a los profesores que hayan sido sancionados de alguna forma, independiente que deseen o no afiliarse a este sindicato.

Polo Navarro mencionó que cualquier tipo de repercusión a los maestros de su organización o aquellos quienes busquen su respaldo puede ser fácilmente echada abajo, porque indicó que se reaccionó con una protesta mayoritaria en contra de una reforma educativa anticonstitucional.

Precisó que por el momento, los poco más de mil agremiados al Sitem en la entidad laboran con normalidad y detalló que se tratan de profesores tanto estatales como federales de los distintos niveles educativos. “Ahora nuestra lucha va a continuar por la vía legal, a través de los amparos promovidos ante la justicia federal y creemos que hay confianza en poder ganar, y así cualquier sanción que pudiera ya haberse emitido se echaría abajo en automático”.

Por último comentó que los miembros del Sitem continuarán laborando normalmente y rechazó que pudieran incrementar el horario de la jornada laboral, sólo porque exista un acuerdo entre el SNTE y la SEV, pues señaló que con su sindicato no se ha hecho ningún tipo de convenio al respecto, y en dado caso sólo sería la decisión tomada con los padres de familia.

Negociarán juntos CNTE y MMPV en DF; no habrá sanciones, festejan

NORMA TRUJILLO BÁEZ

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) tomarán acuerdos en conjunto para llegar con propuestas el próximo miércoles cuando se reanude la mesa de negociación en el Distrito Federal y uno de los avances del día de ayer fue que el subsecretario de Goberno, Luis Enrique Miranda Nava, indicó que no habrá sanciones administrativas ni descuentos salariales para los maestros que se manifiestan contra la reforma educativa, además que la CNTE podrá incorporar sus propuestas en las leyes estatales.

Lo anterior fue informado por Sandra Romero Agustín, representante estatal de la CNTE, quien expuso que el día de ayer en la reunión con el subsecretario de gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, el punto principal fue sobre las sanciones administrativas y la represión que están padeciendo los maestros veracruzanos.

Al planteamiento hubo una repuesta positiva, dijo la maestra, porque ya no habrá sanciones ni represión administrativa, “aunque no se firmó ninguna minuta, se aceptó que no habrá sanciones y será el próximo miércoles, cuando se firmen acuerdos en el reinicio de las mesas de negociación, se ha aceptado que la CNTE incorpore sus propuestas”.

Asimismo señaló que empieza una nueva etapa en la lucha magisterial, se lanzará una convocatoria para aglutinar a la CNTE y el MMPV para tener conjuntamente un plan de lucha, “la Comisión única de negociación que se encuentra en la ciudad de México acordó que necesitamos seguir trabajando de manera coordinada con el MMPV”.

Romero Agustín señaló que la inconformidad magisterial seguirá en las manifestaciones y en las aulas, se buscarán estrategias para no dejar a los niños sin clases, pero habrá manifestaciones hasta que haya un avance para el magisterio estatal.

Comparecen ante la PGR cuatro docentes del MMPV por bloqueos

SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Coatzacoalcos, Ver.- Cuatro integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) se presentaron a declarar ante la agencia del Ministerio Público de la Federación en Coatzacoalcos, señalados por haber participado en movilizaciones y en especial con el bloqueo a las instalaciones de la refinería general Lázaro Cárdenas, en Minatitlán.

En las primeras horas se presentaron a declarar tres de los cuatro maestros citados por la Procuraduría General de la Republica (PGR), a quienes se les acusa de obstrucción de vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas. Aunque la PGR no ha querido confirmar los delitos se indicó que la denuncia se relaciona con el bloqueo de los accesos a la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de la refinería Lázaro Cárdenas.

Claudio José San Juan, integrante del MMPV, indicó que por estrategia de los abogados de los maestros citados no darán a conocer los presuntos delitos por los cuales se les acusa ya que consideran que son criminalizados por su lucha social. Indicó que la PGR debe citar a comparecer a cientos de maestros que han participado en los movimientos contra la reforma educativa y no sólo centrar su demanda en cuatro.

Los maestros realizaron nuevamente una marcha en apoyo a sus compañeros y anunciaron que presentarán quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e instancias gubernamentales en contra de supervisores y directivos que “tienen sus negocios particulares en las escuelas. Todo esto lo tenemos que denunciar porque el gobierno federal debe saber que también los podemos denunciar, no habían despertado al monstruo legal que hay en cada maestro”, insistió.

Por otro lado, Jorge Yunis Manzanares, subprocurador de Justicia del sur de Veracruz, manifestó que todas las denuncias presentadas por parte de instancias federales, estatales y empresas fueron remitidas a la PGR, la cual se encargará de determinar los cargos correspondientes que se les acrediten. “En el caso de los maestros, ellos llevan las denuncias, no nos informan ni nos dicen nada, la situación de estas personas ellos la determinaran debido a que son lugares federales los que afectaron”.

Trascendió que existen pruebas compuestas por fotografías y videos que muestran la identidad de los docentes acusados, así como datos generales que los inculpan, situación que podría denotar la culpabilidad y el peso de la ley hacia quienes incurrieron en las “acciones vandálicas” contra las instalaciones Federales.

Primeras sanciones

Juan Rodríguez Arroyo, jefe del sector educativo número 19, confirmó que la Contraloría General del Estado (CGE) ha levantado de manera global seis actas administrativas en el municipio de Minatitlán, en escuelas que laboran de manera parcial. “A todos los maestros del plantel se les levantó acta, según las indicaciones se les va a suspender, pero hasta ahorita ignoro si va a proceder”.

Informó que la SEV está capacitando a maestros normalistas para cubrir a los maestros que se niegan a regresar a sus labores diarias.

Aún sin aparecer, 4 jóvenes detenidos por presuntos militares en Coyuca de Benítez

MARGENA DE LA O Y
 FRANCISCA MEZA CARRANZA

Familiares de los cuatro jóvenes detenidos por encapuchados, que creen son policías ministeriales y militares, en colonia popular de Coyuca de Benítez, denunciaron en Chilpancingo que siguen sin conocer su paradero, porque ninguna instancia les informa dónde pueden estar.

Al mediodía, los familiares dieron una conferencia de prensa en la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos, en principio, para relatar lo que sucedió la madrugada del martes en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, de lo que este diario ya dio detalles en su edición de hoy: policías ministeriales y soldados irrumpieron con violencia durante la madrugada en la colonia y se llevaron consigo a cuatro jóvenes sin orden de aprehensión.

María Elidía Ruano, hermana de Daniel y Uriel Ruano, dos de los detenidos, denunció que desde la detención ilegal, porque ni los militares ni los policías llevaban una orden de detención o cateo, los traen de dependencia, instancia u organismo entre Coyuca de Benítez y Acapulco.

Por ejemplo, dijo que ayer estuvieron en la PGJE, pero los mandaron al Ministerio Público de Coyuca de Benítez; también estuvieron en la coordinación regional de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum). En ningún lugar supieron darles informes.

Luis Olivares, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), dijo algunas de las que podrían ser las causas por las que ingresaron a la colonia los militares y policías ministeriales que, aseguró, desde antes acosaban la colonia: Fuerte Emiliano es una colonia fundada hace 13 años de desplazados de la guerra sucia de la parte alta de Coyuca de Benítez, o porque la colonia se organizaba para crear una Policía Comunitaria.

También puede ser porque el anterior dueño del predio en el que fundaron la colonia, Lino de los Santos, intentó por la fuerza pública, policías granaderos, cobrarles nuevamente el terreno.

Admitió que desde hace un tiempo los colonos se organizaron para montar guardias en la entrada de la colonia, como trabajos previos a la Policía Comunitaria; admitió que las guardias estaban armadas, pero con rifles 22.

El dirigente de la organización acusó al Ejército y la Marina de la desaparición de los cuatro jóvenes, instituciones que por cierto apenas el 27 pasado el Ejecutivo estatal premió con el mérito civil Vicente Guerrero, por su servicio con el estado de Guerrero.

Insistió en que la detención la fincaron en un papel simple que llevaban con características similares a la de los cuatro jóvenes. Ellos son Uriel Ruano García, de 21 años; Daniel Ruano García, de 19; Rey David Galeana Pastrana, de 18, y Salvador del Carmen Vázquez, de 30 años.

Manuel Olivares Hernández, secretario general de la Red, agregó que buscarían que en Chilpancingo les abrieran la averiguación previa en Chilpancingo, por ser un caso especial.

No hay datos oficiales de la detención en la PGJE: vocero

Por su parte, el vocero del gobierno de Guerrero, José Villanueva Manzanares, aseguró que en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no hay datos sobre la presunta detención de cuatro jóvenes de Coyuca de Benítez la madrugada del martes, como lo denunciaron integrantes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG).

Durante la conferencia en la que dio a conocer datos a la baja en homicidios en la entidad, el vocero fue cuestionado sobre la denuncia pública hecha por los integrantes de dicha organización.

Inicialmente expresó que no se tenían datos ni denuncias de “estos secuestros” y oficialmente no existían datos en la PGJE, pues dijo que si hubiera información de algún secuestro ya se habría iniciado un acta ministerial e investigación. Cuando se le insistió sobre la versión de los vecinos que indican que fueron agentes ministeriales expresó que tendrán que ser presentados en su momento.

“Si esto fue ayer (martes) hay determinado tiempo que tienen las autoridades para presentarlos ante la Procuraduría. En este momento no hay nada oficial”, reiteró.

Después dijo que seguramente eran presentados en ese momento, después de las 10 de la mañana. “Se están apenas iniciando las averiguaciones y las actas correspondientes y obviamente el dato en este momento no lo tenemos, pero seguramente están siendo presentados en este momento”, dijo.

En el tema de la seguridad el vocero expresó que se tiene un plan para reforzar las fronteras con Michoacán luego de la violencia que ha recrudecido en los últimos días para que el efecto cucaracha afecte menos a la entidad y para que se pueda identificar a los criminales que se quieran trasladar a Guerrero.

Indulto, insuficiente justicia para Patishtán

En México se violan sistemáticamente los derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, de igualdad ante la ley y a la no discriminación en contra de personas indígenas detenidas.

¡Júbilo! Es la palabra, el sentimiento, de quienes hemos esperado este día donde la LIBERTAD se escribe con mayúsculas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se une a la celebración de libertad del profesor Alberto Patishtan Gómez (en adelante profesor Patishtán), a quien el gobierno sometió por más de 13 años a un encierro injusto tal y como es el patrón en el sistema jurídico mexicano hacia las personas presas políticas.

Consideramos que la acción del Estado mexicano debería incluir como mínimo tres exigencias:

1.- Pedir perdón público como parte de su responsabilidad, en el encarcelamiento arbitrario del profesor Patishtán, cuya inocencia ha quedado demostrada de manera pública al igual que las deficiencias en el sistema de justicia penal.

2.- El esclarecimiento de los hechos ocurridos en la emboscada del 12 de junio del 2000, ya que se dan en el contexto de la militarización y de los operativos contra los municipios autónomos. En particular de los actos violentos en Chavajeval y San Pedro Nixtalucum, del municipio El Bosque y cercanos al municipio autónomo de San Andrés Sakamch´en de los Pobres.

Resulta imprescindible una investigación imparcial y exhaustiva, dado que las familias de los policías asesinados tienen derecho a la verdad, saber qué pasó el día de la emboscada, sus móviles y quiénes cometieron el crimen; para deslindar así responsabilidades identificando y sancionando plenamente a los autores materiales e intelectuales de los hechos.

3.- La reparación integral de los daños en el caso del profesor Patishtán, ya que 13 años de prisión truncaron su proyecto de vida y la de su familia, además de que el encierro prolongado, sumado a la negligencia médica, casi lo dejó ciego y puso en riesgo su vida.

Por tanto este Centro de Derechos Humanos seguirá impulsando las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la atención eficaz y de calidad a la salud del profesor. Y mantendrá también la petición por violaciones a derechos humanos, que interpuso desde agosto de 2010, ante la CIDH en contra del Estado mexicano, la cual, en estos momentos, integrantes del Frayba están impulsando ante dicha instancia interamericana.

En el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se evidenció que el gobierno mexicano está reprobado en el tema de los derechos humanos. El aparato burocrático de instituciones creadas para tal fin, sólo es utilizado en el ámbito internacional para simular las obligaciones de respeto, garantía y protección a los derechos humanos.

El poder judicial niega sistemáticamente el acceso a la justicia contra la población excluida, en su mayoría indígena. Así lo evidencia el caso del profesor Patishtán y otros procesos pendientes en Chiapas como los presos: Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez, indígenas tseltales adherentes a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona en San Sebastián Bachajón; Alejandro Díaz Sántiz, solidario de La Voz del Amate; y el profesor Noé Hernández Caballero, de la Organización Nacional del Poder Popular; los siete presos Loxichas en Oaxaca; el de Nestora Salgado en Guerrero; las guardias comunitarias de Aquila Michoacán recluidos en Veracruz; por mencionar algunos.

Por lo anterior desde este Centro de Derechos Humanos, exhortamos al gobierno mexicano la aplicación de medidas efectivas para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos y de exclusión social.

México: El indulto al maestro indígena Patishtán revela la necesidad de una revisión completa de los juicios injustos.

La decisión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de otorgar el indulto al profesor indígena tzotzil Alberto Patishtán, encarcelado durante más de una década tras un juicio injusto, no debe ser solamente un reconocimiento tardío de la injusticia cometida contra él, sino que debe impulsar una revisión completa a los innumerables casos de juicios injustos, manifestó Amnistía Internacional el día de hoy.

“Alberto es un hombre inocente que fue retenido en prisión por 13 años. El indulto presidencial es un gran alivio para Alberto Patishtán y su familia, pero está muy lejos de acercarse a la verdad, justicia y reparación. Las personas responsables de su juicio injusto y encarcelamiento deben rendir cuentas,” dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

“Las cárceles de México están pobladas por incontables casos como el de Patishtán. Su liberación debe ser sólo el primer paso hacia una revisión total de los casos y a la adopción de medidas que pongan fin a la discriminación e inequidad en el acceso a la justicia”, añadió Zúñiga.

Este indulto presidencial es el resultado de años de campaña por parte de Alberto Patishtán y su familia, sus abogados y el apoyo de personas y organizaciones de la sociedad civil.

Alberto Patishtán fue condenado en 2002, después de que una corte en el estado de Chiapas lo declarara culpable del asesinato de siete policías durante una emboscada en junio de 2000. Fue condenado a 60 años de prisión por homicidio agravado y robo, entre otros cargos.

Amnistía Internacional está convencida de que Alberto Patishtán no participó en el crimen y que la investigación y el subsecuente proceso judicial tuvieron graves errores. En ese sentido, la organización considera que las autoridades mexicanas deben conducir una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los homicidios cometidos en el año 2000, por los que Alberto Patishtán fue condenado.

“El caso de Alberto Patishtán es sólo un ejemplo de un patrón sistemático: Después ser acusado por un crimen que no cometió, no tuvo acceso a un abogado defensor competente, un fiscal independiente o un juez imparcial. Como resultado, tuvo que pasar 13 años en prisión. Esto es indignante”, dijo Javier Zúñiga.

A través de los años, la organización ha denunciado cómo las personas que viven en la pobreza en México reciben una menor protección a sus derechos humanos. Esto es especialmente cierto cuando se trata del acceso a la justicia y al debido proceso. Las personas indígenas, la mayoría de las cuales también viven en situación de pobreza, se ven afectadas desproporcionadamente por esta situación.

Otro ejemplo es el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, dos activistas indígenas que fueron liberados de prisión en noviembre de 2012 después de pasar tres años encarcelados bajo cargos falsos en represalia por su trabajo defendiendo el acceso al agua en Atla, en el estado de Puebla.

“La resolución positiva del caso de Alberto Patishtán será sólo una gota en el océano si el gobierno mexicano falla en reconocer que se trata de un problema sistémico y en tomar medidas urgentes para hacerle frente”, dijo Javier Zúñiga.

Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno para garantizar que los derechos humanos de todas las personas involucradas en procesos judiciales sean plenamente respetados, sin discriminación de ningún tipo.

“Los fiscales y jueces a nivel local, estatal y federal deben ser imparciales. La defensa jurídica debe ser gratuita y eficaz para todas las personas, en particular para las más vulnerables. Todas las personas deben ser consideradas inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un juicio de acuerdo a las normas internacionales”, concluyó Javier Zúñiga.

Abogados denuncian detención arbitraria de ‘Luna Flores’, activista del Frente Oriente

La activista social Gabriela Hernández Arreola, mejor conocida como “Luna Flores”, fue detenida el martes 29 de octubre frente al edificio de juzgados que se localiza en la calle de Sullivan 133 por un grupo de al menos 10 Policías de Investigación vestidos de civil que la derribaron y se negaron a mostrar la orden de aprehensión, denunciaron integrantes de la Liga de Abogados 1 de Septiembre y del denominado Frente Oriente.

Además, representantes de ambas agrupaciones denunciaron que el activista Mario González, detenido y encarcelado tras los hechos violentos del pasado 2 de octubre, cumplió este miércoles 22 días en huelga de hambre, por lo que ha perdido más 10 kilos de peso y su salud se sigue deteriorando sin que el gobierno capitalino atienda su exigencia de ser liberado, ya que familiares y amigos niegan que esté implicado en las agresiones a policías ocurridas ese día.

En conferencia de prensa, el abogado defensor de Gabriela Hernández, José Alejandro Esquivel, explicó que su cliente es un ama de casa de 47 años de edad que padece diabetes, la cual se manifestaba el día de ayer junto a otras personas que han sido acusadas de cometer actos vandálicos durante las movilizaciones que se han registrado en la Ciudad de México a partir del primero de diciembre del 2012.

Esquivel agregó que la movilización se realizaba de manera pacífica y que el objetivo de la misma era expresar su apoyo y solidaridad a las 41 personas que están sujetas a proceso penal por participar en marchas de protesta contra el Presidente Enrique Peña Nieto y el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

Señalada por fuentes policiacas cómo integrante de grupos anarquistas, la mujer conocida como “Luna Flores” por contar con un perfil falso de Facebook que lleva ese nombre, ahora enfrenta cargos por el delito de ultrajes a la autoridad, sin que las autoridades hayan señalado en primera instancia de que evento se derivan las imputaciones en su contra, aunque existen constancias de que participó en la confrontación que sostuvieron granaderos y manifestantes el pasado 10 de junio.

En este sentido, el abogado Alejandro Esquivel acusó a la Procuraduría capitalina de realizar una detención arbitraria con base a juicios mediáticos, ya que previo a la captura de su cliente había circulado en medios de comunicación un informe que la estigmatizaba como promotora de actos vandálicos y líder de grupos anarquistas.

“Pensaríamos que la detención se refiere a los actos del 10 de junio, por qué de otra manera no se justificaría que se haya girado una orden de aprehensión en su contra”, sentenció el abogado.

Otro de los procesados por los hechos del pasado 10 de junio, Luis Barrera Fuentes, explicó que actualmente hay 11 integrantes del Frente Oriente acusados de daños en propiedad ajena, ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, los cuales se enfrentan a diversas irregularidades propiciadas por el Juez Undécimo de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del DF, Manuel Rangel Preciado.

Una de las irregularidades más pronunciadas es que el Juez Rangel Preciado y sus Secretarios de Acuerdos en el Juzgado impiden la exhibición de los videos en los cuales se muestra que ninguno fue detenido en flagrancia a la hora de los saqueos y enfrentamientos, sino de manera posterior a que estos concluyeron, lo que representa una violación al debido proceso y a sus derechos humanos.

De igual forma, denunció que el director de Atención Ciudadana y Concertación del Gobierno capitalino, Pedro Bello, se retractó durante un cateo de las acusaciones por robo y lesiones que había formulado contra los integrantes del Frente Oriente durante este proceso penal, lo que su juicio demuestra que se trata de un proceso viciado y por consigna en contra de los activistas sociales.

Por último, los integrantes del Frente Oriente lanzaron un reto al Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para que el próximo miércoles 13 de noviembre asista a un debate con afiliados a esa organización, en el cual se plantearán nueve demandas que incluyen la absolución de los 41 procesados por su presunta participación en hechos violentos durante protestas contra el gobierno federal y la administración local.

Advierte CNTE que pese a protestas de comerciantes no retiran plantón

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron que a pesar de las protestas de los comerciantes por las pérdidas económicas derivado del plantón de los maestros, el plantón seguirá y el plan de acción se mantendrá.

Tras reunirse con el subsecretario de Gobierno de Segob, Luis Enrique Miranda, para dar seguimiento a las mesas de negociación en torno al conflicto por la reforma educativa, el secretario general de la sección 14 de Guerrero, Gonzalo Juárez, dijo que incluso llevarán a cabo actividades culturales en los próximos días con motivo de día de muertos, sin embargo, no descarta la posibilidad de lograr algún acuerdo con el gobierno del D.F en torno a su posible reubicación, este mismo miércoles.

“El plantón no se quitar ni nada, se queda ahí, si pudiera por funcionalidad tener alguna reorganización, pero el platón sigue y el pan de acción se mantiene”.

En ese sentido, Juna José Ortega Madrigal de la sección 18 de Michoacán, afirmó que las protestas de los comerciantes son consecuencia de la falta de sensibilidad del Estado para resolver el problema, por lo que aprovechó para lanzar un llamado a las autoridades para que frenen el conflicto y cesen las inconformidades de parte de terceros.

“Entendemos que son consecuencias por la falta de sensibilidad por parte del estado para resolver el problema. Nosotros hacemos un llamados, ellos y nosotros tenemos que hacer planteamientos que resuelvan de fondo esta situación y que resulte como beneficio el pleno desarrollo de las actividades de todo mundo”.

Entorno al resultado del encuentro en la secretaría de Gobernación, Rubén Núñez, de la sección 22 de Oaxaca, afirmó que nunca hubo una ruptura en las negociones con el gobierno federal, sino que se trató de darle continuidad a sus demandas que tienen que ver con la revisión dela reforma educativa y sus leyes reglamentarias, con la construcción de un modelo educativo que soporte a la mal llamada reforma y el asunto de la represión de los maestros en todo el país.

Para dicho fin, dijo que Miranda Nava se comprometió a que el próximo martes entregará una propuesta de respuesta a sus exigencias de que durante su jornada de lucha se garantice el respeto a los derechos laborales de los maestros, así como la no privatización de la educación, por lo que esperarán a la siguiente semana para consultar con sus bases para poder avanzar en las negociaciones.

PAN abandona la sesión del Senado; el PRD se fractura

JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Al filo de las tres de la madrugada, cuando el Senado había votado a favor en lo general el paquete de reforma fiscal (73 sufragios a favor y 50 en contra) y se había votado, en lo particular, la propuesta para mantener el IVA de 11 por ciento en la frontera y no aumentarlo a 16 por ciento, la bancada del PAN decidió abandonar la sesión el Senado.

AL tiempo, la fracción del PRD quedó fracturada por una parte que votó junto con el PRI y el Partido Verde Ecologista de México los puntos más polémicos del paquete.

La presunta alianza entre el PAN y el PRD para evitar la homologación del IVA en la frontera fracasó. La propuesta se rechazó con 68 votos a favor de la iniciativa original de la Secretaría de Hacienda y 55 en contra. Nueve de esos votos fueron de la bancada perredista.

En tribuna, el coordinador de la bancada panista, Jorge Luis Preciado, anunció de esta manera el retiro de la segunda fracción más numerosa del Senado:

“Si no hay la posibilidad de que seamos escuchados, si toda esta sesión es una farsa para votar lo que de antemano ya está votado en otro lugar, el grupo parlamentario del PAN se retira de esta sesión y los dejamos para que continúen su sesión, y aprueben ustedes esos impuestos que tanto daño hacen a la sociedad mexicana”.

Acto seguido, los poco más de veinte senadores panistas presentes en la sesión se retiraron. El presidente de la Mesa Directiva, el senador priista Raúl Cervantes Andrade, primero declaró un receso de 10 minutos. Ante la evidente falta de quórum suspendió la sesión y la citó para este miércoles a las 12 horas.

Los panistas se quejaron por la posición del bloque de legisladores del PRI y una parte del PRD. Le reprocharon al partido coordinado por el senador Miguel Barbosa Huerta que no hayan cumplido con lo acordado para echar abajo el incremento del 16 por ciento del IVA.

En breve declaraciones a la prensa, Barbosa justificó que “en lo general, siempre dije que nosotros no estábamos en contra de la reforma y que íbamos a diferenciar rubro a rubro, pero ese es un asunto que ahorita vamos a cursar”.

Barbosa sostuvo una reunión con el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, al tiempo que la bancada del PT, y la legisladora del MC, Layda Sansores, también abandonaron la sesión.

Por su parte, Gamboa Patrón lamentó la salida de la bancada del PAN, pero reiteró que “si lo que les molesta es que prefieran el IVA en fronteras, en política se gana y se pierde”.

En tribuna, el senador panista Javier Corral le reprochó al gobierno de Enrique Peña Nieto su falta de cumplimiento de compromisos en la frontera y afirmó que “el mayor de los despropósitos y absurdos del paquete fiscal” es “la chata visión sobre la región fronteriza en México”.

Detienen con armas y droga a dirigente de la CNOP en SLP

El dirigente de la CNOP en Tamazunchale, Ghazy Said Mazlum Soni. 

Foto: Especial

VERÓNICA ESPINOSA

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., (apro).- El dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Tamazunchale, Ghazy Said Mazlum Soni, fue detenido en posesión de armas largas, municiones y decenas de dosis de mariguana.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado precisó que Mazlum Soni, de 31 años de edad y originario de Ciudad Madero, fue aprehendido el pasado fin de semana en un lugar conocido como Totomoxtla, en el municipio de Tampacán, junto con Raúl Alfaro Ramírez, de 26 años.

En el operativo participaron elementos de la Marina y del Mando Único de la Huasteca Sur, quienes decomisaron a los detenidos un fusil de asalto AK-47 (cuerno de chivo), con dos cargadores abastecidos, y otra arma larga de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como 50 envoltorios con mariguana.

Según la dependencia, ambos se identificaron como integrantes de un grupo delictivo asentado en esta región potosina, pero omitieron el nombre.

Los detenidos, armas y droga quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación para que se deslinden las responsabilidades y se determine su situación jurídica.

Ghazy Said Mazlum Soni es cuñado del diputado local Cristian Sánchez –expresidente municipal de Tampacán– y sobrino del exdiputado Oscar Soni Bulos, actual presidente municipal de San Antonio.

Jared Borgetti y el hijo de Chávez, en fiesta donde mataron a Arellano Félix

El semanario 'Zeta' señala que deportistas como el ex futbolista Jared Borgetti y el boxeador Omar Chávez, hijo de la leyenda del boxeo, Julio Cesar Chávez, estuvieron presentes en la fiesta del mayor de los Arellano Félix, quien fue asesinado el pasado 18 de octubre.

El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana de Futbol, Jared Borgetti, estuvo como invitado al cumpleaños 63 del capo Francisco Rafael Arellano Félix, quien fue asesinado el 18 de octubre por un hombre vestido de payaso.

De acuerdo con el semanario Zeta, en Tijuana, entre los invitados a la fiesta en el Ocean House del hotel Marbella también se encontraba el boxeador Omar Chávez, hijo del pugilista retirado Julio César Chávez, acompañado de un equipo de por lo menos diez personas.

“La fiesta fue ambientada por la banda La Cabeña, y posteriormente por El Mariachi de Los Cabos, hasta que llegó el ex vocalista de Banda El Recodo, Luis Antonio López ‘El Mimoso’, para poner más ambiente a la fiesta”, indica el reportaje.

“Notablemente delgado, ya con los estragos del tiempo en el rostro, y una figura que se notaba ejercitada, Francisco Rafael Arellano Félix festejaba su cumpleaños número 63, cuando fue ejecutado a tiros por un sicario disfrazado de payaso”, narra la revista.

Además, agrega que la invitación al hijo de Chávez ocurrió la mañana del 18 de octubre, en la ceremonia del pesaje previa a la pelea de Chávez. Y apunta que “en la misma ceremonia de pesaje, se encontraba el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez; que ahí saludó al mayor de los Arellano Félix, y que éste también lo convidó al festejo, pero el perredista no asistió al acto donde fue ejecutado”.

Arellano recibió personalmente a sus invitados, en lo que sería su última celebración de cumpleaños.

Zeta detalla que el ex capo cumpliría 63 años el 24 de octubre, “pero por cuestiones de fechas del arrendamiento del local, adelantaron el festejo para el 18. El salón de fiesta, rentado en mil 200 dólares, lucía repleto de globos con la leyenda ‘Fue niño’ y estaba decorado con manteles de color azul; además se contrató un equipo de luz y sonido”.

“Las fotografías tomadas el día de la fatal celebración, muestran a Rafael Arellano, a su esposa y amigos, de pie en el imponente jardín frente al salón de fiesta, y como fondo la privilegiada vista al mar”.

Entre los invitados apunta que se encontraba el ex procurador general de Justicia del Estado y actual Notario Público Número 22, Francisco Karim Martínez Lizárraga. También el empresario y dueño de la concesión de la firma de motocicletas Harley Davidson en Cabo San Lucas, David Comartin Riee.

“También se presentó el ex futbolista Jared Borgetti, originario de Culiacán, Sinaloa, y máximo anotador de la Selección Mexicana con 46 goles, arriba de Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández y Carlos Hermosillo. Otro atleta festejando: el boxeador Omar Chávez, hijo de la leyenda del boxeo, Julio Cesar Chávez, acompañado de su equipo de alrededor de 10 personas, quien un día después pelearía contra el canadiense y ex campeón mundial de peso superwelter, Joachim Alcine, en el gimnasio municipal, en el marco de las fiestas de fundación de Cabo San Lucas”, expone.

Esta es la foto que Zeta publica para comprobar que Borgetti estuvo en la fiesta de Francisco Rafael Arellano Félix:

Templarios ganan 2,000 mdp al año extorsionando a aguacateros en Michoacán

El cartel del narcotráfico, “Los Caballeros Templarios” obtienen ganancias por 2,000 millones de pesos al año en extorsiones a la industria aguacatera en Michoacán.

Por cada hectárea de cultivo, los delincuentes les exigen una cuota de 2,000 pesos, mientras que a los vendedores, les cobran entre 1 y 3 pesos por cada kilo, para poder comercializarlo, informa el diario El Economista.

De acuerdo con la Sagarpa, en el 2012 en Michoacán había 46 municipios que se dedicaron a la siembra de aguacate, cuya superficie sembrada fue de 112,673 hectáreas, que significó una producción de 1.12 millones de toneladas.

En un cálculo realizado por el diario, se estima que la extorsión a los agricultores por la superficie sembrada llegó a 225.3 millones de pesos, mientras que por el volumen de producción, los agricultores habrían desembolsado 2,234 millones de pesos.

Así, la estimación del monto total (superficie sembrada y venta del aguacate) que recibió el crimen organizado por extorsión a los aguacateros de Michoacán sería de 2,460 millones de pesos, durante el ciclo agrícola 2012. Los municipios que más habrían pagado son Tancítaro, Tacámbaro y Salvador Escalante.

Cabe recordar que en abril pasado fueron quemadas dos empacadoras de aguacates en el municipio de Tancítaro, una de ellas Mevi, propiedad de Javier Medina Villanueva, quien decidió abandonar el estado e instalarse en otra entidad, donde haya mayores garantías de seguridad.

Habitantes de la región indican que siete de los principales productores de aguacate están fuera del país por haber sido amenazados por integrantes del crimen organizado. (Con información de El Economista)

Maíz transgénico: detrás de las mentiras

Alejandro Nadal

Los promotores de cultivos transgénicos dicen que la demanda futura de alimentos sólo podrá enfrentarse con ayuda de la biotecnología molecular. En México se utiliza el mismo argumento para justificar la liberación del maíz transgénico. Mucha gente está confundida ante la propaganda de las empresas de biotecnología molecular (Monsanto, Syngenta y Dupont a la cabeza). Un análisis serio permite correr su velo de mentiras.

La demanda mundial de alimentos seguirá aumentando en los próximos años. La oferta tendrá que incrementarse, ya sea aumentando la superficie cultivada o los rendimientos, o ambas cosas. La superficie cultivada puede incrementarse pero cada vez más ese aumento afecta otros ecosistemas (bosques, humedales, etc.). Por ese motivo los rendimientos constituyen el factor más importante para elevar la oferta de alimentos. Y aquí es donde entra la propaganda de las compañías productoras de cultivos genéticamente modificados.

El lobby en favor de los transgénicos sostiene que los cultivos genéticamente modificados permiten aumentos espectaculares en los rendimientos (la cantidad producida por unidad de tierra cultivada, por ejemplo, toneladas por hectárea). Los datos recientes no permiten validar ese alegato. Otros sostienen que los rendimientos en cultivos genéticamente modificados podrían aumentar hasta 50 por ciento en las próximas décadas. Un análisis sobre la evolución futura de esta tecnología tampoco permite aceptar este argumento.

En un artículo publicado en la revista International Journal of Agricultural Sustainability, Jack Heinemann y colegas analizan la evolución de los rendimientos en la producción de maíz, colza (canola), soya y algodón en Estados Unidos, Canadá y Europa occidental. La comparación es interesante porque Estados Unidos y Canadá permitieron los transgénicos en esos cultivos, mientras Europa mantuvo muchas restricciones y esa tecnología no es utilizada comercialmente.

Para el caso del maíz en Estados Unidos y Canadá, Heinemann et al encuentran que la introducción de los transgénicos no alteraron significativamente las tendencias existentes. Es decir, el crecimiento de los rendimientos se mantuvo sin cambios. Además, el modelo estadístico de Heinemann revela que entre 1985 y 2010 los rendimientos crecieron más en Europa que en Estados Unidos: esa es la prueba de que los transgénicos no son necesarios para aumentar rendimientos. La conclusión es que los cultivos transgénicos no han generado un incremento importante en los rendimientos y tampoco son necesarios para aumentarlos.

Adicionalmente, los transgénicos están socavando la capacidad de la agricultura estadunidense para mantener los aumentos en rendimientos. Este es un punto de gran importancia (sobre todo para el caso de México) que merece una explicación. Aún en una planta transgénica la estructura genética proviene de años de manejo por campesinos experimentados o por fito-mejoradores utilizando técnicas convencionales. Su ADN es lo que permite a la planta tener un sistema radicular, tallo, hojas y frutos. Sólo unos cuantos genes han sido introducidos por manipulación genética y por eso la evolución de los rendimientos todavía proviene de las técnicas convencionales de fito-mejoramiento. El éxito de las cruzas y combinaciones que realizan los fito-mejoradores depende crucialmente de la agro-biodiversidad.

Pero la agro-biodiversidad se ha ido reduciendo dramáticamente en Estados Unidos. Hace 60 años los agricultores conservaban e intercambiaban semillas de manera rutinaria. La concentración en el mercado de productores comerciales de semillas, el cambio en la propiedad agrícola típica y la introducción de derechos de propiedad intelectual (patentes) han alterado radicalmente esta situación. Hoy el sistema de mejoramiento de semillas ha pasado a depender de grandes compañías y su ejército de abogados de propiedad intelectual. Esos factores han provocado la reducción del germoplasma disponible para el trabajo convencional de fito-mejoramiento, lo que afecta el crecimiento en los rendimientos por hectárea.

Este estudio debería activar la alarma en nuestro país. México es el centro de origen del maíz. La diversidad genética del maíz es una pieza clave de su agricultura. Los productores mexicanos han resistido todo tipo de infortunios, además de una guerra económica desatada por múltiples gobiernos. A pesar de todo han seguido su trabajo cotidiano conservando y mejorando el germoplasma maicero. Pero la liberación del maíz transgénico terminaría subvirtiendo este trabajo. Las compañías productoras de transgénicos no están interesadas en alimentar al mundo, como dice su publicidad. Lo que les mueve es el afán de control del proceso productivo en el campo para transformarlo en espacio de rentabilidad privada. Su tecnología es una de las peores amenazas para el futuro de la agricultura mexicana.

Hoy la liberación del maíz transgénico se encuentra suspendida por orden judicial, gracias a un trabajo colectivo ejemplar. Vergüenza y cobardía serán el sello del gobierno si procede a la liberación del maíz transgénico.

Twitter: @anadaloficial

Lucha de organizaciones por libertad de Patishtán dio frutos, asegura su hija

Elio Henríquez, corresponsal

San Cristóbal de Las Casas, Chis. “Mi papá está emocionado y un poco nervioso esperando que se concrete su libertad”, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara anoche en su cuenta de twitter que el jueves indultará a Alberto Patishtán Gómez, informó su hija Gabriela Patishtán Ruiz.

Entrevistada en esta ciudad, dijo que en caso de que se concrete la liberación de su padre, quien lleva 13 años en la cárcel, “podremos decir que ha dado fruto la lucha que diversas organizaciones y personas han realizado desde que fue encarcelado injustamente”.

Señaló que ayer 20.45 horas, aproximadamente, habló con su padre vía telefónica, ya que desde el 4 de octubre se encuentra en el Instituto Nacional de Neurología, ubicado en la ciudad de México para recibir 28 sesiones de radio terapia, debido a un tumor que tiene en el cerebro.

“Está emocionado y un poco nervioso porque se dice que podría ser liberado el jueves y parece que ésta es la definitiva, después de tantas expectativas fallidas de que sería librado, y no es fácil recibir la noticia después de 13 años de estar en prisión”, aseveró Patishtán Ruiz, quien comentó que hoy viajará a la capital del país para estar cerca de su padre y de su hermano Héctor que lo acompaña.

La joven tzotzil, que estudia la carrera de leyes en la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), con sede en esta ciudad, dijo que “hasta que no lo veamos fuera de cárcel no podremos estar seguros de que obtenido la tan anhelada libertad”.

Insistió: “Estamos pendientes y a la espera porque se dice que el jueves podría ser liberado definitivamente después de tantos años de lucha, de batalla acompañados y apoyos por diferentes grupos y personas”.

Recordó que apenas el 12 de septiembre pasado, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en la capital del estdo, ratificó la sentencia de 60 años de cárcel en contra de su padre, lo que “nos desanimó, pero no hemos dejado de luchar”.

Patishtán Gómez está preso desde junio de 2000, acusado de los delitos de homicidio y lesiones calificados, daños en propiedad ajena y portación de armas de fuego prohibida –lo cuales ha negado--, por su presunta participación en una emboscada ocurrida ese año en el municipio de El Bosque –ubicado en el norte de Chiapas--, en la que murieron seis policías estatales y uno municipal. Está recluido en el penal de San Cristóbal.

Plantea SG incorporar propuestas de la CNTE a leyes estatales

Fabiola Martínez

México, DF. La Secretaría de Gobernación propuso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación elaborar y aceptar dos documentos; en el primero el gobierno federal garantizaría la gratuidad de la educación pública y lo derechos laborales del magisterio y, en el segundo, se plantearía un acuerdo para que las propuestas de la disidencia magisterial se incorporen en las leyes estatales.

Después de una reunión en la SG con una veintena de profesores de la comisión negociadora de la CNTE, funcionarios de la dependencia indicaron que se abre una nueva vía para la solución del conflicto y, sobre todo, se refrenda el compromiso de seguir en el diálogo con la CNTE, en principio para la elaboración de los documentos referidos, más adelante, para fijar un análisis permanente del tema educativo.

Tanto maestros como funcionarios, encabezados por el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, coincidieron en que “hay un margen de posibilidades de que se solucione el asunto” a través de modificar leyes estatales, previa integración de un acuerdo nacional al respecto.

Al término del encuentro en el Palacio de Covián los maestros reiteraron que esta noche continuará la negociación con las autoridades capitalinas acerca de una eventual modificación del plantón que mantienen en el Monumento a la Revolución.

Ante las protestas de los comerciantes de la zona, quienes afirman que los empleos y sus negocios están en riesgo por la falta de ventas, integrantes de esta comisión negociadora magisterial advirtieron que el responsable es el gobierno federal por no solucionar este problema planteado desde meses atrás.

Continúa el hostigamiento contra docentes; no cejarán en su lucha

NORMA TRUJILLO BÁEZ Y AGENCIAS

Los maestros veracruzanos continuarán en lucha desde las aulas y fuera de ellas, contra la reforma educativa y la democratización sindical, señalaron integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), quienes precisaron que tienen el registro que a cinco maestros los han cesado del cargo y a otros les han descontado su quincena, no obstante, se mantendrán en lucha y exigiendo que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) cese la represión.

En entrevista, el maestro Óscar dijo que una parte de la lucha magisterial es la impugnación a los artículos 3° y 73 Constitucionales, y la otra es la democratización de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por eso se sigue en la toma de las instalaciones que alberga la sede sindical.

Una vez que se ha tomado la sede sindical –agregó–, se buscan los mecanismos legales para el desconocimiento de Juan Nicolás Callejas Roldán, “en principio se han hecho desconocimientos a los delegados sindicales, pero hay un gran avance”.

Asimismo, dio a conocer que en esta lucha ha habido amenazas y acoso por parte de autoridades escolares: supervisores, jefes de sector e incuso directores contra los maestros que se han manifestado, “incluso ha habido alrededor de cinco despidos y un buen número de compañeros que recibió descuento en sus quincenas”.

El cese de los maestros ha sido inmediato, sobre todo de Córdoba, Orizaba y Xalapa, por lo que se ha integrado una comisión del MMPV para atender este problema y entrar en diálogo con las autoridades educativas para exigir que paren estos acosos.

Así, dijo han transcurrido 65 días de lucha magisterial desde el 1° de septiembre, y aunque la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) obligó a los trabajadores de la Educación a regresar a las aulas al amenazarlos con sanciones administrativas que van desde descuento de salario hasta la separación del cargo, la búsqueda de la derogación de la Ley Federal del Servicio Profesional Docente no ha terminado.

“El motivo que nos llevó a dejar las aulas fue emprender una lucha en contra de las reformas estructurales que el gobierno impuso para el pueblo mexicano, y contra una reforma laboral disfrazada de educativa, y que, de manera flagrante viola los derechos elementales del trabajador de la Educación y no hay paso atrás”. El haber regresado a las aulas no significa que la lucha haya cedido, “pues se han sumado padres de familia y otros sectores de la sociedad civil para repudiar los atropellos contra los trabajadores de la Educación, y que se ponga en riesgo la educación pública y gratuita garantizada en la Constitución”.

Cada vez más se suman los padres de familia, porque las reformas los afectan también de manera directa, “por eso han iniciado una lucha de manera más activa, además de denunciar públicamente que están llegando ya los recibos de luz a las escuelas, por montos desde 7 mil hasta 30 mil pesos, y que de acuerdo a la reforma educativa corresponderá a la comunidad escolar, maestros y padres, solventar esos gastos”.

El artículo transitorio 5º en su fracción III de la reforma educativa estipula: “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”.

Rotación de maestros para mantener ocupada la Sección 32

Maestros integrantes del MMPV informaron que continuarán en pie de lucha, sin embargo han decidido regresar a las aulas por respeto a la educación de los niños y niñas veracruzanos. En conferencia de prensa, el enlace Lucio Ramos Miguel comentó que esta nueva estrategia constará de rotaciones por parte de los docentes a fin de que continúe tomada las instalaciones de la sección 32, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“La sección va a seguir tomada, por eso es que hablamos de las rotaciones, estas rotaciones se harán por regiones y vamos a seguir en pie de lucha, pero unos en la toma del plantel y otros desde las aulas”.

Asimismo, dijo que aún no llegan a un acuerdo para saber cómo repondrán las clases de más de un mes que perdieron los menores de edad en el estado por las movilizaciones que realizaron. “Nosotros fuimos muy conscientes al decidir que regresamos a las clases, esta es una nueva estrategia que tenemos por parte del MMPV y la cual busca seguir continuando con el dialogo hasta llegar a la derogación de la reforma educativa a nivel nacional”, comentó.

Lucio Ramos recordó que llevan 62 días de paro laboral, sin embargo ahora buscan respetar y hacer valer los derechos de los estudiantes a nivel estatal y por lo cual regresarán a las aulas de manera alternada. “La lucha sigue, pero también somos muy respetuosos de la sociedad y sobre todo de los niños y niñas en Veracruz”.

El maestro enlace dijo que aún el MMPV buscará tomar nuevas medidas de movilizaciones, sin embargo lo harán conforme vaya pasando el tiempo, ya que insistió lo único que a ellos les interesa es la educación de sus estudiantes.