Amnistía Internacional (AI) está preocupada por las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones en conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Al parecer, los actos de violencia cometidos por un grupo de manifestantes detonaron acciones policiales, que resultaron en la detención de más de 100 personas.
Según la información recibida, varios periodistas y personas defensoras de derechos humanos que cubrían la manifestación y el operativo policial, sufrieron golpes y otras agresiones al realizar su legítima labor. En un caso, la policía intentó detener a un integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) que realizaba un trabajo de monitoreo. Otros miembros de la misma organización de derechos humanos sufrieron agresiones al intentar evitar la detención.
Amnistía Internacional reconoce que varios policías fueron objetos de violencia severa por parte de un grupo de manifestantes y que las autoridades tienen el deber de mantener el orden público y evitar actos de violencia. Sin embargo, el operativo policial de nuevo ha resultado en violaciones de derechos humanos y el incumplimiento de los estándares internacionales.
A pesar de los reiterados compromisos de las autoridades, es preocupante que los cuerpos de seguridad pública sigan sin la preparación, capacidad o supervisión para realizar operativos de esta naturaleza sin recurrir a las violaciones de derechos humanos.
“Las agresiones cometidas contra agentes de la policía son injustificables, pero las agresiones cometidas por quienes tienen la obligación de prevenirlas son igualmente injustificables y además constituyen una clara violación a los derechos humanos.” Afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
“Hoy, los ojos del país y del mundo estaban puestos en cómo las autoridades mexicanas actuarían durante las manifestaciones. Así, la falla en reaccionar de forma apropiada ha puesto en evidencia la falta de capacidad para respetar los estándares de derechos humanos en el mantenimiento del orden público. Las autoridades deben tomar medidas urgentes para investigar los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.” agregó Quiroz.
La organización también ha recibido información sobre la detención no justificada de manifestantes pacíficos, sobre el uso de balas de goma en circunstancias que podrían haber puesto en peligro vidas y sobre las acciones de policías vestidos de civil actuando en medio de los manifestantes, lo cual podría haber contribuido a la violencia.
Asimismo las autoridades deben liberar inmediata e incondicionalmente a todas aquellas personas detenidas arbitrariamente y respetar el derecho al debido proceso y el juicio justo, de acuerdo a las normas internacionales, a cualquier persona acusada de un delito.
Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México a explicar públicamente las circunstancias que llevaron a la comisión de estos abusos y a dar a conocer las medidas que serán tomadas para evitar que una situación semejante pueda repetirse.
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