MÉXICO, D.F. (apro).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua autorizó la deportación de los 18 mexicanos detenidos en ese país en agosto pasado, con 9.2 millones de dólares ocultos en seis camionetas con el logotipo de Televisa, por lo que “en cualquier momento” podrían salir del país centroamericano.
Después de rechazar por problemas “formales y de fondo” los recursos de casación que la defensa de los mexicanos presentó en octubre pasado, la CSJ “accedió a la petición que hicieron los reos para ser trasladados a cumplir su condena en México”, informó la presidenta de la CSJ, Alba Ramos.
En rueda de prensa, puntualizó que el fallo ya fue notificado a Amy García, la abogada de los falsos periodistas, quienes deberán cumplir en su país la condena impuesta (de 18 y 17 años de prisión) por los delitos de lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado.
Alba Ramos confirmó la presencia de funcionarios del gobierno de México en Nicaragua para ejecutar la repatriación de los 18 presos, y dijo que la embajada mexicana en Managua fue notificada sobre el traslado de sus conciudadanos desde el pasado viernes 15.
Por su parte, la fiscal adjunta Ana Julia Guido, expresó que el Ministerio Público desistió de la casación presentada contra la sentencia que redujo las penas a los 18 mexicanos, “porque privó el interés superior del Estado nicaragüense”, según información publicada por El Nuevo Diario.
Guido hizo referencia a la voluntad de las instituciones nicaragüenses de sacar del país a todos los extranjeros que estén cumpliendo penas, para que las terminen de cumplir en sus países de origen.
“Hay algunos que terminarán de cumplir sus condenas en otros países, pero hay otros que ya cumplieron sus condenas y esos se podrán ir en libertad”, subrayó.
Al respecto, la presidenta de la CSJ señaló que el traslado de los mexicanos no sólo es beneficioso para ellos, en virtud de que podrán ser visitados por su familia, sino también para Nicaragua, “porque nosotros no tenemos cárceles abundantes”.
Por separado, el jefe de Relaciones Públicas del Poder Judicial de Nicaragua, Roberto Larios, puntualizó que en el caso de los falsos periodistas no se trata de una extradición, sino de un convenio entre México y Nicaragua para el cumplimiento de pena de nacionales en el extranjero.
Los 18 mexicanos, dijo, “no serían extraditados, (el traslado) sería bajo esos instrumentos, sobre la base de una resolución de la Corte que rechazaría el recurso de casación que presentaron (las defensas de los condenados) y dejará firme la sentencia”.
En enero pasado, los mexicanos –encabezados por Raquel Alatorre Correa– fueron condenados a 34 años de prisión por los delitos de transporte internacional de drogas, crimen organizado y lavado de dinero en perjuicio del Estado nicaragüense.
No obstante, el pasado 19 de septiembre la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) redujo a 18 años la pena a Alatorre y a Juan Luis Torres, principales cabecillas de la agrupación, mientras que el resto de los mexicanos compurgarán 17 años por el delito de transporte internacional de estupefacientes.
El pasado 3 de octubre, Larios explicó en rueda de prensa que los magistrados “tomaron en cuenta argumentos presentados por los abogados defensores, como el hecho de que (los mexicanos) no tenían antecedentes en nuestro país ni había agravantes contra ellos”.
Los mexicanos fueron detenidos en agosto de 2012 en la frontera norte de Nicaragua cuando se movilizaban en seis camionetas con logotipos de Televisa, en las que luego se encontraron ocultos 9.2 millones de dólares.
Tras el juicio público en contra de los falsos periodistas, realizado en diciembre del año pasado, el juez señaló que la manera en que transportaban ocultos los millones de dólares era típica del crimen organizado.
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