Pide aclarar los casos Raúl Lucas, Manuel Ponce, Arturo Hernández, Eva Alarcón, Marcial Bautista...
Los gobiernos locales no hacen nada al respecto, y parece que avalan los atentados, critica el activista
HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)
Zihuatanejo, 17 de noviembre. El presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín Farrera, dijo que es indignante que los asesinatos de líderes en Guerrero no sean esclarecidos, y condenó la ejecución de Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez ayer en el centro de Atoyac.
Entrevistado por teléfono, Marroquín Farrera señaló que los asesinatos de líderes no investigan y, por tanto, no se puede decir que hay resultados.
Recordó, que aún faltan por esclarecer los casos de Raúl Lucas y Manuel Ponce, integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Mixtecos (OPIM); igual que el crimen de Arturo Hernández Cardona y sus compañeros de la Unidad Popular de Iguala (UPI); la desaparición de los Ecologistas de Petatlán Eva Alarcón y Marcial Bautista; así como el encarcelamiento de Gonzalo Molina y Nestora Salgado, líderes de la Crac.
“Es un llamado de atención tanto al gobierno del estado como al gobierno federal, que parece no estar interesado en resolver estos delitos”, dijo.
“Yo creo que Guerrero ha tenido, desafortunadamente, mucha desatención, pero también es una situación que se vive como en otras regiones, como en Chihuahua y otros estados, donde hay agresiones a los defensores de derechos humanos, y lo indignante es que los gobiernos locales no hacen nada y parece que se avalan” los asesinatos, sostuvo.
El activista enfatizó que cuando los gobernantes hablan de los luchadores sociales “es para desacreditarlos”, y la misma situación se vive en estados como Chiapas y el Distrito Federal.
Explicó que se observa una política por la que “se está tratando de inhibir cualquier forma de protesta, de cerrar los espacios”.
Ejemplificó que en el Distrito Federal se concentran las protestas del país, pero el Estado deja menos espacio para que exijan sus derechos los ciudadanos, y el gobierno llega a considerar como rivales a los defensores de derechos humanos.
“A un año de este gobierno, no hay espacios mayores; lo que vemos es que se reducen estos espacios, y lo mismo pasa en las instituciones públicas”, dijo.
Marroquín Farrera subrayó que los asesinatos selectivos de líderes sociales “no significan que se acabe la protesta social; al contrario, y mientras no se resuelva queda impune”.
Por último, el defensor dijo que “exigimos que se aclaren estas situaciones –los asesinatos– y haya una participación más activa del gobierno estatal y federal”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario