El pasado 1 de noviembre, agentes de policía fuertemente armados rodearon la casa de Brenda Rangel Ortiz, cuyo hermano lleva desaparecido desde 2009. Ella y su familia están haciendo campaña por la verdad y la justicia en el caso de su hermano y afirman que esta intimidación tiene como finalidad disuadirla de organizar una marcha en nombre de su hermano.
Amnistía Internacional se encuentra preocupada por la seguridad de Brenda Rangel y de su familia.
Según información recibida por la organización, más de 30 agentes de policía fuertemente armados, algunos de ellos vestidos de civil y con pasamontañas, se presentaron ante la casa de Brenda en la ciudad de Querétaro, en el centro de México, hacia las 10 de la mañana el 1 de noviembre. Mientras la apuntaban con sus armas, dijeron a Brenda Rangel que habían recibido una información anónima que indicaba que tenía armas en su casa y en su camioneta. Brenda Rangel se negó a dejarles entrar, ya que no llevaban orden judicial. Los agentes, pertenecientes a la policía estatal y municipal, se marcharon tras discutir con ella durante 45 minutos.
Más tarde, ese mismo día, unos 10 agentes de la policía municipal regresaron y permanecieron estacionados ante la casa durante dos horas. Se negaron a informar a Brenda Rangel sobre los motivos de tal operativo.
El próximo 10 de noviembre de 2013 se cumplirá el cuarto aniversario de la desaparición del hermano de Brenda Rangel, Héctor Rangel Ortiz, ocurrida en Monclova, estado de Coahuila. En ese caso hay implicados agentes de la policía municipal de dicha ciudad.
Amnistía Internacional ha hecho un llamado a las autoridades del estado de Querétaro para que aclaren las circunstancias en las que se llevo a cabo el operativo en casa de Brenda Rangel, y que de comprobarse que el operativo fuera injustificado se haga rendir cuentas a las personas responsables.
La organización señaló que si este operativo hubiera tenido como objetivo disuadir a Brenda Rangel de llevar a cabo la manifestación y continuar la búsqueda de verdad y justicia por su hermano, supondría no solo un evidente abuso de autoridad sino una grave violación a los derechos humanos.
Así mismo, Amnistía Internacional solicita las autoridades que de forma inmediata se garantice la seguridad de la familia Rangel de tal forma que puedan continuar con la organización de la marcha sin temor a sufrir intimidaciones o represalias.
Finalmente, la organización reiteró su llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que esta lleve a cabo investigaciones efectivas sobre todos los casos de desaparición y secuestro, incluido el caso de Héctor Rangel Ortiz, y que lleve a los responsables ante la justicia.
Información complementaria
El número de personas que han desaparecido en México –ya sea secuestradas por bandas criminales o sometidas a desaparición forzada por funcionarios públicos– ha aumentado considerablemente desde diciembre de 2006, fecha en que las autoridades federales entonces en el poder lanzaron una operación policial a gran escala, que incluyó el despliegue del ejército, para combatir al crimen organizado. En febrero de 2013, el gobierno actual hizo pública una lista de más de 26,000 personas que están en paradero desconocido desde 2006. Las autoridades no han proporcionado más información sobre el paradero de estas personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció en junio de 2013 que tenía conocimiento de 2,400 casos de desapariciones en las que estaban implicados funcionarios públicos.
El gobierno del presidente Peña Nieto ha reconocido en parte la gravedad de la situación, pero no la magnitud de la implicación de funcionarios públicos en desapariciones forzadas, ni tampoco la ausencia constante de investigaciones adecuadas. Muchos gobiernos estatales siguen negando por completo este tipo de sucesos. Las condenas son muy poco habituales.
Muchos familiares de víctimas han sufrido amenazas e intimidación por parte tanto de delincuentes como de funcionarios, y han padecido además la indiferencia o la respuesta inadecuada de las instituciones estatales. Unas 70 de estas familias, entre ellas la de los Rangel, han formado la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), con el fin de presionar a las autoridades de manera coordinada.
Héctor Rangel desapareció junto con otras dos personas el 10 de noviembre de 2009 en la ciudad de Monclova, estado de Coahuila, después de que la policía municipal les diera el alto. Realizaban un breve viaje de negocios, pero no se les volvió a ver. Ante la falta de investigación, Brenda Rangel y sus familiares llevaron a cabo sus propias indagaciones, con un alto riesgo personal. Desde junio de 2013, el caso se ha asignado a la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR). Hasta la fecha, el paradero de Héctor Rangel sigue sin conocerse, y nadie ha comparecido ante la justicia.
Brenda Rangel y su familia están organizando una marcha silenciosa con amigos y simpatizantes en la ciudad de Querétaro, como parte de sus continuas demandas de que se lleve a cabo una investigación completa para determinar el paradero de Héctor Rangel y que se promulgue una ley que penalice la desaparición forzada en el estado de Querétaro.
La marcha tendrá lugar el día 10 de noviembre en la Ciudad de Querétaro a las 17 horas iniciando en la Torre de la Esperanza ubicada en avenida Constituyentes esquina Pasteur Sur.
Según el derecho internacional, los casos en los que están implicados, directa o indirectamente, funcionarios públicos constituyen desaparición forzada. No obstante, el derecho internacional también establece que las autoridades deben investigar todas las desapariciones o los secuestros, independientemente de quienes sean los presuntos autores, y deben llevar a los responsables ante la justicia. Las autoridades han tratado con frecuencia de culpar exclusivamente a grupos del crimen organizado de los secuestros, y no han llevado a cabo investigaciones básicas. A consecuencia de ello, se han ignorado pruebas de connivencia o implicación directa de funcionarios, por lo que los casos casi nunca se han investigado como desapariciones forzadas.
El informe más reciente de Amnistía Internacional sobre este tema –Enfrentarse a una pesadilla. Desapariciones en México– se publicó el 4 de junio de 2013 (http://ir.amnistia.mx/infoseap ). Brenda Rangel cuenta a Amnistía Internacional su propia historia en este vídeoclip: bit.ly/novamosaparar. Otras familias de FUUNDEC y otros grupos aparecen en este videoclip: bit.ly/unabusquedaincansable.
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