jueves, 20 de febrero de 2014

Barzonistas toman instalaciones del Infonavit en Jalisco


JORGE COVARRUBIAS

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Alrededor de 300 integrantes de El Barzón Popular tomaron esta madrugada las oficinas centrales del Infonavit, en protesta por los altos cobros y el desalojo de deudores.

Elizabeth Chávez, líder del movimiento en la entidad, dijo que permanecerán en las instalaciones hasta que se resuelva el problema de uno de sus compañeros que se quedó sin vivienda, después de pagarla durante casi 20 años. “Tomamos las instalaciones porque hace un año y medio tuvimos un desalojo de un compañero y tenemos un año y medio en pláticas y no llegamos a una solución”, afirmó.

De acuerdo con Chávez, el Infonavit exige 500 mil pesos para la devolución de la vivienda, pero advirtió que ellos no darán más de 70 mil pesos, que es lo que se debe.

Los manifestantes instalaron casas de campaña en la explanada de las oficinas y advirtieron que no se levantarán hasta alcanzar un acuerdo justo.

En diciembre pasado, Proceso Jalisco publicó una nota con el título “La doble cara del Invonavit”, en la que destaca las quejas de los trabajadores que acuden a las oficinas de ese organismo para reestructurar sus créditos de vivienda.

En entrevista, el contador privado Samuel Molina, de 60 años, se quejó del acoso de Sertek, uno de los despachos particulares que contrata el Infonavit para cobrar a sus deudores. “Me hablan por teléfono a cada rato. Me dicen que si no pago me quitan la casa”, comentó a la reportera Gloria Reza.

Hace nueve años obtuvo un crédito del organismo de vivienda por 190 mil pesos pagadero a 30 años. El dinero le sirvió para fincar su casa, “ya nada más debo 30 mil pesos”, relató. Pero se quedó sin trabajo y aunque hizo sus trámites para pensionarse se atrasó con sus pagos una semana. Y ahí comenzó su calvario.

“Me hablaban por teléfono a cada rato. Me decían que si no pagaba tenía que devolver el inmueble. Las llamadas llegaban después de las 10 de la noche. Era del despacho de abogados para decirme que debía 8 mil pesos”, expuso. Se sorprendió porque su adeudo era de 3 mil pesos. Luego le enviaron una carta para decirle que debía un dineral. Se alarmó y decidió ir a Infonavit a aclarar su situación.

Blanca Estela San Juan Santiago, otra deudora del instituto, recibió un oficio el pasado 3 de julio, según el cual, en apoyo a su economía, se le aplicó una reestructura a su crédito como parte del programa de Solución y Cuenta Nueva para capitalizar el interés de las mensualidades que había dejado de pagar.

“Tienes un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión de la presente carta para que notifiques al Infonavit si no deseas que se aplique esta reestructura. De no ser así –añade el documento–, se aplicará de forma automática, de acuerdo a los términos del artículo 1803 del Código Civil Federal (afirmativa ficta).”

Blanca Estela hizo caso omiso a la carta, pues estaba al corriente de su crédito (número 14031220939), que utilizó para comprar una vivienda en Valle Dorado, en Tlajomulco de Zúñiga. Días después recibió otra carta del Centro de Atención y Solución Autorizado, ubicado en boulevard Américas 155-6, en Hacienda Santa Fe, firmada por el asesor Juan José Velázquez.

En la misiva le informaban que tenía siete meses de atraso y le pedían pagar de inmediato. Mostró a la reportera documentos para comprobar que estaba al corriente. “Ya traje una vez todos los papeles, pero no me pudieron arreglar nada y otra vez me volvieron a mandar requerimiento de que no he pagado. Tengo que ir a trabajar, y ya tengo más de una hora aquí, en la fila. He venido tres veces y no me han podido arreglar nada”, relató.

Y, así como ese, muchos otros casos en los que el Infonavit contrató a 21 despachos externos para que se encarguen de la cobranza comercial y de la cobranza extrajudicial preventiva (también nombrada promotoría social). Su personal recibe “un arancel que se negocia desde la Ciudad de México por cuentas y recuperaciones”, afirmó el gerente de Cobranza del instituto, José Alberto Alcántara Flores.

Y aclaró: a los despachos jurídicos se les paga por cobrar, no por acosar. Según él, el arancel más alto por firmar convenios es de 200 pesos; el más bajo es de 75 centavos por peso recuperado.

Lo primero que se le exige al despacho, señaló, es una visita domiciliaria a la cartera de clientes del organismo. Y, según el acuerdo con el moroso –un convenio, una regularización, un dictamen de capacidad de pago–, se le paga al despacho.

Si un acreditado se siente acosado o afectado, tiene la opción de presentar una queja ante el Infonavit, ya sea a través de la Contraloría Interna, Infonatel, en la delegación o en los kioscos.

La contraloría se encarga de investigar, y si encuentra evidencias se sanciona al despacho. Según el caso se le aplica desde una amonestación o de plano se le rescinde el contrato, como sucedió en noviembre pasado con el despacho QH Payán, que llevaba la cartera vencida en el municipio de Tlajomulco, por deficiencia de resultados y por quejas. “Durante 2013 se han recibido sólo 10 quejas verbales”, pero se arreglaron, según Alcántara Flores.

De acuerdo con la nota de Proceso Jalisco, Juan Lomelí Mejía, chofer de la ruta 15, pidió su crédito (el número 1408085332) para comprar una vivienda en Quintas Las Perlas, en Tlajomulco de Zúñiga. Como ya no pudo pagar el inmueble acudió a la delegación del Infonavit a renegociar su deuda.

“Ya he venido varias veces. Ya tengo más de 10 mensualidades vencidas. Estoy insistiendo en hacer un convenio y, en dado caso de que no se pueda hacer nada, regresaré las escrituras. Con esa mensualidad no puedo seguir, yo pediría que me la dejaran en 2 mil pesos”.

Además, dijo, su esposa enfermó de cáncer. Y aunque la atienden en el Seguro Social, gasta en medicamentos costosos. Así, insistió, es imposible seguir pagando al instituto.

El despacho que lleva su caso es Guarneros Trujillo, que se localiza en la calle Aurelio L. Gallardo 22, colonia Ladrón de Guevara. Al principio, contó, le mandaban cartas muy bonitas en las cuales le decían que no querían que perdiera su vivienda.

Pero luego se convirtieron en advertencias: “Si no solucionamos el crédito, continuaremos con el proceso jurídico correspondiente hasta obtener el pago de la deuda por medio de la adjudicación del inmueble hipotecado. No exponga su patrimonio, asista y escuche las soluciones que le ofrece el instituto”, decía uno de los oficios enviado por Aldo Daniel Molina Jiménez, titular del despacho Guarneros.