jueves, 20 de febrero de 2014

Indígenas rarámuri se oponen a gasoducto que afectará sus parcelas


PATRICIA MAYORGA

CHIHUAHUA, Chih., (apro).- Indígenas rarámuri de los municipios de Bocoyna y Urique se manifestaron en la comunidad de Creel para exigir a las autoridades que antes de emprender cualquier obra consulten a la población.

En el marco del Congreso Nacional de Lenguas Indígenas que se lleva a cabo en el hotel Quinta Misión, habitantes de las comunidades de Bosques de San Elías-Repechike (Bocoyna) y Bacajípare (Urique) advirtieron que la sola instalación del gasoducto El Encino, en Topolobampo, afectaría varias parcelas familiares.

Además, temen que los grupos delictivos asentados en la Sierra Tarahumara se fortalezcan con el gasoducto, ya que podrían ordeñarlo de manera clandestina y, como se ha visto en distintos lugares, hay el riesgo de que ello provoque fugas que pongan en peligro a las comunidades por donde pasará la tubería.

En el caso del aeropuerto que se pretende construir en Creel, así como el gasoducto, afectaría directamente a la comunidad de Bosque San Elías-Repechike –ubicada a 40 minutos de Creel–, conformada por 66 familias, precisaron.

El gasoducto también pasará cerca de un templo ubicado en San Luis Majimachi, del ejido Pito Real, en el mismo municipio de Bocoyna, lo que ha provocado incertidumbre en las comunidades porque oficialmente no se les ha informado nada sobre los proyectos.

El problema es la falta de consulta y, por consiguiente, de información, puntualizó el sacerdote Javier El Pato Ávila, mientras un grupo de indígenas que repartía volantes afuera del hotel donde se realizaba el Congreso Nacional era retirado por elementos del Ejército.

Explicó que en varios poblados hubo labor para persuadir a las autoridades ejidales, pero algunas no accedieron a la construcción de las obras. Sin embargo, los interesados ofrecieron hasta 10 mil pesos por persona para convencerlos de que firmaran los permisos sin darles mayor explicación.

“El problema es que la falta de consulta y de información está generando división en las comunidades, además de injusticias, y esto lo está haciendo el gobierno mexicano”, denunció el sacerdote jesuita.

En entrevista, el agricultor indígena Luis Pérez explicó que acudieron a Creel para manifestarse en contra de los proyectos, no sólo porque no los han tomado en cuenta, sino porque el cierre de caminos ha obligado a los niños a caminar cuatro horas más de su comunidad hasta Creel para llegar a la escuela.

Con una malla ciclónica cerraron los caminos por donde pasaban de las rancherías a Creel, San Ignacio y Bocoyna, y eso también ha dificultado el traslado de enfermos y de mercancía, apuntó.

Añadió:

“Tenemos ahora el problema del aeropuerto y del gasoducto que va a pasar dentro del territorio de la comunidad indígena y no se nos comunicó nada antes, y sabemos que va a pasar por las parcelas de la gente”.

Además, subrayó, de manera arbitraria los constructores taparon con piedras y tierra los manantiales más importantes para la comunidad. De ahí se surtían dos rancherías y también era una parada de descanso para las personas que viajan a pie, quienes en ese lugar se abastecían de agua, dijo.

Otro daño ambiental que les ha dejado la construcción del aeropuerto es la tala indiscriminada de árboles. Según Luis Pérez, la zona más afectada es la que se ubica al suroeste del poblado de Creel, a un costado de la carretera estatal Creel-San Rafael.

“No se ha visto beneficio alguno con la construcción del aeropuerto, no fuimos tomados en cuenta para opinar al respeto y tampoco incluidos como obreros, ya que las autoridades llevaron gente de fuera y lo mismo sucede con el inicio del proyecto del gasoducto”, manifestó.

Y advirtió que una vez que comiencen a funcionar el aeropuerto y el gasoducto, los daños serán mayores. Los indígenas rarámuri buscan que las autoridades reconozcan su derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado que les concede la Constitución Mexicana.

Desde hace 17 años la comunidad de Bacajípare ha sufrido daños por la contaminación de manantiales de donde se abastece de agua para su subsistir.

Esa contaminación es provocada por las descargas de aguas negras de los hoteles de cinco estrellas (Mirador, Posada Barrancas y Divisadero) y el complejo turístico Parque Aventuras, donde se encuentra el teleférico y la tirolesa con mayor longitud en el mundo.

Esos proyectos turísticos, promovidos por las autoridades estatales, tienen grandes expectativas con el funcionamiento del aeropuerto y el gasoducto, debido a que detonarían la economía en la zona norte del país.

En cuanto a la contaminación por la descarga de aguas negras de los hoteles, ha causado múltiples enfermedades, principalmente en los niños, y el deterioro del medio ambiente.

Desde 2002 el gobernador indígena de la comunidad presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la contaminación de los ojos de agua. Y apenas en enero pasado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aceptó que la contaminación en la zona rebasaba lo aceptado por la Norma Oficial Mexicana, pero hasta ahora no ha aplicado ninguna sanción ni amonestación.

Los pobladores han señalado que el gobierno y los empresarios turísticos tienen los recursos suficientes para resolver los problemas ambientales y de salud humana que han ocasionado, y han pedido que la Secretaría de Economía del estado y los dueños de los hoteles instalen mecanismos de tratamiento ecológico para las aguas negras y limpien los manantiales más afectados.

Los indígenas también manifestaron que si bien el gobernador César Duarte Jáquez y el fiscal Jorge Enrique González Nicolás ha dicho que la sierra está blindada por agentes de la Policía Estatal Única y elementos del Ejército Mexicano, en realidad la población de Creel se encuentra sin vigilancia, apenas con cinco militares, los únicos que quedaron después de los enfrentamientos, la última semana, entre un grupo delictivo y policías, que dejó un saldo de cinco muertos, entre ellas dos uniformados.