lunes, 1 de abril de 2013

Apoya Morena a maestros que se amparen contra reforma educativa

Rosalía Vergara

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, anunció que dicha organización iniciará una campaña de apoyo a los profesores que se amparen contra la reforma educativa porque, en su opinión, viola los derechos laborales y humanos del magisterio.

En conferencia de prensa, Batres señaló que dicha iniciativa promovida en el Pacto por México es inconstitucional y regresiva. “Viola los artículos 1, 3 y 123 de la Constitución, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, argumentó.

“La reforma violenta el espíritu del artículo primero, que establece la progresividad de los derechos, principio que prohíbe dar marcha atrás en garantías ya conquistadas, así como el artículo tercero de la Carta Magna, debido a que, al legalizar las cuotas que hasta hoy pagan ilegalmente los padres de familia, se atenta contra el principio de gratuidad de la educación pública. Asimismo, el apartado B del artículo 123 es lesionado al atentar contra la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación”, dijo Batres.

Por su parte, Jesús Martín del Campo destacó que dicha iniciativa forma parte de un proceso que tiende a la anulación de las escuelas normales para lograr su cierre.

“Es falso que los maestros se nieguen a ser evaluados. No obstante, señaló que la evaluación a la que son sometidos los educadores es absurda, ya que se quiere medir el rendimiento por igual de niños de la montaña de Guerrero que de niños de una colonia de clase media en la Ciudad de México, sin considerar un conjunto de condiciones con las que aprenden”, destacó.

Según su percepción, la tendencia es ir cerrando todo el sistema de educación pública, deteriorando al sistema educativo nacional.

Asimismo, recordó que con los gobiernos neoliberales ha habido un descenso real del presupuesto a la educación lo que ha traído consigo que se haya dejado de invertir en infraestructura de las escuelas.

Martín del Campo destacó que al 15 de marzo pasado se habían amparado 130 mil maestros.

El amparo que promueven los maestros estará disponible en cada sede de Morena para que quien así lo desee pueda emprender esta acción.

Beneficia la reforma a transnacionales; afectará la economía de los mexicanos


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Coatzacoalcos, Ver.- La estrategia nacional de energía del gobierno federal establece ceder la renta petrolera a las empresas trasnacionales, lo que elevará aún más el precio de los combustibles, manifestó Rocío Nahle, integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE).

En entrevista, manifestó que desde la pasada reforma energética se ha estado dando una serie de beneficios a las empresas trasnacionales, más allá de los contratos incentivados que se aprobaron.

Apuntó que desde hace varios años, no sólo se les está pagando a estas empresas por la extracción de petróleo y sus servicios alternos, sino que además se les da una parte de la renta petrolera por cada campamento en producción.

Recordó que actualmente Petróleos Mexicanos (Pemex) paga el siete por ciento de sus ingresos en impuesto, lo cual junto a la pérdida de recursos por ceder esta renta petrolera podría generar un severo desbalance dentro de la economía de la empresa paraestal.

“El año pasado Pemex pagó 7.3 billones a la Secretaría de Hacienda, paga el 70 por ciento, ¿qué necesidad de compartir la renta petrolera con otras empresas, cuando esos mismo trabajos los pueden ejecutar los mismos trabajadores de la empresa?”, cuestionó.

La también integrante del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17 indicó que esta falta de recursos incrementará el precio de los combustibles en México, lo cual repercutirá de manera directa sobre la población.

“En la estrategia nacional, se habla en muchos apartados de la privatización de los procesos de Pemex, no se habla de una apertura y esto ya fue aprobado por los legisladores del PRI y del PAN, se observa un gran problema nacional”, apuntó la activista de izquierda.

Manifestó que durante cada sexenio se han relanzando proyectos de extracción de combustibles en zonas que son poco accesibles para poder darle trabajo a las trasnacionales; en el sexenio de Vicente Fox se dio prioridad a la cuenca de Burgos, con Felipe Calderón fue Chicontepec y en esta nueva administración será el Shale Gas y el Shale oil.

Rocío Nahle indicó que actualmente el 75 por ciento de las reservas de petrolero las mantienen las empresas nacionales, por eso las trasnacionales están buscando acuerdos en los estados más vulnerables para aumentar las suyas; México está cediendo a estos intereses, con base a estas reformas estructurales.

“Todas las empresas petroleras nacionales están resguardando sus reservas para mantener su seguridad energética, mientras el gobierno actual actúa con gatopardismo diciendo que no hay privatización cuando en su propuesta sí la plantea”, puntualizó.

Pemex y Petrobras

En concreto | Laura Itzel Castillo

Petrobras, la empresa petrolera brasileña, ha sido utilizada como referente por parte de los políticos con mentalidad privatizadora, para argumentar en torno a las “bondades” de la entrega de Pemex al capital extranjero.

Los promotores de la privatización insistentemente cuestionan que desde la oposición nos opongamos a la nueva reforma energética, si un país como Brasil, dicen, gobernado durante los últimos años por líderes de izquierda, cuenta con una industria exitosa como Petrobras, caracterizada por su apertura a la inversión privada, señalan.

Ante la renovada ola privatizadora, ¿qué dicen los brasileños?

Mitos y realidades de Petrobras es el título del foro que se llevó a cabo en el Senado de la República, donde el vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, Fernando Siqueira, alertó sobre el grave riesgo de abrir la industria petrolera y la consecuente pérdida de control sobre ella.

Denunció también, como en Brasil, que con la privatización, las empresas trasnacionales se apoderaron totalmente del crudo extraído. Única y exclusivamente pagaban 10% correspondiente a los impuestos, por lo que el entonces presidente, Inacio Lula da Silva, tuvo que realizar modificaciones legales para revertir la situación.

En México, la industria minera actúa de esa forma. Las empresas no pagan un centavo del valor de los minerales, únicamente por el número de hectáreas concesionadas. El mineral extraído es propiedad de los privados, a pesar de que la Constitución señala que pertenecen a la nación, al igual que el petróleo.

No obstante, ya se abrió la participación privada a la extracción del crudo a través de los “contratos incentivados”. Con éstos, se les otorga a las empresas un porcentaje del valor del petróleo extraído, con lo que se les transfiere la renta petrolera. Hay que aprender de lo que pasó en Petrobras y de lo que sucede actualmente en la industria minera. El riesgo, sin duda, es cada vez mayor. No permitamos una nueva reforma energética.

Oficio de Papel




El libro blanco de Pemex
Compra directa de buques
Irregularidades en Sedena

El 25 de marzo pasado arribó al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, el buquetanque Texistepec, una de cuatro embarcaciones adquiridas por Petróleos Mexicanos (Pemex) a la coreana SPP Shipbuilding Group, para su subsidiaria Refinación. Esta es una de las 12 embarcaciones que la petrolera mexicana compró al cierre del sexenio de Felipe Calderón, de manera triangulada y sin licitación de por medio, en los mercados internacionales.El esquema usado en esa docena de compras es similar al de los fallidos contratos con los astilleros españoles Navantia e Hijos de J Barreras, para adquirir dos buques hotel (plataformas habitacionales) de Pemex Exploración y Producción, revela el Libro blanco de la filial PMI Comercio Internacional, elaborado por el equipo del exdirector Juan José Suárez Coppel y entregado al actual director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La diferencia es que en el caso de Pemex Refinación sí se concretaron los convenios.

Y es que en estas adquisiciones se involucró al Grupo PMI, como se le denomina a las 14 empresas de Pemex encabezadas por la subsidiaria PMI Comercio Internacional.

Sin licitación de por medio, primero se adquirieron seis buquetanques para Pemex Refinación. De acuerdo con el Libro blanco, PMI Norteamérica, SA de CV, fue la que se encargó de las compras en 2011, luego de que el proceso de licitación pública para la adquisición de cinco buques se declaró desierto.

PMI Norteamérica forma parte del Grupo PMI y aunque Pemex es su propietario indirecto –a través de sus empresas PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SL–, ésta se constituyó como una sociedad anónima el 19 de enero de 1993 en el Distrito Federal. Sus objetivos son la refinación de petróleo crudo en el extranjero; la comercialización del petróleo crudo y productos petroquímicos y otros hidrocarburos líquidos; la compra, venta, adquisición o transmisión de cualquier título; la operación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluso tanques de almacenamiento y buques.

Las compras de buques

Respecto de las compras de los buques, el Libro blanco de PMI informa que “después de haber declarado desierta una licitación pública, Pemex Refinación invitó a navieros mexicanos y extranjeros, incluyendo a PMI Norteamérica, para ofertar y realizar una adjudicación directa para la compra de un buque tanque con las características determinadas por este organismo”.

Las compras, sin embargo, se hicieron de forma directa. La primera de ellas fue la del buque Centenario. Para ésta, se contó con la “asesoría” de PMI Norteamérica, que recomendó a Pemex Refinación acudir directamente con armadores (aunque también se hizo vía intermediarios) en diciembre de 2010 y enero de 2011.

Sin embargo, “justifica” el Libro blanco, debido a que ciertos requerimientos de Pemex Refinación distaban de la práctica internacional en las operaciones de compra y venta de buques, los precios se mantenían elevados. Después de evaluar las ofertas obtenidas (entre ellas los mismos buques Ocean a un precio de 45 millones de dólares), “Pemex decidió adjudicar una contratación directa para adquirir vía arrendamiento financiero al buque tanque Ocean Cygnet”.

El contrato se estableció entre la armadora y PMI Norteamérica, tras “considerar los obstáculos que impedían a Pemex Refinación adquirir directamente el buquetanque”.

Así el proceso de adquisición concluyó con la firma del contrato de compra con la empresa Tornado Maritime, Inc, el 1 de abril de 2011, por un monto de 39 millones de dólares. La embarcación, se asegura, fue construida en 2010, con 175.5 metros de eslora y 32.2 metros de manga y con una capacidad de casi 47 Mt de peso muerto.

El 9 de mayo de ese mismo año, PMI Norteamérica recibió la posesión y propiedad del buquetanque en aguas internacionales. En paralelo, indica el documento, esta empresa negoció y acordó con Pemex Refinación la firma de un contrato de arrendamiento financiero con opción a compra, en virtud del cual el 11 de mayo le transfirió al organismo la posesión del buquetanque Ocean Cygnet en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.

Para esta operación, Pemex realizó una ampliación triangulada del capital social de PMI Norteamérica: sus accionistas, y también integrantes del Grupo PMI –PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SL– le depositaron 718 millones 78 mil pesos del erario.

Modernización de la Flota Petrolera

La adquisición de ese buque se dio en el contexto del Programa de Modernización de la Flota Petrolera de Pemex Refinación. Pero no fue la única: la subsidiaria adquirió otras cinco embarcaciones bajo este mismo esquema.

Este Programa de Modernización se hizo a través de PMI Norteamérica y fue autorizado el 24 de junio de 2010, durante la sesión ordinaria del Consejo de Administración de Pemex Refinación. El objetivo: “mejorar el desempeño de la cadena de suministro de transporte marítimo de sus productos”.

El 29 de julio de 2010, dicho organismo convocó a empresas nacionales e internacionales a participar en una licitación pública para la adquisición de hasta cinco buques tanque de doble casco con año de terminación de construcción en 2007, 2008, 2009 o 2010, para efectuar el transporte de productos petrolíferos, con un porte mínimo de 40 Mt de peso muerto.

En ese procedimiento participó, como licitante “privado”, PMI Norteamérica. El 8 de octubre de 2010 la licitación se declaró desierta. Para el día 25 del mismo mes, Pemex Refinación informó a PMI Norteamérica que continuaba con sus actividades relacionadas con la modernización de su flota y le solicitó un indicativo de precio en caso de que estuviera en condiciones de ofertar buques.

La “empresa privada” y Pemex Refinación acordaron adquirir los buques Ocean Current, Ocean Crest y Ocean Chariot, también propiedad de Tornado Maritime, Inc. Para el 24 de agosto de ese año, PMI Norteamérica formalizó las negociaciones para adquirir los buques.

Como aún le faltaban otras dos embarcaciones, la filial del Grupo PMI inició negociaciones con ST Shipping para adquirir los buques Alpine Emma y Alpine Hallie. Los buques se recibieron entre diciembre de 2011 y enero de 2012. Fueron nombrados Vicente Guerrero II, Miguel Hidalgo II, José María Morelos II, Ignacio Allende y Mariano Abasolo.

Los cascos de nueva construcción

Otras compras encargadas a PMI Norteamérica se relacionaron con los contratos de construcción de seis buques petroleros de 50 mil toneladas de peso muerto con el astillero coreano Shipbuilding Co, Ltd, firmados el 10 de mayo de 2011, con la opción de ordenar al astillero la construcción de hasta doce buques tanque.

Ese mismo día, el Comité Interno de PMI Norteamérica autorizó la primera opción de dos buques. Para el 20 de junio de ese año, confirmó la adquisición de los buquetanques restantes. Shipbuilding Co, Ltd, otorgó de manera incondicional la opción para construir seis buquetanques adicionales a los primeros seis de manera escalonada, debiendo declarar las opciones para adquirir el primer par de embarcaciones adicionales antes del 10 de noviembre de 2011, el segundo par antes del 10 de febrero de 2012 y el tercer par antes del 10 de mayo de 2012.

Denuncian corrupción en la Sedena

Una carta que reproducimos a continuación, llegó a esta columna para denunciar supuestas irregularidades en la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se asegura que militares del área administrativa usan el nombre del secretario general Salvador Cienfuegos para pedir comisiones a proveedores de bienes y servicios cambio de asignación de contratos.

“Estimado señor Badillo

“Acudimos a usted por el motivo siguiente:

“Somos un grupo de proveedores de la Secretaria de la Defensa Nacional. Preocupados porque venimos prestando nuestros servicios a la misma y la nueva administración del área de compras, donde se encuentra el teniente coronel D.E.M. José Alfredo Carrillo Ríos y coronel intendente D.E.M. José Luis Lua Tatuado, desde que llegaron a sus posiciones han pedido cantidades importantes de dinero por anticipado, comentando que ellos tienen el poder de decidir qué proveedores se quedan, quiénes entraban y cuáles se van.

“No han dicho que tenemos que alinearnos. Como si fuera poco, nos han dicho que los diferentes procedimientos licitatorios serán transparentes, invitando a un sinnúmero de empresas por evento, y en las diferentes invitaciones hay irregularidades e inconsistencias, además de pedir requisitos como cartas de exclusividad, cuando conforme a ley si es carta de exclusividad tendría que ser compra directa, pues nadie más participaría.

“Estos dos militares, responsables ahora de la contratación de bienes y servicios para la Defensa, ofrecieron a las diversas empresas participantes información para ganar los contratos por un millón de pesos. Esta situación es más grave porque nos dicen que son órdenes del secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos.

“Solicitamos su ayuda para hacerle llegar esta información al secretario y a donde sea conveniente, ya que es intolerable lo que está sucediendo. Habemos proveedores que hemos tenido que pagar comidas en lujosos restaurantes, entre 20 mil y 30 mil pesos cada nos exigen vernos, más los sobornos que nos piden por adelantado con la promesa de que obtendremos algún contrato. Algunos empresarios su han aceptado pagar dichas comisiones y esto lo hacen fuera de las oficinas de la Defensa.

“Creemos que si de verdad habrá algún cambio en el país, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tiene que frenar esta corrupción intolerable”, señala el escrito de proveedores.

Investiga Sedena a Proveedores

Hace unas semanas informamos que con la llegada del general Cienfuegos se había ordenado una limpia en la Secretaría de la Defensa Nacional de todas aquellas empresas que huelen a la administración anterior y a su extitular, el general Guillermo Galván Galván.

Comentamos que personas bien informadas de lo que sucede al interior de esa institución castrense, aseguran que se ha iniciado una profunda investigación de posibles actos de corrupción, ordenada por el actual secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, y que apunta a varios militares de alto rango.

En las revisiones que hace la actual administración de la Sedena en coordinación con su Órgano de Control, Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, destacan posibles contratos irregulares en donde equipos y servicios no se hayan entregado y realizado; en otros, habría fallas en su operación, y en unos más se habría pagado el diezmo, es decir, un porcentaje de entre el 10 y 20 por ciento del monto total del contrato para los militares que lo asignaron a empresas privadas nacionales y extranjeras.

También se investiga si las compañías beneficiadas tienen alguna relación con generales o coroneles, pues es una costumbre en la Defensa que los militares recomienden empresas o, a través de prestanombres, sean los dueños de las mismas.

En ese sentido, la actual administración de la Defensa ha iniciado una revisión exhaustiva de las empresas que durante todo el sexenio fueron proveedores de bienes y servicios, con el propósito de que nunca más, o por lo menos durante este sexenio, vuelvan a recibir contratos directos ordenados desde los más altos cargos de esa institución militar.

Por lo pronto hay varias empresas en la mira: Disur, Begam, Zaken, Yanbar, Security Tracking, Broadlink, AV y D Solutions, entre otras relacionadas con los servicios de Salud y equipo médico, de laboratorio y ortopedia, a las cuales aseguran fuentes bien informadas, quedarían fuera de alguna posible asignación de contratos.

Por eso llama la atención que algunas áreas de la Sedena no hayan entendido las instrucciones del general Cienfuegos de limpiar la casa y, sobre todo, evitar que algún subalterno militar vuelva a viejas prácticas de corrupción. Seguramente el secretario de la Defensa atenderá esta carta-petición de algunos proveedores que se sienten ofendidos por algunos intentos de chantaje de que han sido objeto.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Preocupa a AI la seguridad de activistas y periodistas en riesgo en el Istmo de Tehuantepec.




Amnistía Internacional se encuentra preocupada por el patrón de detenciones e intimidaciones de los que han sido objeto activistas y periodistas en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

De acuerdo a información recibida por la organización, Filiberto Vicente Aquino, un activista y locutor de una radio comunitaria, recibió una amenaza de muerte el pasado 20 de marzo tras cubrir una conferencia de prensa sobre las acciones de oposición a la construcción de un parque eólico cerca de San Mateo del Mar, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Tras cubrir la conferencia, Vicente Aquino recibió una llamada en la cual se le dijo: “…El gobierno ya no quiere personas como tú, yo ya tengo órdenes expresas de acabar contigo y con tu familia”.

Al día siguiente, el 21 de marzo, policías municipales acompañados de personas no identificadas detuvieron injustificadamente a seis periodistas, Rosa Rojas, Francisco Olvera, David Henestrosa, Ignacio Garrido, Karina Martínez y Eliseo Ramírez. Los periodistas fueron liberados horas después.

El 18 de marzo, fueron también detenidos activistas de la comunidad cuando hacían campaña contra la construcción del parque eólico, quienes fueron liberados unas horas después.

De forma separada ya se han presentado denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca por estos incidentes.

Amnistía Internacional llama a las autoridades a garantizar la seguridad de Filiberto Vicente Aquino así como de los activistas y periodistas que fueron detenidos arbitrariamente. Así mismo la organización recuerda a las autoridades que es su deber tomar todas las acciones necesarias para asegurar que quienes se dedican a informar en la región y quienes han decidido manifestarse abiertamente en contra de la construcción de parques eólicos en la región, puedan hacerlo sin temor a ser víctimas de represalias.

Es también necesario que se cumpla la suspensión vigente a la construcción del parque eólico y que las obras solo se reanuden una vez se cuente con consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas.

Finalmente, la organización llama a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a investigar de forma pronta e imparcial las denuncias detenciones injustificadas y de amenazas de las que han sido objeto periodistas y activistas, y que quienes sean responsables de estos hechos –incluidos funcionarios públicos – rindan cuentas ante la justicia.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Integrantes de comunidades indígenas del estado de Oaxaca se oponen a que se construya parques eólicos en sus tierras. Hay proyectos en gran escala de parques eólicos, actualmente en fase de desarrollo, en los municipios de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, y Álvaro Obregón y Juchitán. Quienes se oponen a los proyectos alegan que no se ha llevado a cabo un proceso adecuado de consulta para obtener su consentimiento libre, previo e informado –requisito establecido por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas–, y que les preocupa el impacto de la construcción sobre su agricultura, sus tierras y sus medios de vida. A consecuencia de su oposición, llevan varios meses sufriendo amenazas e intimidación.

Amnistía Internacional ha informado sobre amenazas y actos de violencia ocurridos anteriormente en otras comunidades cercanas contra quienes se oponen a la construcción de turbinas eólicas en el istmo de Tehuantepec. En meses anteriores, la organización ha denunciado las amenazas recibidas por Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrantes de las comunidades de Álvaro Obregón y San Dionisio del Mar, en el estado de Oaxaca, y defensoras y defensores de los derechos humanos locales que protestan contra la construcción de parques eólicos.

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EL BOTE.

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domingo, 31 de marzo de 2013

Simula Pemex falta de capacidad técnica para iniciar privatización


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA /

Coatzacoalcos, Ver.- La industria petrolera del país vive sus momentos más negros ante una probable privatización de sus activos, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP) manifestó que el gobierno federal insiste que no hay capacidad de su personal ni la viabilidad económica para desarrollar los trabajos de exploración y de petroquímica, con el fin de beneficiar a empresas extranjeras.

Didier Marquina Cárdenas, presidente del consejo de este sindicato disidente, indicó que dentro de la empresa también existe un fenómeno de corrupción y enfrentan alrededor de 500 juicios donde se litigan procesos por despidos injustificados, tráfico de influencias y hasta delincuencia organizada.

En el marco del 75 aniversario de la UNTYPP, este organismo participó en las movilizaciones por la defensa del petróleo, ya que sostienen que la nueva reforma intenta ocultar la privatización la industria petrolera tanto en el área de exploración y petroquímica.

Didier Marquina, ex dirigente nacional de este organismo, expuso que el gobierno federal quiere manipular la información sobre la capacidad técnica de la empresa, con el fin de darle entrada a estas empresas, las cuales no dan los resultados deseados. Refirió que la reestructuración de Petróleos Mexicanos que ofreció el presidente Enrique Peña Nieto en el aniversario de la expropiación petrolera sólo pretende maquillar la privatización de la empresa y la entrega de los activos a través de nuevos esquema de contratación.

Aseguró que hay un falso argumento de que no hay dinero en la empresa para formar asociaciones en los cuales se les entrega materia prima a precios preferenciales e incluso se les va a ceder la operación de las plantas. Manifestó que las inversiones que están haciendo las empresas extranjeras son mínimas y en muchos de los casos, la propia paraestatal sirve de aval para que consigan financiamiento para la infraestructura, como en el caso del proyecto Etileno Siglo XXI. “Se nos están quitando nuestro trabajo, se le da carta abierta de subcontratación, las llamadas outsourcing, para evitar el pago de prestaciones o pagar conforme con derecho; los nuevos trabajadores están trabajando de 7 de la mañana a 8 de la noche, en las peores condiciones de trabajo”.

También señaló que existen muchas irregularidades en los Contratos Integrales de Exploración y Producción y a modo de ejemplo indicó que la empresa británica Petrofac, quien través de sus oficinas en México desarrolla trabajos de extracción de aceite en campos maduros en el sur de Veracruz, con ínfimos resultados, a pesar de los contratos millonarios que se le asignaron. “Encuentren o no encuentren petróleo les pagan, eso no es negocio para la empresa; Petrofac está haciendo hoyos en todos lados pero no cuenta con la capacidad suficiente para hacer investigación y perforar en zonas que sean exitosas”.

De acuerdo a lo señalado por el ex dirigente del sindicato de la disidencia petrolera, el panorama es “desolador y triste” para todos los trabajadores de la industria petrolero ya que no hay una verdadera reforma energética que privilegie la mano de obra de la empresa e inyecte recursos para la empresa nacional.

Denuncias laborales

Por otra parte, Didier Marquina manifestó que a nivel nacional la empresa enfrenta 400 procesos legales de diferente tipo, entre los que destacan 100 denuncias por despidos injustificados y otro tanto por delitos federales como corrupción y lavado de dinero

Refirió que las cifras estipuladas al principio se suman a las más de 25 mil denuncias que a nivel federal sostiene la paraestatal por procesos laborales y federales, en donde aquellos delitos del fuero federal tienen mayor incidencia que aquellas relacionadas con los términos laborales.

Marchan jubilados

En la zona sur del país 4 mil los trabajadores jubilados de Pemex no han recibido el pago de sus derechos laborales completos y mantienen varias denuncias contra la empresa. José Francisco Jaramillo Trujillo, delegado en la zona sur de la Alianza Nacional de Jubilados 18 de Marzo, externó que a estos trabajadores no se les ha pagado la condonación por el salario del ahorro para el retiro, la devolución de impuestos, descontando el servicio de corriente eléctrica, el finiquito de liquidación, el reparto de utilidades, Infonavit, y la nivelación salarial.

Este problema surgio en el sexenio pasado, ya que no se les expidió el pago correspondiente en tiempo y forma posterior a cada jubilación, y en año 2008 se conformó la alianza Nacional para defender los derechos de cada jubilado.

Temen que el IMSS desaparezca el régimen de pensiones y retiro


Fernando Inés Carmona / domingo, marzo 17, 2013

Orizaba, Ver.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podría desaparecer el régimen de pensiones y jubilaciones, de concretarse “habría un enorme perjuicio” para los ex trabajadores del país. Los jubilados continúan en el sometimiento del maltrato y marginación médica, refirió Enrique Aristabizarretea, dirigente de jubilados; además, acusó que millones de pesos se jinetean en los depósitos bancarios de las pensiones.

El dirigente de los jubilados en el estado de México, en una gira de trabajo en esta ciudad, indicó que por ello “estamos en la faceta de integrar la Coordinadora de pensionados, jubilados y adultos mayores” el organismo es una respuesta a tantos problemas que existen en este país y que las autoridades no le prestan atención. “Tenemos la obligación de organizarnos ante los problemas del sector”.

Manifestó que los pensionados enfrentan una serie de problemas, pero entre los principales destaca que “están en la amenaza de que desaparecerá el régimen de jubilaciones y pensiones en el IMSS. Hay una serie de divergencias como el maltrato a personas de la tercera edad. Hay muchas contradicciones de lo que se dice con lo que se hace. Muchos de los jubilados al desconocer el manejo de los cajeros automáticos son sujetos de robos por extraños e incluso por sus propios familiares. Los cobros en los cajeros por sí solos tienen una serie de perjuicios. Hay sobrantes de dinero que se quedan en los cajeros, lo menos que podemos retirar son cincuenta pesos y el resto del dinero se queda en las instituciones bancarias”.

Aquí se comete “el jineteo del dinero a través de las instituciones bancarias, si el depósito es de 780 pesos, sólo se puede retirar 750 pesos, los 30 restantes se quedan en la cuenta, y se promete que en el siguiente mes lo van redondeando, pero al final de cuenta hay una cantidad remanente, si a todo eso lo multiplicamos por los millones de jubilados que hay en el país, significa una cantidad importante”, aseguró.

Además el maltrato que se les da a las personas de la tercera edad en los servicios de salud pública, es para que se cansen y se retiren, como ejemplo cita: “en los hospitales públicos continúa la carencia de medicamentos, retraso de citas, la negación del servicio médico que a la vez genera que muchos jubilados fallezcan porque los médicos ya no les da la atención adecuada, muchos han fallecido así”.

Tampoco hay preferencia en el pago de las tarifas del servicio de pasaje urbano, suburbano y foráneo, “el pulpo camionero no le presta la atención que se requiere”.

Déficit en CFE, pretexto para privatización


Orizaba, Ver.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrentaría un déficit de al menos 54 mil millones de pesos (La Jornada, 30 de marzo de 2013), lo que abriría el camino a su privatización. Organizaciones no gubernamentales califican el pasivo como la justificación para su privatización, “será el resultado de la reforma energética”, refirió Jorge González Rojas, dirigente del Frente Unificador de Trabajadores Urbanos y Rurales Organizados (Futuro).

En tanto, la Sección 84 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), en voz de Víctor García Trujeque, niega el déficit en la CFE y promete mejorar el servicio de la empresa.

El dirigente social señaló que la reforma energética “entregará y por paquete la explotación y comercialización del gas, petróleo y energía eléctrica. El Estado mexicano sólo pasará a ser un supervisor de testigo”.

Aseguró que el déficit económico de 54 mil millones de pesos de la paraestatal “es sólo un pretexto para abrir el mercado de los energético a la inversión privada. Ésa es la fórmula que aplica el gobierno federal para impulsar el proceso de privatización de las empresas que manejan el sector energético”.

En este sentido, aseguró, ya hay una privatización del sector energético. “Lo vemos en la construcción de hidroeléctricas, como sucede en Mixtla de Altamirano y otras más que se pretenden construir en diversas partes del estado y del país. La generación de energía eléctrica ya está en manos del sector privado, ahora con la aprobación de la reforma energética lo único que se va a lograr es legalizar todo este escenario hasta el momento ilegal. Incluso hay ayuntamientos del estado y del país, que ya compran energía eléctrica a las compañías privadas”.

Ese faltante es la aplicación del mismo esquema que se estila en Pemex, decir que está en quiebra para justificar la entrada del capital privado. “Ahora los mexicanos vamos a generar nuevos ricos, así como lo hicimos con Carlos Slim, ahora lo haremos con los inversionistas que adquieran la mayor parte de ambas empresas”.

La situación es crítica, “lo que el gobierno tiene que hacer es asignarle mayor presupuesto, pero no lo hace y de forma deliberada, porque con ello se declarará en quiebra y en nombre de la disciplina fiscal lo que hace es allanarle el camino al capital privado para que ellos hagan lo que le corresponde hacer al gobierno”.

Si este proceso se concreta, “en efecto se va rescatar a la industria eléctrica, pero será a costa de tarifas eléctricas muy elevadas, algunas de ellas inaccesibles para las clases populares. Habrá comunidades rurales e indígenas a las que se les condenará a nunca tener el servicio de energía eléctrica”.

De acuerdo con la nota publicada en La Jornada en su edición de este sábado 30 de marzo, “la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afrenta una insuficiencia presupuestal de al menos 54 mil millones de pesos para este año, por lo que tendrá que acudir a los mercados financieros nacionales y extranjeros y otras agencias de apoyo a la exportación para contratar deuda y así completar una parte de los recursos necesarios para sus obras de mantenimiento y expansión (http://www.jornada.unam.mx/2013/03/30/economia/021n1eco)”.

Esto es una farsa, califica, “lo que nos quieren hacer creer es que ya no vuelta de hoja en Comisión Federal de Electricidad y van a privatizarla. Esa es la forma de trabajar de la política neoliberal”.

En contraparte, el dirigente del Suterm, Víctor García Trujeque, desestima las declaraciones y por el contrario asegura que las finanzas de la empresa paraestatal “están sólidas, eso nos lo han dicho los directivos. No tenemos mayor problema”.

Sin embargo, y en entrevista, el también legislador por Veracruz reconoce que los planes de crecimiento de la empresa en este año en la zona centro del estado se limitan sólo al mantenimiento de las redes de energía eléctrica y se descartan trabajos de construcción o ampliación de la red eléctrica. “No tenemos conocimiento de ese problema, CFE es una de las empresas más sanas, no sabemos de una deuda” responde a los cuestionamientos.

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