JESUSA CERVANTES MÉXICO, DF, 7 de enero (apro).- La Comisión Permanente rechazó actuar de inmediato para que el gobierno federal recupere unos 120 mil créditos de vivienda que la administración de Vicente Fox subastó a empresas de capital extranjero. Los legisladores decidieron que será la Tercera Comisión la instancia que determinará qué hacer y cuándo someter su determinación al pleno de la Permanente, hecho que podría concretarse el miércoles próximo. El martes pasado, Javier Valdez Cárdenas, corresponsal en Culiacán, Sinaloa, del diario La Jornada, reveló que el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) subastó, entre 2005 y 2006, poco más de 120 mil créditos hipotecarios, los que fueron adquiridos a 10% de su valor real por parte de las empresas Pendulum, Scrap II y Campark. Lo anterior implica que los trabajadores que aún tienen adeudos con el Infonavit deberán ahora hacer sus pagos a estas empresas, o de lo contrario correr el riesgo de ser desalojados. También pueden renegociar su deuda, lo que implica un pago inicial de 20 mil pesos sólo por trámites administrativos, así como la firma de convenios bajo nuevas tasas de interés, obviamente más altas que las que aplica el Infonavit. Por ello, el coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, así como el senador Jesús Garibay, propusieron un punto de acuerdo "de urgente y obvia resolución", por el que se solicita al Ejecutivo federal "intervenga de inmediato ante el Infonavit, a fin de recuperar los créditos en cartera vencida que inconstitucional e ilegalmente fueron vendidos a empresas recuperadoras de créditos". Sin embargo, los diputados y senadores de PAN, PRI y PVEM impidieron que el asunto fuera discutido este miércoles y por lo tanto ser sometido a votación. Ello, porque la petición de urgente resolución no logró las dos terceras partes de los votos en la Permanente. El tema se envió a la Tercera Comisión, la cual se prevé lo presente al pleno el miércoles de la semana entrante. El punto de acuerdo de los perredistas incluye también que, una vez que el Ejecutivo recupere de esas empresas los derechos de cobro a los trabajadores, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México fije los montos justos de amortización en bien del Infonavit, de sus afiliados y de la preservación de su patrimonio. Los perredistas también solicitan que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) lleven a cabo auditorías al Infonavit sobre los procesos de venta de cartera vencida. Además, que el instituto entregue a la Permanente un informe detallado sobre las operaciones de cartera vencida que ha procesado desde el sexenio pasado. El senador perredista Jesús Garibay dijo --durante la presentación del punto de acuerdo-- que mientras las empresas adquirieron un crédito en 20 mil pesos, más tarde lo revenden en 300 mil y hasta 700 mil pesos, "lo que significa que han obtenido ganancias increíbles". La venta de cartera vencida del Infonavit se asemeja al proceso que aplicó el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), por el que se subastaron viviendas a un promedio de mil 500 pesos cada una, y muchas de las cuales luego fueron adquiridas por Miguel Khoury Siman, dueño de Construcciones Prácticas SA y presunto prestanombres de Manuel Bribiesca Sahagún, quienes a su vez revendieron esas propiedades en al menos 250 mil y hasta 800 mil pesos. Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente nacional de la organización El Barzón, aseguró a La Jornada que una de las empresas que adquirió cartera vencida del Infonavit fue Campark, firma que también tuvo relación con Construcciones Prácticas SA. Ese hecho también fue denunciado desde la tribuna de la Cámara de Diputados por el senador Jesús Garibay, quien añadió que Campark adquirió del instituto unos 18 mil 702 créditos, el 31 de octubre de 2005. Denunció también que la venta de la cartera vencida violó la fracción XII Apartado A del artículo 123 constitucional, así como el artículo 49 de la Ley del Infonavit. Finalmente, el senador perredista informó que de los 120 mil créditos en cartera vencida, unos 23 mil corresponden a Sonora y 15 mil más a Sinaloa; ambos representan 33% del total de créditos vencidos obtenidos por las tres empresas extranjeras ya mencionadas, por lo que aún falta saber qué firmas privadas tienen en sus manos el restante 67%.
jueves, 8 de enero de 2009
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