SEGUIMIENTO 1: Ejecución extrajudicial y tortura de los luchadores sociales Raúl LUCAS LUCÍA y Manuel PONDE ROSAS, campesinos integrantes de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco, Guerrero.
México, D.F., a 24 de febrero de 2009
Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta
Secretario de Gobernación
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la República
Lic. Mauricio E. Montes de Oca Durán
Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB
Zeferino Torreblanca Galindo
Gobernador del Estado de Guerrero
Lic. Eduardo Murueta Urrutia
Procurador General de Justicia, Guerrero
Lic. Juan Alarcón Hernández
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos humanos del Estado de Guerrero
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la CNDH
Dr. Homero Lorenzo Ríos
Presidente Constitucional del Municipio de Ayutla de los Libres
C. Sidronio Viviano Ayodoro
Síndico del Municipio de Ayutla de los Libres
Santiago Cantón Navanethem Pillay
Secretario Ejecutivo de la CIDH Alta Comisionado de la ONU
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género (ASDDHEG), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con domicilio para recibir comunicaciones en 1era Cda Tehuiztitla No 44, Col. Los Reyes, Del. Coyoacán, C.P. 04330 México D. F., con número telefónico y Fax: 56108790, denuncias.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente ante la Ejecución extrajudicial y tortura de los luchadores sociales Raúl LUCAS LUCÍA y Manuel PONDE ROSAS, campesinos integrantes de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco, Guerrero.
SEGUIMIENTO
El 20 de febrero de 2008, fueron encontrados los cuerpos sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de descomposición - en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa ubicada a unos 30 minutos de Ayutla, dentro de la región de la Costa Chica de Guerrero - de Raúl LUCAS LUCÍA y Manuel PONDE ROSAS, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) quienes habían sido desaparecidos de manera forzada por presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) desde el viernes 13 de febrero en Ayutla de los Libres. Raúl LUCAS de 39 años y Manuel PONCE de 32 años de edad, fueron detenidos y subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido por tres hombres armados que se identificaron como policías. (AU-006- 2009-ODPM-GUERRERO: http://espora.org/limeddh/spip.php?article375)
El día 22 de febrero por la mañana, las esposas de los extintos dirigentes, Guadalupe CASTRO MORALES y Margarita MARTÍN DE LAS NIEVES identificaron los cuerpos, que permanecían en las instalaciones del Servicio Medico Forense (Semefo) en Acapulco. Durante el reconocimiento de los cadáveres que se localizaron en bolsas de plástico y enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, los familiares constataron que éstos presentaban visibles huellas de tortura y que en el caso particular de Raúl LUCAS presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que la muerte de Manuel PONCE se presume que pudo haber sido por traumatismo craneoencefálico.
El procurador General de Justicia del Estado, Eduardo MURUETA URRUTIA declaró que Raúl LUCAS y Manuel PONCE fueron “levantados” lo que puede ser un elemento que distrae la investigación y pretende justificar una ejecución extrajudicial. Para los familiares, integrantes de la OFPM y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollán, es insustituible que la línea de investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos.
El sábado 14 de febrero, los familiares de los desaparecidos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y Tlachinollán presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C. una petición de medidas cautelares a favor de los dos indígenas y pidiera al gobierno de México, que estableciera todas las acciones y medidas pertinentes para dar con el paradero de los desaparecidos y garantizará la integridad física y sicológica de sus familias y que a los demás miembros de la organización no les pase lo mismo, a causa de su trabajo.
Esta situación coloca a la organización en estado de alerta e incertidumbre ya que estos hechos son directamente dirigidas para infligir temor, angustia y sentimiento de vulnerabilidad con el propósito de quebrar la resistencia física y moral.
Ante tales circunstancias, le exigimos al estado que de manera inmediata investigue quienes son los autores de los hechos, pues no puede permitir que se limiten las acciones de una organización defensores de derechos humanos, lo que redunda claramente en no cumplir con las obligaciones internacionaleses para garantizar la labor de las y los defensores de derechos humanos.
Del mismo modo, insistimos en la necesidad de que el estado mexicano garantice el derecho a la libertad de promover la protección y realización de los derechos humanos, y cumpla además con su compromiso de proteger a los defensores de derechos humanos tal como está previsto en:
i. la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art.12.2);
ii. los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Recordamos que: “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos, como la ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos1.
Por lo anterior solicitamos:
i. Que se investigue y se esclarezca la ejecución extrajudicial de Raúl LUCAS LUCÍA y Manuel PONCE ROSAS.
ii. Que se castigue a quienes resulten responsables su ejecución extrajudicial.
iii. Que se garantice la integridad física y psicológica de las familias de Raúl LUCAS LUCÍA y Manuel PONCE ROSAS.
iv. Que sean respetadas las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor.
v. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en el ámbito de su competencia y atribuciones se actué para que se investiguen los hechos previamente descritos, y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver la situación, solicitando que los resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.
vi. A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.
vii. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados por México.
ATENTAMENTE
Por las organizaciones,
Dr. Adrián Ramírez López, Presidente de la Limeddh
DIRECCIONES:
Mandar sus comunicaciones con titulo: S1- AU- 006- 2009- ODPM- GUERRERO
con copia a denuncias.limeddh@gmail.com
Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Tel: +52 (55) 50 93 53 00 / Fax: +52 (55) 50 93 53 11
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta
Secretario de Gobernación,
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600,
México, Fax: +52 (55) 5093 3414
secretario@segob.gob.mx
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República
Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16 / Col.
Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500 Fax: +52 55 53 46 09 08 (si
responde una voz, digan: "tono de fax, por favor")
ofproc@pgr.gob.mx , wmaster@pgr.gob.mx
Zeferino Torreblanca Galindo
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez #62, Col. de los Servicios, Chilpancingo, Gro.
Tel: 01 747.741.98.01, 747.471.98.02, Fax: 747.471.99.56, Conmutador: 747.471.97.00 Ext.
9801 / gobernador@guerrero.gob.mx
Lic. Eduardo Murueta Urrutia
Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero
Boulevard René Juarez Cisneros, esquina calle Juan Jiménez Sánchez, Col. El potrerito,
C.P. 39098, Chilpancingo, Guerrero. Tel: 01 747.494.29.99 Ext. 1002 Fax: 747.494.29.81
cprocurador@pgjgro.gob.mx
Lic. Juan Alarcón Hernández
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos humanos del Estado de
Guerrero
Av. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra Col. Centro, C.P. 39000 Tel: 01 (747) 471 03 78, 471
02 51, 472 86 46 LADA SIN COSTO: 01 800 710 66 28 y 01 800 716 26 98
presidencia@coddehumgro.org.mx, coddehum@prodigy.net.mx
Dr. Homero Lorenzo Ríos
Presidente Constitucional del Municipio de Ayutla de los Libres
Palacio Municipal de Ayutla de los Libres, Gro. Plaza Principal,
C.P. 39200. Tel: (01-745) Lada 4-55-02-21, fax: 4-55-00-97
C. Sidronio Viviano Ayodoro.
Síndico del Municipio de Ayutla de los Libres
Palacio Municipal de Ayutla de los Libres, Gro. Plaza Principal,
C.P. 39200. Tel: (01-745) Lada 4-55-02-21, fax: 4-55-00-97
Lic. Mauricio E. Montes de Oca Durán
Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB
mmontesdeoca@segob.gob.mx
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
correo@cndh.org.mx
Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tb-petitions@ohchr.org
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@hchr.org.mx
Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
cidhoea@oas.org
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países. Con copia: denuncias.limeddh@gmail.com
México, D.F., a 24 de febrero de 2009
Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta
Secretario de Gobernación
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la República
Lic. Mauricio E. Montes de Oca Durán
Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB
Zeferino Torreblanca Galindo
Gobernador del Estado de Guerrero
Lic. Eduardo Murueta Urrutia
Procurador General de Justicia, Guerrero
Lic. Juan Alarcón Hernández
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos humanos del Estado de Guerrero
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la CNDH
Dr. Homero Lorenzo Ríos
Presidente Constitucional del Municipio de Ayutla de los Libres
C. Sidronio Viviano Ayodoro
Síndico del Municipio de Ayutla de los Libres
Santiago Cantón Navanethem Pillay
Secretario Ejecutivo de la CIDH Alta Comisionado de la ONU
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género (ASDDHEG), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con domicilio para recibir comunicaciones en 1era Cda Tehuiztitla No 44, Col. Los Reyes, Del. Coyoacán, C.P. 04330 México D. F., con número telefónico y Fax: 56108790, denuncias.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente ante la Ejecución extrajudicial y tortura de los luchadores sociales Raúl LUCAS LUCÍA y Manuel PONDE ROSAS, campesinos integrantes de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco, Guerrero.
SEGUIMIENTO
El 20 de febrero de 2008, fueron encontrados los cuerpos sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de descomposición - en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa ubicada a unos 30 minutos de Ayutla, dentro de la región de la Costa Chica de Guerrero - de Raúl LUCAS LUCÍA y Manuel PONDE ROSAS, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) quienes habían sido desaparecidos de manera forzada por presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) desde el viernes 13 de febrero en Ayutla de los Libres. Raúl LUCAS de 39 años y Manuel PONCE de 32 años de edad, fueron detenidos y subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido por tres hombres armados que se identificaron como policías. (AU-006- 2009-ODPM-GUERRERO: http://espora.org/limeddh/spip.php?article375)
El día 22 de febrero por la mañana, las esposas de los extintos dirigentes, Guadalupe CASTRO MORALES y Margarita MARTÍN DE LAS NIEVES identificaron los cuerpos, que permanecían en las instalaciones del Servicio Medico Forense (Semefo) en Acapulco. Durante el reconocimiento de los cadáveres que se localizaron en bolsas de plástico y enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, los familiares constataron que éstos presentaban visibles huellas de tortura y que en el caso particular de Raúl LUCAS presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que la muerte de Manuel PONCE se presume que pudo haber sido por traumatismo craneoencefálico.
El procurador General de Justicia del Estado, Eduardo MURUETA URRUTIA declaró que Raúl LUCAS y Manuel PONCE fueron “levantados” lo que puede ser un elemento que distrae la investigación y pretende justificar una ejecución extrajudicial. Para los familiares, integrantes de la OFPM y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollán, es insustituible que la línea de investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos.
El sábado 14 de febrero, los familiares de los desaparecidos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y Tlachinollán presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C. una petición de medidas cautelares a favor de los dos indígenas y pidiera al gobierno de México, que estableciera todas las acciones y medidas pertinentes para dar con el paradero de los desaparecidos y garantizará la integridad física y sicológica de sus familias y que a los demás miembros de la organización no les pase lo mismo, a causa de su trabajo.
Esta situación coloca a la organización en estado de alerta e incertidumbre ya que estos hechos son directamente dirigidas para infligir temor, angustia y sentimiento de vulnerabilidad con el propósito de quebrar la resistencia física y moral.
Ante tales circunstancias, le exigimos al estado que de manera inmediata investigue quienes son los autores de los hechos, pues no puede permitir que se limiten las acciones de una organización defensores de derechos humanos, lo que redunda claramente en no cumplir con las obligaciones internacionaleses para garantizar la labor de las y los defensores de derechos humanos.
Del mismo modo, insistimos en la necesidad de que el estado mexicano garantice el derecho a la libertad de promover la protección y realización de los derechos humanos, y cumpla además con su compromiso de proteger a los defensores de derechos humanos tal como está previsto en:
i. la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art.12.2);
ii. los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Recordamos que: “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos, como la ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos1.
Por lo anterior solicitamos:
i. Que se investigue y se esclarezca la ejecución extrajudicial de Raúl LUCAS LUCÍA y Manuel PONCE ROSAS.
ii. Que se castigue a quienes resulten responsables su ejecución extrajudicial.
iii. Que se garantice la integridad física y psicológica de las familias de Raúl LUCAS LUCÍA y Manuel PONCE ROSAS.
iv. Que sean respetadas las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor.
v. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en el ámbito de su competencia y atribuciones se actué para que se investiguen los hechos previamente descritos, y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver la situación, solicitando que los resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.
vi. A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.
vii. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados por México.
ATENTAMENTE
Por las organizaciones,
Dr. Adrián Ramírez López, Presidente de la Limeddh
DIRECCIONES:
Mandar sus comunicaciones con titulo: S1- AU- 006- 2009- ODPM- GUERRERO
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Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Tel: +52 (55) 50 93 53 00 / Fax: +52 (55) 50 93 53 11
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta
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Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600,
México, Fax: +52 (55) 5093 3414
secretario@segob.gob.mx
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República
Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16 / Col.
Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500 Fax: +52 55 53 46 09 08 (si
responde una voz, digan: "tono de fax, por favor")
ofproc@pgr.gob.mx , wmaster@pgr.gob.mx
Zeferino Torreblanca Galindo
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez #62, Col. de los Servicios, Chilpancingo, Gro.
Tel: 01 747.741.98.01, 747.471.98.02, Fax: 747.471.99.56, Conmutador: 747.471.97.00 Ext.
9801 / gobernador@guerrero.gob.mx
Lic. Eduardo Murueta Urrutia
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C.P. 39098, Chilpancingo, Guerrero. Tel: 01 747.494.29.99 Ext. 1002 Fax: 747.494.29.81
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Guerrero
Av. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra Col. Centro, C.P. 39000 Tel: 01 (747) 471 03 78, 471
02 51, 472 86 46 LADA SIN COSTO: 01 800 710 66 28 y 01 800 716 26 98
presidencia@coddehumgro.org.mx, coddehum@prodigy.net.mx
Dr. Homero Lorenzo Ríos
Presidente Constitucional del Municipio de Ayutla de los Libres
Palacio Municipal de Ayutla de los Libres, Gro. Plaza Principal,
C.P. 39200. Tel: (01-745) Lada 4-55-02-21, fax: 4-55-00-97
C. Sidronio Viviano Ayodoro.
Síndico del Municipio de Ayutla de los Libres
Palacio Municipal de Ayutla de los Libres, Gro. Plaza Principal,
C.P. 39200. Tel: (01-745) Lada 4-55-02-21, fax: 4-55-00-97
Lic. Mauricio E. Montes de Oca Durán
Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB
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Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
correo@cndh.org.mx
Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tb-petitions@ohchr.org
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@hchr.org.mx
Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
cidhoea@oas.org
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