Video: Aristegui - Atenco, expediente abierto.

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A juicio del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, funcionarios de los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— pudieron incurrir en responsabilidad al permitir la violación de garantías constitucionales, no sólo por ordenar la actuación indiscriminada de los cuerpos policiacos contra la población de San Salvador Atenco, sino también por no evitar que las cosas se salieran de control.

Además, esos funcionarios públicos, federales y estatales, de los cuales no da sus nombres, cometieron graves omisiones en su función pública por no haber atendido a tiempo los problemas sociales que derivaron en un conflicto mayor, como fueron los brutales acontecimientos de San Salvador Atenco y Texcoco en mayo de 2006.

Lo anterior se desprende de la "versión pública" —de 940 fojas— del resultado de la investigación que encabezó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo sobre estos acontecimientos, y que fue subida a la página de Internet por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el caso será revisado por los propios ministros a partir del lunes.

En esta versión pública del dictamen del ministro Gudiño se omitió intencionalmente dar a conocer una lista de exfuncionarios y funcionarios federales y estatales responsables de estos violentos hechos, y tampoco aparece alguna recomendación para la aplicación de sanciones, entre otras razones porque las reglas establecidas por la propia Corte para hacer este tipo de pesquisas no lo permiten.

No obstante, la Comisión Investigadora que ordenó la propia Suprema Corte y que fue integrada por los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo y Sergio Alejandro González Bernabé y 14 empleados judiciales más, en su informe final que consta de cinco mil 428 fojas, se mencionó entre los "entrevistados" a Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, y al exsecretario de Seguridad Pública federal y ahora titular de la PGR, Eduardo Medina Mora.

Asimismo, a Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno; a Abel Villicaña Estrada, exprocurador de Justicia estatal, y a varios mandos policiales estatales y federales que participaron en estos acontecimientos, entre ellos Wilfrido Robledo.

Además, entrevistó a 45 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a varios extranjeros que fueron expulsados del país por las autoridades migratorias, así como a 31 mujeres detenidas que denunciaron haber sido objeto de agresiones sexuales por parte de elementos policiacos.

En la versión pública, si bien se omiten nombres y datos personales de las víctimas, de los funcionarios y policías involucrados, se reproducen los testimonios de las mujeres que denunciaron haber sido agredidas sexualmente.

Necesitan reglamento

En su reporte, el ministro Gudiño Pelayo destaca la inexistencia a nivel federal y estatal de una legislación y de reglamentos protocolarios que regulen el uso de la fuerza pública por parte del Estado, así como la impreparación, las carencias y deficiencias con que operan los cuerpos policiacos.

Esos elementos, sostiene, son parte de las causas que provocaron violaciones graves a las garantías constitucionales en contra de ciudadanos, en los hechos violentos Atenco.

Un ejemplo de lo anterior es la confirmación de que en los días 6 y 7 de mayo, en San Salvador Atenco y Texcoco, dos mil 500 policías federales y estatales actuaron sin control, y muchos de ellos cometieron violaciones graves a las garantías individuales, como se puede apreciar en testimonios, fotografías y videos recabados.

De los 207 detenidos, sólo nueve "resultaron ilesos". En la numeralia, el ministro Gudiño señala que de los 207 detenidos, al menos 27 requirieron de atención hospitalaria y cinco de ellos tuvieron fracturas; dos personas fallecieron —una por disparo de arma de fuego y la otra por una lesión en la cabeza—, y hay 31 testimonios de mujeres agredidas sexualmente .