Trampolín transparente

JOHN M. ACKERMAN

El salto de Alonso Lujambio a la Secretaría de Educación Pública (SEP) es simultáneamente poco ético y de cuestionable legalidad. Demuestra que lo que menos le interesa a este político es la transparencia y la institucionalidad democrática del país. 

 El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prohíbe tajantemente que los servidores públicos, durante un año después de ejercer su cargo, reciban “donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones” de parte de cualquier persona física o moral que haya estado “directamente vinculada, regulada o supervisada por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo”. Como comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Lujambio fue el responsable de regular, “revisar”, “vigilar” y “establecer los lineamientos” para la aplicación de la ley de transparencia en la administración pública federal. Hoy, el exregulador ha aceptado un jugoso cargo de parte del titular del ente regulado, Felipe Calderón Hinojosa. 

Algunos han dicho que el paso de Lujambio a la SEP es tan grave como si el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) se incorporara al gobierno federal como secretario de Gobernación. Algo similar ya ocurrió cuando el exconsejero Juan Molinar Horcasitas aceptó ser subsecretario de Gobernación con Vicente Fox. 

Pero el conflicto de intereses en que incurre Lujambio es aún más burdo. Es como si Leonardo Valdés pasara del IFE a presidir un partido político nacional o como si Eduardo Pérez Motta, titular de la Comisión Federal de Competencia, aceptara dirigir una de las empresas de Carlos Slim. Saltos de ese tipo provocan un daño irreparable a la institucionalidad del país. 

Como comisionado del IFAI, Lujambio destacó por su empeño en defender la opacidad del gobierno federal. A partir de interpretaciones exageradas de la ley, sistemáticamente buscó pretextos para negar el acceso ciudadano a la información pública. Su posición en los recientes debates con respecto a la aplicación del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como sobre el alcance de la reserva por motivos de seguridad nacional y el concepto de “datos personales”, son apenas algunos ejemplos de su desempeño.

Como presidente del IFAI, llevó a la institución a la pérdida de legitimidad pública. Sistemáticamente se negó a realizar una declaración pública de intereses o a excusarse de casos que involucraban a su amigo Felipe Calderón. Canceló el programa Comunidades, que pretendía acercar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y el IFAI a diversos grupos marginados. Vetó personalmente la participación de expertos y académicos “incómodos” en los eventos y actividades organizadas por el IFAI. Impulsó la reforma al artículo sexto constitucional, pero posteriormente participó en la elaboración de una contrarreforma a la LFTAIPG y dejó vencer el transitorio de la reforma constitucional sin emitir protesta alguna.

Hoy, al abandonar el IFAI en un momento sumamente complicado, Lujambio traiciona la poca confianza que le quedaba entre la comunidad protransparencia. El próximo 11 de septiembre de 2009 concluirán los períodos de los comisionados Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo. Jacqueline Peschard llegó a la institución hace apenas dos años, y ahora que probablemente encabece la institución tendrá poco tiempo para estudiar a fondo los diversos recursos de revisión.

La mayor parte del peso institucional entonces caerá sobre María Marván. Cuando fungió como comisionada presidenta condujo la institución con visión y arrojo, pero recientemente se había venido plegando a la línea gubernamental que transmitía Lujambio. Habría que recordar también los propios deseos de Marván de utilizar el IFAI como trampolín, al inscribirse en el proceso de selección de los consejeros electorales del IFE hace poco más de un año.

Actualmente el IFAI resuelve más de 120 recursos de revisión por semana y cada comisionado está permanentemente investigando y dictaminando entre 200 y 300 casos.  Si el Poder Ejecutivo no propone rápidamente los reemplazos de Lujambio, Guerrero y  Gómez Robledo, la carga de trabajo para Marván y Peschard podría triplicarse de la noche a la mañana, con la consecuente disminución de la calidad y el rigor del trabajo del instituto de transparencia.

De acuerdo con la LFTAIPG, el presidente de la República es quien designa directamente a todos y cada uno de los comisionados. No se precisa ni de convocatorias públicas o de procesos de auscultación de ningún tipo. El Senado tiene derecho de objetar los nombramientos, pero si esta instancia no actúa rápido, el nombramiento automáticamente queda en firme. Los partidos de oposición tendrían que estar muy atentos para no permitir que Calderón nombre otros más de sus leales en el instituto responsable de transparentar su gestión. 

Una vía para lograr este fin sería que los grupos parlamentarios del PRD y el PRI en el Congreso de la Unión modificaran la forma de nombramiento de los comisionados aun antes de que el Presidente enviara su propuesta para el reemplazo de Lujambio. El Senado, no el Ejecutivo Federal, debería ser la instancia a cargo del nombramiento de los integrantes del pleno del IFAI. Tanto la reforma al artículo sexto constitucional como la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente abren la puerta para una reforma con estas características.

En su posicionamiento personal en contra de la reelección de Lujambio como comisionado presidente del IFAI hace un año, el comisionado Juan Pablo Guerrero realizó una afirmación visionaria: “En las condiciones actuales, el IFAI corre el riesgo de burocratizarse, de ser una institución más en el concierto de la comunidad gubernamental obsesionada con la supervivencia armónica con el resto, por encima del servicio a la sociedad. Me parece que en la defensa de garantías fundamentales, como el derecho a saber, los órganos garantes no pueden tener ni tregua ni agenda política”.

Ojalá que nuestros representantes populares eviten que el IFAI sea una baja más en la crisis generalizada que cada día más defrauda la confianza ciudadana en nuestras instituciones públicas.  

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