Gacetillas y derecho a la información

Ernesto Villanueva

Gacetillas y derecho a la información

Uno de los mecanismos a través de los cuales se desnaturaliza el derecho a la información de la sociedad en el país es la existencia incólume de las gacetillas, una de las grandes aportaciones de México al mundo de lo que no debe hacerse. Y es que la gacetilla es publicidad y/o propaganda que aparece como información en gran parte de la prensa nacional, generando por tanto desinformación en el lector, quien difícilmente puede distinguir si lo que está leyendo es información o es publicidad encubierta. Ésa es una de las múltiples asignaturas sobre las que hay que legislar a la brevedad posible. Constituye, pues, uno de los resabios que siguen gozando de cabal salud en las prácticas periodísticas del país prohijadas por el poder público, en donde todo vale, menos el interés del ciudadano. El problema, sin embargo, no se queda únicamente ahí. No sólo se engaña al público, sino se cobra más por la comisión de ese hecho antiético, pero legal en México.

 

No se crea que esto que sucede en México es una práctica corriente en los estados de derecho. Tanto desde la perspectiva legal como desde la postura deontológica las cosas transitan de una manera distinta. Desde 1937, el Código Internacional de Prácticas Publicitarias ha previsto esta eventualidad, según lo dispone el artículo 11, que a la letra dice: “Los anuncios deben ser claramente distinguibles como tales, independientemente de su forma y del medio usado. Cuando un anuncio aparezca en un medio que contenga noticias o material editorial debe ser presentado de manera que sea rápidamente reconocido como publicidad”. En Rusia, la Ley de Publicidad 108, del 18 de julio de 1995, sostiene en el artículo 5: “1. Un anuncio debe ser reconocible, sin un conocimiento especializado o sin la aplicación de medios técnicos, claramente como publicidad al momento de su presentación con independencia del medio usado para su difusión”. Resulta pues un contrasentido que en México nadie diga nada y todo siga igual. Y es que la libertad de empresa informativa y la indolencia gubernamental no deben pasar por encima de la dignidad y el respeto que se merece el pueblo de México.

 

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM