Calderón, desprecio a los derechos humanos

Calderón, desprecio a los derechos humanos

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, D.F., 10 de julio (apro).- Felipe Calderón pasará a la historia como uno de los principales gobernantes violadores de los derechos humanos en México.

Su decisión de sacar a los militares a la calles para enfrentar al narcotráfico no ha acabado con ningún cártel ni ha recuperado las porciones del territorio que desde hace años están en manos de los narcotraficantes.

Lo que sí ha logrado es un preocupante e imparable incremento de las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos a manos de la fuerza pública, sobre todo del Ejército.

La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos –que no se caracteriza por hacer valer el respeto a esos derechos– reconoció recientemente que tan sólo en los primeros dos años del sexenio de Calderón las quejas contra el Ejército por violar la dignidad humana se elevaron a más de mil 600, seis veces más de las registradas al momento de asumir el poder.

Esta realidad es inocultable al escrutinio internacional. Tanto en la Organización de las Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, las crecientes violaciones a los derechos humanos se convirtieron ya en un caso a seguir de cerca.

No son pocos los países que han observado este comportamiento. En febrero pasado, un grupo especial de trabajo del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación porque los militares mexicanos responsables de estas violaciones son protegidos por la jurisdicción militar.

El martes pasado, por primera vez, el Estado mexicano tuvo que comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso de desaparición forzada ocurrido durante la "guerra sucia", en Guerrero. El caso del campesino Rosendo Radilla no es el único, pero sí representativo de las cientos de desapariciones forzadas ocurridas en el país en los años sesenta y setenta, principalmente pero no únicamente en ese estado.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ha sido el encargado de responder a los señalamientos que se están haciendo en esos foros, pero lo único que está haciendo es confirmar a los ojos de todo el mundo cómo el gobierno de Calderón está decidido a defender hasta donde pueda a su principal aliado político, el Ejército.

Dador principal de su legitimidad como presidente, el Ejército se está evidenciado con esta defensa como uno de los más atrasados del mundo en materia de derechos humanos.

En América Latina, el Ejército mexicano se destaca por gozar de un fuero que puede extender a civiles y que garantiza la impunidad para los militares que sean responsables de violaciones a los derechos humanos, así se trate de delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.

Al tomarlo como sustento de su legitimidad, Calderón le está causando un grave daño al Ejército no sólo por la imagen negativa que se está formando en el exterior, sino porque impide el avance de las Fuerzas Armadas mexicanas a un régimen democrático, tránsito por el que ya pasaron y están pasando varios países latinoamericanos que, por lustros, padecieron dictaduras militares.

En años recientes, varios de esos países –como Argentina y Perú– han modificado su legislación para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigados por la justicia ordinaria. De esa manera se evita que los militares se investiguen a sí mismos, como ha ocurrido históricamente en México.

El comportamiento de Calderón, que sólo en el corto plazo puede beneficiar al Ejército, no es nuevo. Desde que asumió la presidencia, su gran compromiso fue con los militares y una de sus primeras medidas fue la desaparición de la fiscalía especial que investigaba casos de la "guerra sucia".

De por sí ineficiente, la fiscalía murió a manos de la negociación entre el PRI y el PAN para que el tema de las violaciones a los derechos humanos del pasado, en especial las cometidas por el Ejército quedaran en la impunidad.

Esa negociación permitió que Calderón asumiera la Presidencia de la República en medio de la incertidumbre que dejó la elección del 2006.

La ganancia para Calderón y el Ejército fueron sólo de corto plazo y para propósitos políticos personales. Pero el tema de las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército seguirá en tanto no se investiguen y se establezcan las responsabilidades del Estado mexicano.

Calderón podrá, incluso, tener el apoyo político del gobierno de Barak Obama y del Congreso estadunidense en su llamada estrategia contra el narco, pero no podrá evitar que México siga siendo exhibido ante el mundo como un país donde los violadores a los derechos humanos quedan impunes.

jcarrasco@proceso.com.mx