Gobiernos mafiosos y criminales

El gobierno no debe ser solamente revolucionario contra la aristocracia: debe serlo contra aquellos que roban al soldado, que pervierten el ejército con su insolencia, y que, por el derroche del dinero público, llevarían al pueblo a la esclavitud y al imperio a su disolución por el infortunio. Tantos males tienen su fuente en la corrupción de unos y en la ligereza de otros

Louis Antoine Léon de Saint-Just, La libertad pasó como una tormenta, El viejo topo, 2006

Con el incendio de la guardería en Sonora –la criminal muerte de 47 infantes, hasta el momento, y los que logren sobrevivir afectados lo que les reste de vida–, las afrentas cometidas por las elites corrompidas, encabezadas por Felipe Calderón, en contra de las mayorías, han alcanzado un grado de salvajismo inaudito que obliga a recordar las palabras de Maximilien Robespierre: “La guerra de la libertad contra la tiranía tendrá que pasar como una tormenta”. La tempestad, para escándalo y terror de los aristócratas y tiranos, como diría Robespierre, es la única salida que le dejan a la sociedad para desembarazarse del antiguo régimen, causante de su pobreza y degradación, administrado por los gobiernos neoliberales panistas y priistas, de Miguel de la Madrid a Calderón, para su propia e impune rapiña y la de los hombres de presa que se encumbraron o se reciclaron desde la década de 1980, bajo su complicidad y protección. Sólo de esa manera, en contra de ellos, podrá alcanzarse un sistema democrático pleno, participativo, no el remedo electorero actual, con justicia, sometido al imperio de las leyes y equidad.

En la supuesta “investigación” de las causas del desastre de la guardería, Eduardo Medina-Mora –que como “abogado” de la “república” ha actuado como protector de los principales responsables, los intelectuales– señaló que “la suma de esfuerzos y capacidades nos hará llegar a la verdad histórica de lo ocurrido, pues los procuradores sumamos capacidades en aras de la verdadera justicia” (La jornada, 12 de junio de 2009). ¿Alguien realmente puede esperar que la Procuraduría General de la República (PGR) aplique la “verdadera justicia”, cuando su titular dice inicialmente que se trató de un hecho “no intencional” y que si bien podrían configurarse delitos como lesiones y homicidio culposos, daño en propiedad ajena, ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de facultades, los eventuales responsables de esos ilícitos podrían alcanzar libertad bajo fianza porque no están tipificados como graves, pese al cúmulo de criminales irregularidades que ha caracterizado el funcionamiento de las guarderías subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las evidencias de actos de corrupción o tráfico de influencias?; ¿cuando, con su precipitada declaración, pareció querer exculpar y tranquilizar a la familia imperial encabezada por Calderón y la señora Margarita Zavala, que súbitamente se vio involucrada en el hecho “no intencional”, debido a que uno de los familiares de ella resultó ser copropietaria de la guardería incendiada, una de las generosamente beneficiadas con las políticas públicas que convirtieron en un jugoso negocio el hacinamiento de infantes, como si fueran granjas porcícolas?

¿Se le ocurrirá a la PGR fincar responsabilidades a los quemados, a los niños que sobreviven? ¿Se puede esperar una justicia imparcial cuando la PGR ha sido denunciada por su manejo faccioso de la “justicia”, por ejemplo, por los abogados de algunos de los afectados en el asalto contra el federalismo cometido en Michoacán, o de la aplicación facciosa con que se ha tratado a los detenidos de Atenco?; ¿cuando se es “incapaz” de encontrar a los guerrilleros desaparecidos o cumplir con el mandato de un juez que le requirió la presentación de los hermanos Germán y Genaro Larrea, dueños del Grupo México, porque simplemente no los encontró? ¿La sociedad y, en especial, los familiares de los niños afectados pueden confiar en sus “esfuerzos y capacidades”, cuando la tragedia no es más que una de las consecuencias del canallesco incumplimiento de las responsabilidades constitucionales del Estado, impulsado por los gobiernos neoliberales, del proceso de desmantelamiento al que han sometido al Estado, en particular a la seguridad social, para, con su privatización, convertir sus despojos en un botín de los hombres de presa en una fuente de enriquecimiento, adicionalmente financiado y amparado desde el poder?

¿La sociedad y los familiares de las víctimas pueden confiar y esperar justicia de quienes supuestamente se encargarán de aplicarla y son los responsables directos de la calamidad?

Las declaraciones oficiales han sido vejatorias, dignas de la revuelta social. Calderón califica insultantemente a las estancias infantiles como “excelentes” y no le cuestan “carretadas del dinero al gobierno”, reduce la responsabilidad del Estado del cuidado de los niños a una relación contable de costo-“beneficio”. Ernesto Cordero, titular de la Secretaría de “Desarrollo Social” (Sedesol), compara su calidad a la ofrecida por Canadá, Suecia o Dinamarca, naciones del más alto nivel de desarrollo humano (La Jornada, 11 de junio de 2009). Daniel Karam, director del IMSS, primero exalta su calidad de la guardería ABC y luego dice que operaba con graves anomalías. Sin embargo, algunos medios descubren sus injuriosas mentiras. Antes de sus declaraciones se denuncia que las 8 mil 315 estancias infantiles de la Sedesol, que “cuidan” 221 mil 277 niños, operan deficientemente, violando la normatividad oficial. Pero eso qué importa. El IMSS “ahorra” casi la mitad por niño si cumpliera con su constitucional responsabilidad. Gasta 2.5 mil pesos por cada uno, en lugar de 3.8 mil pesos (La Jornada, 10 de junio de 2009). Los “genios” financieros “ahorran” alrededor de 341 millones o más, porque los “creativos” funcionarios sólo anticipan 1 mil 656 pesos y el 35 por ciento restante “dependerá” si los impúberes asisten o no todos los días hábiles del mes, cosa que casi no ocurre. Pero los concesionarios son más ingeniosos, ya que reducen el costo (1 mil 627) al recortar la calidad de la atención.

En 2002, la Auditoría Superior de la Federación solicitó al IMSS que no otorgara más franquicias, pues en la revisión de sus cuentas de ese año, de 2003 y 2005, encontró varias irregularidades. Pese a ello, en el gobierno de Vicente Fox –y en el de Calderón– el IMSS no sólo continúo con el proceso, además, castigó la inversión en las guarderías bajo su responsabilidad, pese a que la cobertura de atención de las madres aseguradas apenas alcanza el 72 por ciento (130.8 mil de las 181.2 mil requeridas), se redujo 7.3 por ciento (La Jornada, 11 de junio de 2009).

Otra fuente revela las otras anomalías detectadas en las guarderías y estancias infantiles, sobresaliendo las concesionadas por la Sedesol, desde la violación de leyes y normatividad presupuestal, hasta los ilícitos cometidos por niñeras, médicos pediatras o cirujanos, jefes de departamento y directores de estancias infantiles. Las acusaciones llegaron a los diputados. ¿Qué hicieron éstos? Nada, pese al fracaso del esquema privatizador que ellos aprobaron (El Universal, 15 de junio de 2009). El objeto no es si funcionan o no, sino reducir la molesta carga que representan en las hojas de balance del Estado, crear nuevos negocios para los depredadores hombres de presa. Ésa es una expresión del desprecio que le merecen las familias trabajadoras. ¿Alguien se imagina a los hijos de Calderón, la elite política o de los empresarios en esas pocilgas?

Los hipócritas católicos y mercaderes “defensores de la vida” encontraron un nuevo filón para los hijos de los pobres y sectores medios. A los más pequeños los convierten en mercancías; a otros los queman. Otros más son entregados a los impunes pederastas de la Iglesia Católica o a las redes de pornografía. A 3.6 millones de entre cinco y 17 años los explotan como esclavos, según acusó Susana Sottoli, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el día mundial contra el trabajo infantil. El 70 por ciento no recibe un ingreso. La Secretaría del Trabajo señala que 219 mil niñas laboran en la industria manufacturera y 11.6 mil han sufrido algún accidente, lesión o enfermedad. De ellas, el 45 por ciento (87 mil 847) no recibe ingresos y el 22 por ciento (44 mil 281), hasta un salario mínimo. Miles trabajan gratis para las tiendas de autoservicios como Wal Mart. Al 45 por ciento de los trabajadores, los empresarios les recorta sus prestaciones sociales y muchos de ellos tienen que llevarlos a las estancias subastadas por el IMSS y la Sedesol.

La señora Margarita Zavala, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), lamentó que por las crisis económicas los menores sean obligados a trabajar, limitando su desarrollo físico y mental, que se “se les prive de su niñez, [que se les] dañe física y sicológicamente” (El Universal, 13 de junio de 2009). No tiene qué lamentarse ni extrañarse ante esa anomalía que hace lustros se volvió normalidad. Si desea saber la razón y perder su inocencia, no necesita ir lejos, sólo basta preguntarle a su consorte o a Javier Lozano, titular de la Secretaría del Trabajo, por qué se viola la Constitución, por qué lo permiten, ya que, supuestamente, son garantes de la legalidad. Si no la engañan, le dirán cínicamente que ellos son los responsables actuales. Que ellos lo promueven. Que es un método para reducir costos de producción de las empresas para mejorar su productividad, competitividad y rentabilidad.

Medina-Mora apela a una estrambótica “verdad histórica”. Desconozco el sentido de esa extraña expresión, pero la única “verdad histórica” es aquella que apunta acusadoramente hacia el gobierno, tal y como lo han hecho tres premios nobel de economía, de posiciones encontradas. Desde hace al menos siete años, Joseph Stiglitz, quien sabe de lo que habla, merced a los lugares donde prestó sus servicios, se ha dedicado a denunciar a los administradores “del capitalismo de amiguetes al estilo americano”, por fomentar, solapar, proteger y rescatar a los facinerosos que operan impunemente como “empresarios”, que financian partidos y compran elecciones (El País, 14 de febrero de 2002); esos operadores del “capitalismo de compadres” –como señalara el economista Gary Becker, uno de los padres putativos de los neoliberales, incluyendo los nuestros, que se enseñorea “en algunos países de América Latina”–, “algunas familias o sectores privilegiados consiguen favores o préstamos del gobierno. En el caso mexicano, lo vemos en el sector televisivo y de telecomunicaciones”, según Becker, pero la lista de la relación bastarda es robusta, llega hasta las guarderías subrogadas del IMSS. En la misma tesitura, Douglas North ha alertado sobre “el asalto de grupos de intereses que se supieron aprovechar del Estado en su propio beneficio” (La jornada, 15 de agosto de 2006).

Otros analistas, sin retruécanos, lo llaman sencillamente por su nombre: el capitalismo mafioso.

El incendio de la guardería, la muerte de los infantes y las crueles secuelas que marcarán de por vida a los que logren sobrevivir no es un simple accidente. Es una de las expresiones más brutales de la forma en que opera el llamado proyecto neoliberal de nación, en el cual la acumulación de capital descansa en el genocidio económico y social, la subversión de las leyes y la antidemocracia.

Es la consecuencia de las políticas públicas instrumentadas a partir de 1983, impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y aplicadas alegremente por los gobiernos neoliberales autóctonos y los empresarios. Desde ese año, impulsaron una doble estrategia para salvar las finanzas públicas, restaurar la acumulación capitalista y redistribuir el ingreso y la riqueza nacional desde los pobres y el Estado hacia lo que antes se conocía como burguesía. Para eliminar el déficit fiscal y casi lograr el balance cero, así como para tratar de controlar la inflación, entre 1983 y 2009 se ha recortado y castigado el gasto, sobre todo el de bienestar social, proceso reforzado por la reducción de impuestos y aumento de subsidios a las empresas y sectores de altos ingresos. Además, hay que sumar el costo de los rescates de las empresas. Ante los bajos ingresos del Estado, sólo queda recortar la cobertura y la calidad de los servicios públicos para salvar y enriquecer a los empresarios. La otra estrategia es la contrarreforma neoliberal estructural: el desmantelamiento del Estado, la reprivatización de empresas y sectores estratégicos, las concesiones de su oferta de bienes y servicios al empresariado: educación, salud, seguridad social, vivienda. Los de alta calidad son para las elites; los de pésima calidad para el resto, las mayorías. Eso se llama una deliberada exclusión y polarización social. Las pretensiones universales y constitucionales de la política social fueron abandonadas, destruidas, sustituidas por la llamada “técnica del goteo”, las medidas de “compensación”, de “selectividad y focalización” hacia los más pobres. Los demás que acepten los deteriorados servicios públicos, que paguen los privados o que revienten. Ése es el “Estado subsidiario”, el desahuciado “Estado mínimo” para las mayorías. Ello explica que, en sus pretensiones primermundistas, el gasto público social sea uno de los peores, incluyendo a América Latina. Cuba, con todo y sus problemas, le da una lección en materia social a nuestros neoliberales (véanse gráficas anexas).

Ésa es la contrarrevolución de los ricos contra los pobres. Como señala el politólogo Norbert Lechner, en su trabajo Estado y sociedad en una perspectiva democrática. La imposición de las políticas neoliberales sólo es posible con una alta dosis de autoritarismo.

Gasto público social como % del PIB, 2005-2006

Ése es el contexto general donde se inscribe la responsabilidad oficial de la crisis de la seguridad social en México. En el caso particular de los servicios del IMSS, el incendio es producto del castigo presupuestal del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; la reducción de cuotas al empresariado, la privatización de los fondos de pensión, la reflexionada subrogación de parte de sus servicios, incluyendo las guarderías; la desviación de recursos hacia los fraudulentos seguros “popular”, “médico para una nueva generación” o de “cobertura total”. La pérdida en la calidad, la cobertura, el desabastecimiento, el rezago en la infraestructura es responsabilidad de los neoliberales priistas y panistas.

No se necesita investigar demasiado para conocer a los culpables de los niños muertos y quemados. Los arquitectos de la tragedia se llaman De la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Fox y Calderón; también lo son sus operadores. El seguro de guarderías, que nace en 1973, empieza a ser desmantelado a principios de la década de 1980, al crearse el esquema “participativo” del IMSS. Es Genaro Borrego quien desde 1995 promueve el modelo “vecinal-comunitario”, el inicio formal del experimento privatizador. Es Santiago Levy quien impulsa el esquema foxista de subrogación desde 2002, la changarrización de las guarderías. Son Juan Molinar y Daniel Karam, Lía Limón y Ernesto Cordero. Como familiar y como presidenta del SNDIF, la señora Zavala también queda ensuciada. Son los panistas y priistas del Congreso que legitimaron las franquicias. Son Eduardo Bours, sus dos hermanos, primos, sobrinas, parientes políticos y allegados que se despacharon con la “cuchara grande”. Lo será Medina-Mora si esconde la cabeza como el avestruz.

La responsable de la desventura es la elite política-empresarial y su proyecto de nación, con sus redes de protección y corrupción que han construido.