Niegan amparo a cuatro de los propietarios de la guardería ABC

En 72 horas, el juzgado primero de distrito en Hermosillo deberá ordenar su detención

Niegan amparo a cuatro de los propietarios de la guardería ABC

Marcia Gómez del Campo, Antonio Salido, Alfonso Escalante y Sandra Lucía Téllez, los afectados

Protesta frente a la Ssa, en la ciudad de México, por la subrogación de guarderíasFoto José Carlo González

Enrique Méndez y Ulises Gutiérrez

Enviado y corresponsal

Hermosillo, Son., 2 de julio. El juzgado décimo de distrito en materia de amparo negó la suspensión definitiva que dejaría sin efecto las órdenes de aprehensión solicitadas en contra de cuatro de los cinco propietarios de la guardería ABC, cuyo incendio causó la muerte de 48 niños de menos de cuatro años de edad, y sólo falta que el juzgado primero de distrito, también con sede en esta ciudad, ordene su detención dentro del plazo de 72 horas con el que cuenta a partir de la notificación que le hizo la Procuraduría General de la República (PGR).

El acuerdo, publicado ayer en estrados, negó así el amparo a Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, prima de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo; a Antonio Salido Suárez, Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer y Sandra Lucía Téllez Nieves quienes, de acuerdo con la procuraduría del estado, deberán ser localizados por la PGR.

Con ello, se negó la solicitud de amparo bajo la causa 583/2009 a Gómez del Campo Tonella; la 585/2009 a Salido Suárez; la 586/2009 a Escalante Hoeffer, y la 587/2009, de Téllez Nieves, como consta en el expediente suscrito por la actuaria judicial Silvia Michelle Quintero Valenzuela.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el procurador del estado, Abel Murrieta Gutiérrez, se atribuyó el contenido de la averiguación previa con la cual la PGR consignó el miércoles a los cinco dueños de la guardería y a cuatro funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS) como probables responsables de homicidio culposo.

En realidad me queda muy claro que la actuación de la procuraduría del estado ha sido definitiva, dijo, pues refirió que la tarde del lunes el Ministerio Público Federal recibió el expediente y, un día y medio después, anunció la solicitud de órdenes de aprehensión.

Afirmó que él había adelantado que pronto se darían nuevas consignaciones por el incendio en la guardería, que ya ha causado la muerte de 48 niños, y que ello se debe en gran medida a las pruebas que aportó la procuraduría del estado. Ha sido fundamental, insistió.

Inclusive, convocó al presidente Felipe Calderón –quien el lunes aseguró que se sancionaría a los responsables tope donde tope– a que nos permita hacer el análisis del expediente y veríamos de dónde se aportaron las pruebas para lograr estos resultados.

Murrieta Gutiérrez aseguró que hasta el lunes, cuando su oficina turnó al Ministerio Público Federal el expediente del caso, el trabajo con la PGR era de coordinación total, por lo que la aprehensión de los dueños de la guardería y los cuatro funcionarios ya no depende de él, a menos que la procuraduría de Sonora, alegó, sepa dónde se encuentran para aprehenderlos y entregarlos.

Mientras, reunidos en el parque Emiliana de Zubeldía, frente a la Universidad de Sonora, padres de los niños muertos en el incendio del pasado 5 de junio consideraron que el anuncio de las órdenes de aprehensión hecho por el procurador Eduardo Medina Mora constituye un paso que debieron tomar hace tiempo. Insistieron en las versiones de que los presuntos responsables no se encuentran en Sonora e inclusive huyeron del país.

No los arraigaron a tiempo y el otro día escuché las declaraciones de Felipe Calderón; me gustaría creer que ese tipo de órdenes de aprehensión permitirá la detención de los dueños, si es que están en el país, afirmó José Francisco García, padre del niño Andrés Alonso.

Como no les dictaron ningún arraigo, ya pueden andar en Canadá o en Phoenix, donde se dice que huyeron. Pero qué se puede esperar, si lo que han hecho es tratar de ocultar y minimizar todo, como si lo que ocurrió hubiese sido como pasarse un semáforo, expresó.

Se trata, expuso, de un encubrimiento derivado del abuso de poder, del influyentismo y de librar a los amigos del gobernador Eduardo Bours. También me indignó su declaración de que nos daba un millón 400 mil pesos para que él se hiciera cargo de la investigación, cuando aquí él hace con la ley lo que le plazca. ¿Así educa él como padre a sus hijos? ¿Para él eso vale la vida de un niño? Para mí, mi hijo era un tesoro.