Candidaturas independientes

Miguel Angel Granados Chapa

Candidaturas independientes

11 enero 2010

ma@granadoschapa.com

El hartazgo por la permanencia de un solo partido en el poder produjo la alternancia partidista, iniciada con el triunfo de Acción Nacional en la lucha por la gubernatura de Baja California, en 1989; seguida por la victoria perredista en el Distrito Federal y la pérdida de la mayoría priísta en la cámara de diputados en 1997, y llegada a su culminación en 2000 con el triunfo de Vicente Fox para “echar al PRI de los Pinos”.

Ahora ese hartazgo se ha ampliado y comprende a todos los partidos. La insatisfacción respectiva se sostiene en innegables datos de la realidad y ha sido magnificada por una eficaz propaganda surgida de factores de poder contrarios a los partidos, que aspiran a sustituirlos sin atreverse a expresar ese propósito.

Tal inconformidad se concreta en la aspiración a contar con candidaturas independientes de los partidos, o candidaturas ciudadanas como también se les llama dentro de la estrategia de oponer a la sociedad con los partidos, como si a éstos no los integraran ciudadanos.

El anhelo es tan fuerte que dificulta percibir sus aspectos ilusorios, y por lo tanto en amplios círculos de la sociedad se le tiene como una panacea, como el instrumento idóneo para frustrar las trapacerías de los partidos, su egoísta afán de servirse sólo a si mismos..

A ese descontento se refirió el Presidente de la República al proponer que haya candidaturas independientes “para todos los cargos de elección popular”. Tal insatisfacción, según le parece, es causada por deficientes o sesgados “mecanismos de inclusión y representación puestos en práctica por los partidos políticos”.

Según el ritornelo con que adorna cada punto de su proyecto, Calderón aboga por ese género de candidaturas, a las que su partido se ha opuesto de modo sistemático —y que merecieron mordaces críticas en boca de dirigentes paradigmáticos como Carlos Castillo Peraza— para “ampliar los derechos de los ciudadanos”, para que su “participación…en la definición de los asuntos públicos sea una realidad”.

Asegura también que lo propone a fin de ampliar “los mecanismos para hacer efectiva la garantía constitucional de todos los ciudadanos a ser votados”.

No lo dijo en su discurso —quizá sea al contrario en la iniciativa correspondiente— pero en este último punto la propuesta se orienta a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó proceder de esa guisa al Estado mexicano, a raíz del litigio que planteó el ex canciller Jorge G. Castañeda, a quien no se concedió registro como candidato independiente a la Presidencia y acudió para remediar ese agravio a la justicia interamericana.

Lo hizo con éxito conceptual, no práctico, y por una deficiente defensa gubernamental, que pudo alegar que el derecho constitucional a ser votado no está afectado por restricción alguna y que simplemente requiere sea ejercido conforme a lo que estipulen las normas secundarias, como ocurre en todos los países.

A menos que se busquen sólo candidaturas testimoniales, la inclusión de las independientes en la legislación electoral no puede ser separada del financiamiento público.

Para que constituyan efectivamente alternativas frente a las postulaciones realizadas por los partidos, cuyas capacidades económicas no está previsto que esta reforma modifique, las candidaturas independientes deben contar con un régimen de financiamiento propio.

Es imposible pensar en que fuera público, porque no habría recursos suficientes para apoyar a los cientos o miles de aspirantes que entrarían a la liza electoral en pos de diputaciones, senadurías y la Presidencia de la República.

Si se les deja, en cambio, sujetos al financiamiento privado, la ilusión civil de contar con candidatos “independientes” quedaría por definición anulada, pues los ciudadanos que pretendieran esa condición quedarían sujetos al poder que los sostenga.

Estaríamos así frente al indeseable resultado de que el dinero privado, cualquiera que fuera su procedencia, determinara el curso de una elección.

Y surgirían o se agigantarían las posibilidades de que los recursos aplicados a un proceso de esta naturaleza tuvieran origen ilegal y se buscara lavarlos al mismo tiempo que conquistar una parcela de poder. Las candidaturas independientes serían las de los banqueros y la plutocracia en general, o de la delincuencia organizada.

En la situación menos grave las candidaturas independientes abrirían las puertas a la banalización de la política. Excéntricas o hábiles sobrarían personas pudientes que sufragarían sus propias campañas, por un protagonismo que requeriría explicación siquiátrica o para hacer propaganda a sus negocios.

Aunque no se consumó de modo formal, hemos conocido ya un caso de género semejante. Víctor González Torres, conocido por el mote del personaje que publicita sus farmacias, el Dr. Simi, gastó millones y anunciaba la erogación de otros muchos más para su propósito de ser postulado a la Presidencia de la República por Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

Si se elimina el obstáculo de contar con un registro partidario imaginemos su próxima campaña y temamos desde ahora el riesgo de que la publicidad que pagaría sea eficaz al grado de llevarlo al poder Ejecutivo. Cierto que ya nos entrenamos con una vivencia semejante durante el sexenio de Vicente Fox, pero estaríamos en situación de sustituir las frágiles instituciones que nos rigen por muros falsos, mamparas y botargas, que formen la escenografía de una república de opereta.— México, Distrito Federal.

karina_md2003@yahoo.com.mx