La indígena me’phaa aclara que sólo quiere vivir en paz con su hija y regresar a su pueblo
FRANCISCA MEZA ( )
Durante su comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) efectuada en San José, Costa Rica, la indígena me’phaa, Valentina Rosendo Cantú exigió al Estado mexicano que la dejen vivir en paz con su hija, ya que durante los años posteriores a la violación que sufrió a manos de soldados del Ejército mexicano, en 2002, ha vivido en un ambiente hostil.
Diferente a la audiencia efectuada sobre el caso de violación de Inés Fernández Ortega el pasado 15 de abril en Lima, Perú, esta vez se llevó a cabo a puerta cerrada, pues los jueces consideraron que cuando se trata de una declaración de víctima de violación sexual se deben de adoptar las medidas necesarias para que evitar o reducir al máximo el riesgo de una revictimización.
De acuerdo con la información emitida al término de la audiencia, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, informó que la representación del Estado mexicano reconoció que se violaron las garantías judiciales de Valentina al no proporcionar traductor, asesoramiento y atención psicológica como mujer indígena víctima de violencia y menor de edad.
En su participación, Rosendo Cantú exigió también al gobierno que reconozca que fueron militares quienes la torturaron y violaron sexualmente en 2002. Además, de que le garanticen que dejarán de perseguirla para que pueda vivir tranquila.
Según informó Tlachinollan, Valentina Rosendo fue enérgica al manifestar su preocupación por su seguridad y la de su familia, así como la de sus representantes legales, ya que temen represalias del Estado mexicano por las evidencias que han dado de la impunidad con la que actúa el Ejército.
“Han pasado ocho años y el gobierno no ha hecho nada, ocho años de no poder regresar a mi comunidad para poder estar tranquila, pido al gobierno, exijo al gobierno que reconozca que lo que estoy diciendo es la verdad”, expresó.
De acuerdo con Tlachinollan, con los testimonios expuestos del visitador General de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), Hipolito Lugo Cortes y la perita Roxana Arroyo Vargas quedó probada la responsabilidad del Estado mexicano por la violación sexual de Valentina Rosendo a cargo de militares.
Arroyo Vargas expuso la falta de acceso a la justicia que sufrió Valentina como mujer indígena víctima de violencia y de la discriminación que enfrentó en su búsqueda por hacer efectivo ese derecho.
Además, sugirió una serie de medidas que debe adoptar el Estado mexicano para una reparación adecuada a Valentina.
Por su parte, Lugo Cortes habló sobre la investigación que llevó a cabo ese organismo en el caso así como del acompañamiento realizado cuando ella presentó su denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común, en marzo de 2002.
Los representantes legales de Rosendo Cantú del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan evidenciaron ante la Coidh que el Estado mexicano violó el derecho de acceso efectivo a la salud, a la justicia, a la integridad personal y su derecho de vivir una vida libre de violencia.
Explicaron claramente a los jueces de la Corte su búsqueda de una atención médica adecuada y justicia, y cómo todas las autoridades le cerraron las puertas.
Asimismo, destacó las dificultades que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a los servicios de salud y más cuando han sido agredidas sexualmente.
Se informó que durante la audiencia los jueces externaron su preocupación sobre la queja en la que se explicó el poco avance de las investigaciones y exhortaron al Estado mexicano a brindar más datos que les permitan emitir una resolución objetiva.
La audiencia se llevó a cabo de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde; en la delegación de representantes legales de Valentina estuvieron presentes de parte de Tlachinollan: Vidulfo Rosales Sierra, Santiago Aguirre Espinosa, Mario Patrón Sánchez, Alejandra González Marín (del Área Jurídica) y Cristina Hardaga (del Área Internacional).
Del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) la abogada Gisela de León y de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la asesora Lilly Ching.
La delegación del Estado mexicano estuvo integrada por una decena de funcionarios de bajo perfil encabezados por Armando Vivanco Castellanos, director general adjunto de Casos, Democracia y Derechos Humanos de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y Rogelio Rodríguez Correa, subdirector de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
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