Pasta de Conchos: la desvergüenza

Pasta de Conchos: la desvergüenza

Arturo Rodríguez García

El rescate de los 33 mineros chilenos removió una herida abierta hace más de cuatro años: la del abandono de 65 trabajadores mexicanos de la mina Pasta de Conchos, víctimas de un accidente en febrero de 2006. Las cosas son distintas aquí. Las familias de los fallecidos y las organizaciones que las apoyan señalan el contubernio entre el gobierno y la empresa Minera México para obstaculizar el rescate, ocultar la información, falsear los informes y atacar jurídica y mediáticamente a los deudos. El trasfondo de esas actitudes, acusan, es político y económico.

SAN JUAN DE SABINAS, COAH., 16 de octubre (Proceso).- El ocultamiento de la información y la ausencia de equipos y planes de contingencia de la empresa Industrial Minera México (IMMSA) frustraron el posible rescate de los 65 mineros que murieron en Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006.

La hazaña de sacar con vida a los 33 mineros de Chile que estuvieron 69 días bajo tierra evidenció que en México “el gobierno intentó salvar a la empresa Grupo México –propietaria de IMMSA– pero no a los trabajadores”, afirma Carlos Rodríguez Rivera, investigador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y asesor de la organización La Familia de Pasta de Conchos, que agrupa a los deudos de los 65 fallecidos.

Rodríguez Rivera dice que el rescate en Chile fue más barato que lo que se gastó en Pasta de Conchos: el salvamento chileno costó 22 millones de dólares mientras que, afirma, Grupo México invirtió 30 millones de dólares en el rescate interrumpido, en las indemnizaciones y en la elaboración de informes falsos.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López (impulsor de la organización La Familia Pasta de Conchos) considera que a los mineros simplemente se les dejó morir. Rescatistas consultados por Proceso en 2006 atribuyeron el fracaso del rescate a las decisiones erróneas adoptadas por directivos de la empresa con base en consejos de asesores estadunidenses de dudosa confiabilidad.

El gobierno mexicano –que ya cerró la averiguación previa, devolvió la mina a los patrones para que la echen a andar y dio pensiones por debajo de la ley a las viudas– enfrentará el próximo mes dos procesos impulsados por los deudos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1772 de la revista Proceso, ya en circulación.

Fuente: Proceso

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