Las agresiones motivaron que incluso el Alto Comisionado de la ONU visitara la entidad
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 29 de diciembre. Los defensores y defensoras de derechos humanos vivieron un 2010 lleno de agresiones, criminalización, amenazas, hostigamiento y desapariciones, violaciones que se acentuaron en los últimos meses del año.
Sin embargo también tuvieron un poco de esperanza, al dejar en libertad a Raúl Hernández Abundio, integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM); considerado como preso de conciencia por Amnistía Internacional, así como por las resoluciones que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que declaró culpable al Estado mexicano por las violaciones sexuales contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega a manos de militares y por la reciente resolución a favor de los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
Contrario a lo que se pensaba, el 2010 fue un año donde se acentuaron las violaciones contra los defensores de derechos humanos, pues a pesar de que 107 defensores contaban con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los activistas sufrieron desapariciones, encarcelamientos, amenazas y hostigamiento como represión a su lucha por hacer valer los derechos.
Tal fueron las agresiones que vivieron que visitaron el estado los relatores de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, quienes constataron los actos de intimidación y criminalización en la que viven los defensores y defensoras, sobre todo de la región de la Costa Chica de Guerrero.
Tan sólo al inicio del año, en marzo, la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel recibió anónimos donde la amenazaban de muerte si continuaba con la defensa de las indígenas violadas, caso que se fue hasta la Coidh.
Posteriormente en ese mismo mes, a la hermana de Obtilia, Andrea Eugenio también la amenazaron de muerte.
La activista detalló que el 17 de marzo, como a las 4:30 de la tarde, luego de efectuar gestiones ante el Centro de Desarrollo Sustentable, se le acercó un hombre que le tomó fotografías y al ser cuestionado por la acción, le dijo: “te va a llevar la chingada ahorita”.
Un día antes, integrantes de Tlachinollan fueron víctimas de acoso de un hombre que estuvo parado, al menos durante dos, horas afuera de sus oficinas en Tlapa, y tomó fotografías del lugar y de las personas que salían a la hora de la comida.
De igual forma, en agosto, el coordinador Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Álvaro Ramírez Concepción, fue agredido con armas de fuego por ocho hombres que llegaron a la parcela de Jorge Luis García Catarino, quien es beneficiario de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
El ataque duró 20 minutos donde resultaron lesionados Gaudencio Ramírez Concepción, hermano de Álvaro, así como García Catarino y Ramón García Guadalupe.
El dirigente y los otros heridos fueron hospitalizados.
Dicha situación de indefensión ante la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos atrajo la mirada de varias organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas, la de los Relatores en materia de Libertad de Expresión tanto de la ONU como de la OEA por primera vez viajaron a Guerrero para documentar todas esas agresiones.
Sin embargo el panorama se ve un poco alentador, pues la lucha de las organizaciones a finales de agosto, y tras haber estado dos años y cuatro meses encerrado en la cárcel acusado de un asesinato de un informante del Ejército, salió libre por no haberle encontrado pruebas para declararlo culpable.
De igual forma, las audiencias ante la Coidh donde se denunciaron las agresiones sexuales que sufrieron por parte de militares las indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en 2002, fueron favorables para las organizaciones, pues la Corte resolvió que el Estado Mexicano era culpable por dichas agresiones y los obligó a reparar el daño para ambas indígenas, así como el reformar el código militar.
Aún con esos logros, el panorama se torna un tanto complicado para los defensores y defensoras de los derechos humanos, mientras el Estado siga permitiendo que los abusos y agresiones por parte de militares sigan investigándose en el Fuero Militar y las autoridades sigan reprimiendo la lucha de los activistas, bajo el argumento de que son parte de una célula del crimen organizado.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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